Sudán niega la presencia de mercenarios rusos del Grupo Wagner en su territorio

En un escenario internacional cada vez más tenso y polarizado por la invasión rusa de Ucrania, Moscú no cesa en su empeño de ganar influencia y aliarse con las potencias que, hasta el momento, no se han posicionado en su contra. En este sentido, Sudán ha dejado de manifiesto un claro cambio de rumbo en sus futuras relaciones exteriores: Jartum va a caminar hacia un mayor acercamiento con el Kremlin.

Hace tan solo unos días, los embajadores de Reino Unidos y Noruega en Sudán, así como la encargada de negocios de los Estados Unidos en el país, firmaban un comunicado que acusaba a Rusia de estar implicada en el tráfico ilegal de oro sudanés. Una de las mayores fuentes de divisas para Jartum, que perdió tres cuartas partes de sus ingresos petroleros, y casi el 80% de sus recursos de divisas tras la secesión de Sudán del Sur en el año 2011. 

“En Sudán, el Grupo Wagner, una compañía militar privada vinculada de forma estrecha a Putin, difunde desinformación en redes sociales y participa en actividades ilegales vinculadas con la minería de oro”, recogía parte del contenido del comunicado la agencia de noticias Europa Press. Además, las potencias firmantes han advertido de que estas actividades “socavan la buena gobernanza y el respeto del Estado de Derecho por el que el pueblo sudanés lucha desde la revolución [de 2019]”.

“Si bien la guerra de Putin puede estar a 5.000 kilómetros, Rusia no sólo está atacando a Ucrania. Sus fuerzas socavan la estabilidad en todo el mundo”, agregaba el comunicado. “También está atacando los principios de la Carta de Naciones Unidas, las normas por las que las sociedades pueden coexistir en paz, y esto debería preocupar a todos los países- Particularmente en África”. 

El Grupo Wagner opera en el territorio a través de las empresas tapadera “M-Invest” y “Meroe Gold”, y según varios medios sudaneses el grupo de mercenarios habría entrenado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en la región de Darfur –bajo denuncia por haber cometido crímenes de guerra –, y al personal militar del Ejército sudanés. Además, investigaciones de la CNN han sacado a la luz los planes elaborados por “M-Invest” para desacreditar y reprimir violentamente las revueltas del año 2019, lo que respaldaba al entonces presidente, Omar al-Bashir.

Ante el comunicado, el Gobierno de Jatum no tardó en responder arremetiendo de manera directa contra los embajadores de los tres países occidentales, a los que ha acusado de conformar una “troika occidental”. 

“El Gobierno sudanés niega categóricamente” las afirmaciones de los tres diplomáticos “sobre la presencia de la empresa de seguridad rusa Wagner en Sudán realizando tareas de entrenamiento, de minería y otros actos contra la soberanía”, hizo púbico el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jartum a través de un comunicado –tal como recogía el medio Swissinfo. En esta línea, ha calificado la acción de Washington, Oslo y Londres como “una flagrante interferencia en los asuntos internos de Sudán y en contradicción con las normas y prácticas diplomáticas establecidas”, y ha criticado su intento de “involucrarla en el conflicto en curso en Ucrania de manera deliberada y arbitraria”.

Mohamed Al-Nayer, analista económico, ha explicado para el diario Al-Arab que estas acusaciones de la “troika occidental” estarían cimentadas sobre cuestiones políticas, y es que nacen de la incertidumbre de las potencias occidentales sobre las relaciones exteriores de Sudán en su siguiente etapa. Después de un breve periodo de apertura al mundo occidental en que no han obtenido un apoyo efectivo para fortalecer su economía. Este posicionamiento se ha materializado con las acusaciones del Gobierno de Jartum, que han afirmado que el objetivo de EEUU, Reino Unido y Noruega es presionar al país para poner fin a su acercamiento con Moscú como parte de su intento de aislarlo internacionalmente. 

Según un informe realizado por la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, desde el año 2013 Sudán había perdido más de 265 toneladas de oro debido a las incautaciones de oro de contrabando por parte de Moscú. Algo que el Ministerio sudanés de Minería no tardó en negar. 

Sin embargo, y en esta misma línea, unas informaciones más recientes publicadas por el diario británico The Telegraph, han sostenido que Rusia podría haber comprado oro sudanés de contrabando para prepararse para las sanciones occidentales. Tan solo unos días antes de invadir Ucrania. De hecho, el viaje de ocho días a Moscú del vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán (TMC) y general, Mohamed Hamdam Dagalo –también conocido como Hemedti –, coincidiendo con el estallido del conflicto ruso-ucraniano, no ha hecho más que avivar estas sospechas.

“Rusia, seguramente, obtuvo oro de varias fuentes. No solo de Sudán”, ha sostenido el decano de Ciencias Políticas en la Universidad Islámica Omdurman de Jartum, Salah Al-Doma. “Pero, sí, Sudán es uno de los países de los que las empresas rusas lograron beneficiarse con acuerdos secretos con las Fuerzas de Apoyo Rápido y otras entidades como el Partido del Congreso Nacional que gobernó anteriormente. Rusia, como muchos países, se benefició del contrabando de oro sudanés”. 

“No tengo nada que decir aparte de que es una noticia falsa y una historia creada por los periodistas de The Telegraph”, fue la única y escueta respuesta de Jartum, a través de un documento publicado por el embajador interino de Sudán en Rusia, Mohamed Hussein Zaroug.

Desde octubre del año pasado, Sudán se encuentra dirigido por las Fuerzas Armadas, que dieron un golpe de Estado para expulsar a la alianza de organizaciones civiles y partidos políticos con los que compartían el Gobierno del país. Esta alianza estaba liderada por el primer ministro, Abdalla Hamdok, y los miembros de su gabinete, y llegó al poder en agosto de 2019 para conducir la transición democrática del país hasta la celebración de elecciones en el año 2023. Sin embargo, esta transición ha sido puesta en entredicho tras la disolución forzada del Gobierno por parte del General Abdel Fattah al Burhan, quien se encuentra actualmente en negociaciones con Rusia para la instalación de una base naval en la costa sudanesa del mar Rojo.