Sudán elimina los últimos restos de la era Al-Bashir

El Tribunal de Apelaciones Administrativas de Jartum ha decretado la disolución del Partido del Congreso Nacional (NCP, por sus siglas en inglés), sucesor del Frente Islámico Nacional (NIF, por sus siglas en inglés), afiliado a la organización de la Hermandad Musulmana. Fundado oficialmente por el expresidente Omar al-Bashir en 1998, gobernó el país desde entonces y hasta el golpe de Estado que le derrocó el 11 de abril de este año, si bien es cierto que el germen de la formación política ya ayudó una década antes, en 1989, al golpe de Estado que acabó con el Gobierno democráticamente electo de Sadiq al-Mahdi y que puso a Al-Bashir al frente del país.

La Corte ha adoptado esta decisión después de que la coalición opositora civil Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF, por sus siglas en inglés) remitiese un proyecto de ley en el que se contemplaba esta medida a la autoridad legislativa -formada por el Consejo Soberano encabezado por Abdel Fattah al-Burhan y su gabinete-, según ha informado Ashrarq Al-Awsar. La sociedad civil también ha exigido la disolución del NCP en las manifestaciones que tuvieron lugar a finales de octubre y que llenaron las arterias de las principales ciudades del país: Jartum, Omdurman, Madani, Al-Obeid, Port Sudan y Zalinge.

Del mismo modo, ya en el mes de enero el Ministerio de Corrupción del país presentó una reclamación contra el NCP, tras hacerse públicas unas declaraciones del exparlamentario afín a Al-Bashir en las que revelaba que el régimen tenía “batallones y grupos dispuestos a defenderlo con dinero y por cuenta propia”, en el marco de las incipientes manifestaciones antigubernamentales que buscaban el desalojo del exmandatario del poder, después de haberlo ostentado durante treinta años ininterrumpidos.

Ante este escenario, el juez ha invocado el artículo 14 de la Ley de Partidos Sudaneses, que estipula “la prohibición a cualquier partido político de poseer milicias y formaciones paramilitares”. En este sentido, y como explica el analista T.A. Ali en Sudan Tribune, “el régimen islamista desaparecido, para asegurar la lealtad del aparato de seguridad, había ideologizado, adoctrinado, tribalizado y privatizado significativamente todo el sistema de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS), la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), la Fuerza de Seguridad del Pueblo (PSF), la Policía y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)”.

Junto con la disolución del NCP, este martes el diario local Al-Intibaha ha revelado que el fiscal del país Ahmed al-Nur al-Hala ha emitido órdenes de detención contra los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado del 30 de junio de 1989, que conformaban el denominado Consejo de Comando de Rescate. En la lista de la Fiscalía figuran nombres como Ali al-Hajj, Ibrahim al-Sanusi, Ali Osman Mohamed Taha, Nafie Ali Nafie o Awad Ahmed Al-Jaz Al. Uno de sus miembros más prominentes, Youssef Abdel Fattah, ya ha sido detenido este lunes. Cabe recordar, en este punto, que estos casos ya se habían archivado sin esclarecer responsabilidades.

Estas acciones de la Justicia se enmarca en la nueva línea de actuación que han adoptado los órganos gobernantes de Sudán, que, además del Consejo Soberano, incluyen al equipo ejecutivo liderado por el primer ministro Abdalla Hamdok. El pasado 29 de octubre, se formó un comité tripartido compuesto por dichos dos cuerpos y una delegación de las DFCF, con el objetivo de “coordinar entre los diferentes niveles de gobierno y el liderazgo político del estado”. El Comité, formado específicamente por cuatro miembros de cada una de las tres partes, persigue dos objetivos fundamentales: por un lado, conceptualizar los problemas de paz en el país y, por otro lado, desmantelar el régimen de Bashir y poner fin al control islamista sobre las instituciones estatales. Por ello, el fallo de la justicia, por el que la nación africana habría eliminado los últimos resquicios de índole político de la era Al-Bashir, supone un avance significativo para lograr esta misión. 

Cabe recordar, en este punto, que el NCP ha sido definido por Global Security como “una oligarquía frenética obsesionada con una sola cosa: su dominio del poder en Sudán, como entidad política, como clase social y como individuos en rivalidad entre ellos”. En la gobernanza del país durante más de dos décadas, la formación siempre ha estado “bastante dispuesta y es capaz de envolverse en un manto islamista, ofuscarse y volver al asesinato en masa si esos pasos abordan mejor sus intereses centrales”, que no son otros que los del partido y el régimen. 

Esto quedó ilustrado en cómo las fuerzas gubernamentales gestionaron las manifestaciones que estallaron en el pasado mes de abril y que desembocaron en el golpe de Estado. Estos efectivos cargaron contra las personas que se congregaban de forma pacífica con gases lacrimógenos, con balas de goma e, incluso, con munición real, dejando decenas de víctimas mortales y heridos. Fue el propio Ejército del país el que tuvo que proteger a los manifestantes abriéndoles las puertas del cuartel general de Jartum, la capital, de la emboscada protagonizada por las milicias y fuerzas paramilitares leales a Al-Bashir.

De acuerdo con la investigación de Global Security, el régimen siempre ha necesitado “confiar en las negociaciones [con otros grupos y facciones políticas]” porque no ha sido lo suficientemente poderoso como para hacer cumplir su voluntad en todos los niveles”, pero sí ha sido “lo suficientemente fuerte como para mantener el poder político y económico en el centro”. Esta resiliencia le permitió sostener un férreo control del país, pero también fue la causa de que el período de transición hacia el gobierno civil, lo que finalmente se consiguió en el mes de agosto, fuese tan violento y sangriento.

A pesar de que la disolución del NCP constituye un avance en la buena dirección, el analista T.A. Ali advierte de que todavía existe la posibilidad de que “las fuerzas contrarrevolucionarias avancen y la amenaza se vuelva inminente”. El experto recuerda, en este sentido, que la corriente islamista en el país ha impregnado todas las capas de la sociedad, desde el nivel político hasta el religioso y el cultural. Por ello, para contrarrestar este riesgo que afecta a la seguridad nacional -además, en un momento en el que la Hermandad Musulmana está luchando por volver a ser relevante en la región- se necesita “movilización pública y apoyo internacional”, explica el analista.

Todo debe ser encaminado, a su vez, a afianzar la transición, cuyo siguiente paso es la formación del Consejo Legislativo, que contará con, como máximo, 300 diputados. “Es hora de que Sudán extraiga lecciones tan importantes que ayuden a romper este círculo vicioso diabólico de la revolución: golpes militares, levantamiento popular, arreglos de transición inestables, gobierno civil débil, golpes militares y luego la revolución nuevamente”, concluye T.A. Ali.