El Gobierno de transición de Sudán ha accedido a enviar a La Haya al expresidente Omar Hasan al-Bashir, acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra

Sudán entrega a Al-Bashir a la Corte Penal Internacional

REUTERS/MOHAMEND NURELDIN ABDALLAH - El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, durante un juicio en su país

El Gobierno de Sudán ha acordado este martes llevar a la Corte Penal Internacional al presidente Omar Hasan al-Bashir, derrocado el pasado mes de abril y sobre el que pesan dos órdenes de arresto internacionales por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Hemos acordado entregar a todos contra los que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención, no podemos realizar la Justicia sin curar todas las heridas con la Justicia misma”, dijo a la prensa en Yuba el miembro del Consejo Soberano de Sudán Mohamed Hassan al Taish.

Un golpe militar llevó a Al-Bashir a liderar Sudán en 1989 y un golpe militar lo derrocó el pasado año.  En un anuncio público en la televisión sudanesa, el ministro de Defensa del país, Awad Ibn Ouf, confirmó la destitución de al Bachir, quien fue arrestado tras casi tres décadas gobernando con mano de hierro. En mayo, la junta militar y la oposición acordaron un periodo de transición de tres años. 

Los cargos que pesan sobre Omar al-Bashir según la CPI son: genocidio, por matar a miembros de las etnias fur, masalit y zaghawa, causar a estos grupos lesiones y problemas mentales graves e infligir condiciones de vida que provocaron la destrucción física de estos grupos. Crímenes contra la humanidad por el asesinato, exterminio, transferencia forzada, violación y tortura. Y crímenes de guerra por ataques a civiles en Darfur, saqueos de pueblos y aldeas.

Manifestaciones masivas contra Al-Bashir. Los sudaneses llevaban meses pidiendo su entrega a la CPI

Aunque Sudán no firmó el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional tomó cartas en el asunto en 2005 por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en 2009 y 2010 emitió dos órdenes de arresto internacional en su contra, sin embargo, Al-Bashir negó todos los cargos. Según Naciones Unidas, en 16 años de conflicto, que comenzó en 2003 tras el levantamiento en armas de dos grupos rebeldes en Darfur, ha causado 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados.

Según recoge la agencia de noticias Reuters, uno de los abogados de Al-Bashir dijo que el exdirigente sudanés continuará negándose a tratar con la CPI, ya que se trata de un “tribunal político”.

Los generales, que ahora gobiernan Sudán, se mostraron en un principio reticentes a transferir a Al-Bashir a la CPI, pero finalmente el exlíder sudanés se sentará en el banquillo de la Haya. El exgobernante, de 76 años se enfrenta, con los cargos que se le acusan se puede llegar a enfrentar a la pena más alta que la CPI puede imponer: 40 años. La delegación sudanesa que negocia con los rebeldes en Darfur ha realizado una concesión clave a las víctimas del conflicto de Darfur al acordar que todos los buscados por la CPI deber ser transferidos al tribunal de La Haya para ser juzgados.

El gobierno de Al-Bashir también se ha visto afectado por acusaciones de corrupción: Sudán ocupa el puesto 172 entre 180 países, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2018 que elabora Transparencia Internacional. En este informe se aseguraba que “el jefe de Estado y gobierno sudanés ha malversado hasta 9.000 millones de dólares de los ingresos petroleros”.

El pasado mes de diciembre, el expresidente fue condenado por delitos de corrupción a dos años de detención. Según la ley sudanesa, las personas mayores de 70 años no pueden cumplir penas de prisión, por eso cumple condena en un centro de rehabilitación. Además, fue condenado por posesión ilegal de divisas y otros activos. El juez ordenó la confiscación de casi siete millones de euros, entre dólares y libras sudanesas, encontrados en la residencia del mandatario.
 

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