Al Shabaab se mantiene como uno de los grupos terroristas más activos del mundo

Somalia, territorio sin tregua

AFP/ABDIRAZAK HUSSEIN FARAH - Soldados somalíes junto al escenario de un ataque con coche bomba en Mogadiscio el 28 de diciembre de 2019

Somalia es, después de Sudán del Sur, el país más violento de África y el sexto del mundo, de acuerdo al Global Peace Index de 2019. Y, teniendo en cuenta que Sudán del Sur está inmerso en un proceso de paz desde hace un año, y que en Somalia no hay visos de mejora sustancial de la situación a corto plazo, es muy posible que el estado del cuerno de África desbanque al joven Sudán del Sur de esta ignominiosa primera posición continental. Aunque el ataque de este pasado fin de semana, con cerca de un centenar de víctimas mortales, ha sido uno de los más mortíferos de los últimos años, el país se mantiene anclado en una espiral de violencia de difícil contención desde el repunte de ésta que tuvo lugar entre 2013 y 2014. Una violencia que viene tradicionalmente de la mano de Al-Shabaab, grupo terrorista afín a Al Qaeda cuya actividad se centra en las regiones en torno a la capital somalí, Mogadiscio. El problema de Somalia sin embargo, no es exclusivamente la violencia, ésta es solo una consecuencia más de un problema de mayor profundidad: la desintegración política que sufre el país desde hace décadas y que lo convierte en el ejemplo perfecto de lo que supone un estado fallido. 

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La fractura política y la ausencia absoluta de la presencia gubernativa del estado central a lo largo del territorio dificultan, incluso, el establecimiento de una división regional realista más allá de la teórica división administrativa actual. Esta división administrativa en dieciocho regiones, incluye por ejemplo a Somalilandia – que englobaría cinco de esas regiones administrativas –, que practica de forma oficiosa su independencia desde principio de la década de los noventa, pero cuya soberanía no ha sido reconocida por ningún estado. La división administrativa engloba también la región de Puntlandia, que hizo lo propio respecto a su autonomía autoproclamándose como una región autónoma a finales de la misma década que Somalilandia. Ambos tienen, incluso, sus propias disputas territoriales en las zonas limítrofes. Las dos son, no obstante, un reflejo más de cómo los clanes y los señores de la guerra son los que verdaderamente ejercen el poder político. La situación no es muy diferente en el resto de Somalia. El control del gobierno somalí apenas trasciende de la capital, Mogadiscio y un par de grandes urbes, como Baidoa o Kismayo, estando el resto en disputa o directamente en manos de Al Shabaab.

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El control de estas grandes ciudades ejercido por el gobierno federal presidido desde 2017 por Mohamed Abdullahi Farmaajo es posible gracias al apoyo de la AMISOM. Esta misión de la Unión Africana, se mantiene activa en Somalia desde 2007, cuando sustituyó a la IGASOM, presente en el país desde dos años antes, cuando el avance de la Unión de Cortes Islámicas amenazaba ya la capital somalí. La IGASOM, junto a la fuerte intervención etíope en favor del gobierno de transición, expulsaron a la UCI de Mogasdiscio y se creó el contexto necesario para que se diera pie a la implantación de la AMISOM. Ésta se despliega desde entonces en torno a seis sectores repartidos por la zona central y sur de Somalia. Está formada por alrededor de 20.000 efectivos de países vecinos: Uganda, Kenia, Etiopía, Burundi y menor medida, Djibouti. Su objetivo principal es el de apoyar el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad somalíes en su lucha contra el terrorismo yihadista que representa la rama de Al Qaeda en el país. Sin embargo, a día de hoy, el control territorial de la zona central y sur de Somalia, que incluye Jubaland, la región del Sudoeste, Hirshabelle y Galdamug, se presenta como una quimera.

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Aunque el Estado Islámico tiene algo de presencia en la zona nordeste del país, en la región de Puntlandia, el principal grupo terrorista es Al Shabaab, afiliado desde 2012 a Al Qaeda. Este grupo, que surge en 2006 en el seno de la Unión de Cortes Islámicas, se erige con principal actor armado tras la desaparición de éstas en 2007. Al Shabaab toma el relevo de las UCI en la lucha contra el gobierno federal, heredando a su vez el territorio que éstas controlaban. El grupo está liderado por Ahmed Umar, también conocido como Abu Ubaidah, tras la muerte del anterior líder en un ataque con drones por parte de Estados Unidos. Aunque la presencia del grupo es en exclusividad en territorio somalí, Al Shabab ha cometido varios atentados de gran repercusión en el entorno regional, principalmente en aquellos países cuyas tropas están presentes en Somalia. Así fue el caso de la muerte de 74 personas en Kampala (Uganda) en 2010 o los sufridos por Kenia, en los que murieron 67 personas en Nairobi en 2013 y 148 en Garissa en 2015. De vuelta a la propia Somalia, aunque su dominio se ha ido lentamente reduciendo con importantes pérdidas territoriales – como es el caso de las ciudades de Kismayo y Barawe –, la mortandad de sus ataques se ha vuelto a poner de manifiesto este fin de semana. Ya en 2017 Mogadiscio sufrió un ataque devastador en el que murieron casi 600 personas, convirtiéndose en el segundo ataque terrorista más mortífero tras el 11 de septiembre. Según ACLED, a mediados de 2017, más del 30% de las víctimas mortales de la violencia en Somalia desde 2010 han sido causadas por Al Shabaab. Ese porcentaje supone una cifra de más de 18.000 víctimas hasta hace un año y medio, lo que convierte a este grupo terrorista en uno de los más activos del mundo.

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Al ataque con coche bomba de este fin de semana, se le debe sumar otros dos coches bomba a finales de nombre y un ataque armado a principios de diciembre. En esa ocasión, el objetivo fue un hotel de la capital somalí que se saldó con una decena de muertos tras siete horas de enfrentamiento entre los terroristas y las fuerzas somalíes. La elevada mortandad de este último ataque refleja únicamente una mayor efectividad de sus ataques, algo que no había sucedido en otros ataques más recientes como los mencionados anteriormente. Sin embargo, la actividad de Al Shabaab se mantiene constante en una región azotada además por una tremenda crisis climática que acentúa la pobreza y agrava la situación política. El gobierno federal debe lidiar también con la intención de la Unión Africana de reducir el número de efectivos de la AMISOM, algo que ya comenzó en 2017 y que pospuso finalmente para el próximo año ante la posibilidad de colapso del gobierno somalí. Las reacciones ante el atentado, como la acaecida en las últimas horas en la que han muerto varios dirigentes del grupo terrorista en un ataque con drones, son simples arañazos a una organización terrorista con una gran implantación sobre el terreno somalí y que cuenta con una importante capacidad de atentar en un país tremendamente inestable. El gobierno somalí, la AMISOM y terceros países presentes en la región, deberán afrontar de forma conjunta su respuesta ante este elemento desestabilizador, más allá de operaciones quirúrgicas contra figuras de peso. 

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