Turquía congela los activos de 770 personas por sus vínculos con organizaciones terroristas
Las autoridades turcas han congelado este viernes los activos de 770 personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por Ankara y que “abusan de la religión” o son de marcada tendencia izquierdista. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda y Finanzas con la publicación de un extenso documento donde se recoge el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia y el número de identificación de los implicados, así como las agrupaciones de las que estos formarían parte.
El documento, fijado en el Boletín Oficial, afecta a 454 miembros del movimiento del clérigo Fethullah Gülen (FETÖ), a 108 personas pertenecientes al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a otras 119 vinculadas a diversas organizaciones terroristas de carácter religioso como Hizbulá, Daesh o Al Qaeda. Las últimas 84 personas incluidas en la lista pertenecen al Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo, una formación político-militar de ideología marxista-leninista considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.
Las firmas de los ministros de Finanzas e Interior, Nureddin Nebati y Süleyman Soylu, avalan un documento basado en delitos de financiación del terrorismo y actos ilícitos de recaudación de fondos. De esta forma, el Gobierno turco pone en marcha la ley para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobada en sede parlamentaria hace un año, que se sirve del combate contra las organizaciones terroristas para estrechar el cerco sobre las agrupaciones de la sociedad civil.
La medida, denunciada después de su aprobación por Human Rights Watch, permite a las autoridades congelar los fondos de cualquier individuo u organización sospechoso de colaborar con grupos considerados terroristas por Ankara. Un mecanismo legal que facilitaría al Gobierno restringir las actividades de los movimientos cívicos independientes. En este sentido, las personas incluidas en la lista pueden apelar la decisión ante el Tribunal Penal de Ankara, con escaso margen de maniobra.
Entre las personas afectadas por la congelación de activos se encuentran figuras destacadas de la oposición como el académico Adil Öksüz, acusado por su implicación en el golpe de Estado de 2016 y su pertenencia al FETÖ; el ex fiscal exiliado Zekeriya Öz, también vinculado al Movimiento de Gülen, o el expresidente de la formación pro-kurda HDP, Selahattin Demirtaş. Componen el grupo en su mayoría perfiles gulenistas y representantes kurdos, el grueso de la disidencia contra Erdoğan.
Los integrantes de la lista están divididos en cuatro categorías: aquellos que pertenecen al Movimiento de Gülen, los miembros del PKK, los vinculados a organizaciones terroristas que usan la religión y aquellos que pertenecen a organizaciones terroristas de izquierda. Sin embargo, hay una excepción que involucra a una persona jurídica. Se trata de la Fundación Niágara, una organización sin ánimo de lucro cuyo presidente de honor es Fethullah Gülen.
Con sede en Chicago y actividad en ocho Estados norteamericanos, la Fundación Niágara fue fundada en 2004 por un grupo de empresarios y educadores turco-estadounidenses “para hacer realidad la visión de su líder espiritual, Fethullah Gülen”, según detalla la propia organización. Durante ese período, el clérigo mantenía su exilio en Pensilvania tras ser perseguido por las autoridades kemalistas, profundamente seculares, que desconfiaban de las intenciones de los grupúsculos religiosos.
Esa etapa se caracterizó por la alianza entre el gulenismo y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco). Una cooperación que permitió a los islamistas acceder al Gobierno en 2007 gracias a la infiltración de los fieles de Gülen en las diferentes instancias del Estado. Sin embargo, desde la llegada a la presidencia de Erdoğan en 2014 la connivencia entre el AKP y el FETÖ comenzó a agrietarse por sus diferencias políticas, cuyas visiones divergían en torno a las relaciones con Occidente.
El golpe de Estado fallido de julio de 2015, que se saldó con 265 muertos, terminó por descoser los vínculos entre el Gobierno de Erdoğan y el Movimiento de Gülen. El presidente culpabilizó al clérigo y a sus simpatizantes de haber organizado la asonada y aceleró la erosión de los preceptos democráticos para blindar su poder.
A raíz del golpe, Erdoğan ha cribado todas las instancias del Estado, desde la judicatura hasta el Ejército, para eliminar la huella del gulenismo. Y ha impulsado una serie de reformas legales que facilitan las labores de rastreo y persecución de la disidencia, entre las que se encuentra la ley por la cual el Gobierno tiene la capacidad de congelar los activos de las organizaciones catalogadas como terroristas.
