Sudán se enfrenta a nuevos descubrimientos macabros de la era Al-Bashir
El descubrimiento de una fosa común al sureste de la capital, Jartum, donde estaban enterrados docenas de cuerpos desde 1998, ha reabierto los vestigios de la era de Omar al-Bashir en Sudán. Según ha informado la Fiscalía del país, los cadáveres pertenecerían a estudiantes que trataron de huir del servicio militar en dicho año, al denegárseles un permiso para visitar a sus familias por una festividad musulmana, Eid al-Adha. El comité encargado de investigar los asesinatos en el campamento militar de El-Eifalun, de acuerdo con Middle East Eye, ha anunciado que la tumba ya ha sido exhumada y que ahora ha comenzado la investigación, que espera poder arrojar algo de luz sobre este suceso tan macabro. Hasta el momento, y basándose en testimonios de testigos, el comité sostiene que los reclutas trataron de huir del campamento en un bote a través del río Nilo Azul, donde algunos se ahogaron, mientras que otros murieron por disparos de los militares que les perseguían en la huida. Todavía se desconoce la cifra exacta de cuerpos encontrados, aunque los informes policiales de entonces recogían 52 muertes, si bien el comité asevera que “el número real de muertos es más alto de lo reportado”, puesto que los medios locales informaron entonces de que habían desaparecido, al menos, 206 reclutas.
Las instalaciones de El-Eifalun eran utilizadas por el Gobierno del expresidente Al-Bashir para entrenar reclutas que luego eran enviados a luchar contra el Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) en el sur. El exmandatario, que fue desalojado del poder en abril de 2019, generalizó el servicio militar obligatorio durante la guerra civil, que terminó con un acuerdo de paz en el año 2005 y posteriormente con la secesión de Sudán del Sur en el año 2011. “Los comandantes e instructores de reclutas a menudo eran miembros del Gobierno de Bashir y grupos aliados que, con frecuencia, enmarcaban el conflicto contra el SPLA, desde el sur principalmente cristiano, como una guerra santa”, explican desde dicha publicación. Por eso se cree que los presuntos asesinos de los estudiantes encontrados en la fosa eran miembros de la órbita de Al-Bashir y, además, habrían escapado del país, según ha informado la Fiscalía sudanesa.
El fiscal general de Sudán, Taj al Sir al Hibr, anunció también este lunes que se están investigando otros asuntos relacionados con la era Al-Bashir. Por un lado, el golpe militar respaldado por los islamistas que tuvo lugar en 1989 y que llevó al exmandatario al poder; y, por otro lado, sobre casos de corrupción y violencia contra los manifestantes que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre de 2018, según recoge The National. Durante la sublevación, que se extendió hasta bien entrado 2019, 246 personas murieron y cientos más resultaron heridos, de acuerdo con el Comité Central de Médicos. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos y las formaciones opositoras responsabilizan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) -una milicia paramilitar entonces al servicio de Al-Bashir- de esta oleada de violencia.
Sobre la investigación que rodea a la figura del exmandatario, Al-Hibr ha reconocido que existen “obstáculos legales y soberanos” que impiden su entrega a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Este tribunal le acusa de haber cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio durante el conflicto de Darfur (2003-2008), el cual dejó un balance de 300.000 muertos. Su extradición está pendiente desde hace una década.
El fiscal general ha asegurado que la mayoría de los líderes acusados por la CPI de estar involucrados en esta contienda están detenidos, pero que “lleva tiempo tomar decisiones en esta materia”. El poder judicial de Sudán estaría ahora reculando, por motivos que se desconocen de forma oficial, puesto que, en febrero, el Ejecutivo de Abdalla Hamdok aseguró que tanto Al-Bashir como el resto de cabecillas reclamados por el tribunal internacional serían entregados. Cabe mencionar, en este punto, que una de las razones podría ser que la Fiscalía del país anunció en diciembre la apertura de una investigación sobre los crímenes de Darfur, y esto impide que la causa sea admitida por la CPI, puesto que según el artículo 17 del Estatuto de Roma, un asunto será inadmisible por el tribunal cuando “sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”.
A nivel interno, el expresidente ha pasado por varios procesos judiciales relativos a diferentes delitos, entre ellos, blanqueo de capitales por una suma que recibió del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman. El pasado mes de diciembre, fue condenado a dos años de prisión por corrupción, una pena que está cumpliendo en la cárcel de Kober, en Jartúm.
Estas declaraciones de la Fiscalía coinciden en el tiempo con el inicio del juicio en la CPI contra Ali Kushayb, antiguo líder de las milicias Janjaweed, acusado de más de 50 delitos recogidos en la definición de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en el marco del conflicto de Darfur, como asesinatos, violaciones y saqueos.
El exdirigente insurgente fue extraditado a La Haya la semana pasada, 13 años después de que se emitiera una orden de arresto contra él. En su primera comparecencia ante el tribunal de este lunes, se declaró inocente de los cargos que se le imputan.
