Sudán adopta un régimen económico regulado por el Banco Central
Desde el golpe de Estado que derrocó al dictador Omar al-Bashir en abril de 2019 tras meses de manifestaciones,la economía de Sudán se ha hundido en una grave crisis, heredada del antiguo régimen y que amenaza la paz social y el frágil proceso de transición democrática, pilotada por una junta cívico-militar.
Varios ejes principales del este de la capital y en Ummdurman, ciudad ubicada al este del Nilo, fueron bloqueados por los manifestantes utilizando para ello piedras, troncos de árboles, restos de coches viejos y neumáticos en llamas, según informó la AFP. La policía, por su parte, empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, señaló el corresponsal de la agencia de noticias.
Sudán adoptó el domingo un régimen de tipo de cambio flotante gestionado, es decir, regulado por las autoridades monetarias, para satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el riesgo de provocar una subida de precios y alimentar el descontento popular.
Esta medida forma parte de una serie de reformas lanzadas por Jartum para atraer la inversión extranjera, pero también para aliviar su aplastante deuda y facilitar el acceso a préstamos de instituciones internacionales como el FMI para apoyar al país en su delicada transición política.
La situación económica es dramática, la deuda ha escalado hasta los 49,3 mil millones de euros y la inflación alcanzó el 269% en diciembre del año pasado. La pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino empeorarlo todo.
La escasez es la norma, da igual que tipo de producto sea, y el racionamiento es la tónica diaria de los sudaneses, que tienen que hacer colas de varias horas frente a estaciones de servicio, panaderías y farmacias para cubrir sus necesidades básicas. Los cortes de energía son también frecuentes.
El gobierno de transición aprobó la semana pasada el primer presupuesto del país desde su salida de la lista negra de Estados Unidos de países que apoyan el terrorismo en la que figuraba desde 1993, y esperan suponga una mejora en la situación económica. El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, firmó la rescisión el pasado 14 de diciembre. La inscripción en la lista negra impedía a los países extranjeros e instituciones internacionales comercial e invertir en Sudán, bajo pena de sanciones.
"El gobierno de transición ha decidido adoptar un conjunto de políticas destinadas a reformar y armonizar el régimen cambiario mediante un tipo de cambio de flotación administrada", dijo el Banco Central en un comunicado.
El tipo de cambio oficial se determina ahora por la oferta y la demanda, pero la institución monetaria mantiene un papel regulador.
En el mercado negro, el dólar se cotizaba a más de 400 libras sudanesas, mientras que el tipo de cambio oficial -y anteriormente fijo- era de 55 libras por dólar.
Pero la adopción de un tipo de cambio flotante podría reducir drásticamente el valor de la libra sudanesa frente al dólar y, por tanto, hacer subir los precios, con el riesgo de alimentar aún más el descontento popular en este país de 40 millones de habitantes.
En las últimas semanas se han producido manifestaciones contra el alto coste de la vida en Sudán, donde la tasa de inflación anual superó el 300% en enero, a veces con enfrentamientos.
En 2018, fue la triplicación del precio del pan lo que desencadenó el levantamiento popular que provocó la caída de Bashir.
El Banco Central también anunció restricciones a los movimientos de divisas, como la prohibición de salir al extranjero con más de 1.000 dólares en efectivo. En cuanto al acceso a la financiación e inversión internacional, a principios de enero Jartum firmó con Washington un memorándum de entendimiento para pagar la deuda con el Banco Mundial, presidido actualmente por el estadounidense David Malpass.
La semana pasada, Jartum eligió un nuevo gobierno, una de cuyas prioridades es la recuperación de una economía agotada y debilitada por la pandemia.
