Turquía continúa la purga de los vinculados al intento de golpe de Estado de 2016

La Fiscalía de Izmir ha emitido una orden de detención contra 133 oficiales del Ejército
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el centro, acompañado por el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, segundo a la izquierda, y el jefe de Estado Mayor de Turquía, Yasar Guler, segundo a la derecha

PHOTO/PRESIDENCIAL PRESS SERVICE via AP  -   El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el centro, acompañado por el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, segundo a la izquierda, y el jefe de Estado Mayor de Turquía, Yasar Guler, segundo a la derecha

La Oficina del Fiscal General de la ciudad costera de Izmir ha emitido órdenes de detención contra 133 sospechosos pertenecientes al Ejército del país, a los que se le acusa de mantener vínculos con el movimiento del clérigo islamista Fethullah Gülen (FETÖ) que, de acuerdo con las autoridades turcas, fue el responsable de orquestar el intento de golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan en 2016.

De las 133 personas consideradas como sospechosas, 82 son oficiales en activo, mientras que a los 51 restantes ya se les había suspendido del cargo por la misma razón. Entre ellos, además, se encuentran tres coroneles, tres sargentos, cinco capitanes, 12 primeros tenientes y 54 suboficiales.

La Fiscalía de Izmir también ha enviado órdenes de detención contra 14 estudiantes de la Escuela Militar, que previamente ya habían sido expulsados; dos coroneles, dos tenientes coroneles y tres capitanes que ya no se encontraban en activo por diversas razones: jubilación, renuncia o terminación del contrato.

Los analistas, como Kristian Brakel de la Fundación Heinrich Böll, ya han advertido de que las detenciones a gran escala, como las que se están produciendo, “podrían dañar las capacidades militares de Turquía”. Un claro ejemplo de esto, según ha explicado el experto, es que la Fuerza Aérea no puede usar todos sus aviones de combate F-16 porque no dispone de suficientes pilotos entrenados. Además, para Simon Waldman, analista del King’s College de Londres, los arrestos “perjudican la moral del colectivo de los oficiales” porque “no saben si podrían ser los siguientes”.  

Estas 133 órdenes se suman a las más de 150.000 que han sido emitidas desde que se produjera el intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016. Funcionarios, personal militar y civiles han ido siendo detenidos en operaciones que el Gobierno de Ankara considera como “rutinarias”. En las cárceles, se encuentran más de 77.000 personas detenidas por este motivo a la espera de juicio. 

Ya en el mes de mayo, tuvo lugar otra macrooperación contra FETÖ que se saldó con 249 detenidos, todos ellos funcionarios en activo o no del Ministerio de Relaciones Exteriores turco. Según explicó por aquel entonces la Oficina del Fiscal, los sospechosos manipularon los exámenes de ingreso del Ministerio para favorecer a los militantes del movimiento clerical.

En esta línea, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ha denunciado recientemente que más de 120 periodistas siguen encarcelados, lo que supone “un récord mundial”. “La situación de los medios de comunicación en el país no ha mejorado desde el levantamiento del estado de emergencia el año pasado [estuvo activo entre 2016 y 2018]”, alertan desde la entidad. 

Cabe destacar el caso particular del periodista Ahmet Altan, que fue detenido de nuevo la semana pasada tan solo siete días después de que otro tribunal decretase su libertad. La Unión Europea, a través de su Servicio Exterior de Acción Exterior, condenó este fallo judicial. “La falta de motivos creíbles para volver a detener a Ahmet Atlan y su encarcelamiento renovado, revirtiendo la decisión inicial del tribunal de liberarle, daña más la credibilidad de la justicia turca”, advirtieron desde la institución, que también ha criticado el “elevado nivel de la interferencia política en la justicia”. 

Un informe del IPI que ha sido presentado ante la Unión Europea en Bruselas este martes, advierte de que existe “un exceso de violaciones atroces de los derechos fundamentales, con docenas de periodistas detenidos por los cargos más graves relacionados con el terrorismo durante meses, a veces años, basados en la evidencia más débil en la que el periodismo crítico se ha combinado con la propaganda terrorista, todo como parte de una campaña para silenciar las voces de la oposición y cerrar la libertad de expresión”. El documento revela, además, “las debilidades endémicas de un poder judicial, que está sumergido en decenas de miles de casos, mientras que sufre simultáneamente la pérdida de un tercio de sus propios jueces y está presidido por un órgano de administración bajo un control ejecutivo efectivo, lo que le hace no apto para la tarea”.

Ante esta sobrecarga de procedimientos en los tribunales del país, el Ejecutivo central de Ankara siempre ha alegado que estos niveles han sido necesarios para proteger los intereses de la seguridad nacional, puesto que Turquía se enfrenta a lo que consideran una amenaza combinada formada por los militantes kurdos, los islamistas y los partidarios de la extrema izquierda.