PUBLICIDAD

Iberdrola

Turquía detiene a cuatro alcaldes del HDP bajo la acusación de nexos terroristas

Los regidores han sido relacionados con el PKK
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan

REUTERS/DENIS BALIBOUSE  -   El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan

Cuatro alcaldes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco) fueron detenidos este viernes acusados de vinculación a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en turco), formación considerada terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

Los integrantes del HDP, de tendencia izquierdista y pro-kurda, regían en localidades enclavadas al sureste del territorio otomano, donde viven la mayoría de kurdos residentes en la nación turca (sobre 15 millones, según diversos cálculos). Los implicados son tres regidores de la provincia de Siirt, entre ellos el alcalde de la homónima capital y el alcalde de la ciudad de Igdir, provincia fronteriza con Armenia, junto con el rector de los distritos de Baykan y Kurtalan.

De esta forma, fueron arrestados bajo la acusación de "ser miembro de una organización terrorista" y financiarla; siendo ligados estrechamente al citado PKK. La Policía les detuvo en sus domicilios esta pasada madrugada y la operación prosigue con el registro de los Ayuntamientos, según confirmaron diversas fuentes a la agencia de noticias estatal turca Anadolu. 

Los afectados han sido destituidos de sus cargos y su actividad pasa a control ahora de funcionarios del Ministerio del Interior.

La Administración turca dirigida por el presidente Recep Tayyip Erdogan ha intervenido ya 50 de las 65 alcaldías que el HDP ganó en las elecciones locales de marzo de 2019, que supusieron un duro golpe electoral para el ‘sultán’, quien vio cómo su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) perdió las Alcaldías de ciudades tan importantes como Estambul, corazón financiero de Turquía, y Ankara, capital administrativa, las cuales pasaron a manos del Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), formación que integra el actual alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, gran enemigo político de Erdogan. 

Ya el pasado 9 de marzo un tribunal de justicia condenó a nueve años de prisión al destituido alcalde de Diyarbakir, Adnan Selcuk Mizrakli, por "pertenecer a una organización terrorista". Mientras, doce diputados del HDP, tercera formación en el Parlamento turco, permanecen en prisión desde 2016 acusados de vínculos con las milicias kurdas. 

El Gobierno del Presidente Tayyip Erdogan acusa así al HDP de tener estrechos lazos con el grupo militante del PKK, lo que ha dado lugar al enjuiciamiento de miles de sus miembros y algunos dirigentes. Mientras, el HDP niega esos vínculos.

Desde el duro revés sufrido en los comicios de marzo de 2019 se vienen llevando a cabo operaciones contra formaciones políticas rivales en una especie de purga dirigida desde las más altas esferas. Los alcaldes afectados desde entonces han sido sustituidos por síndicos en más de la mitad de los 65 municipios ganados por el HDP y Ankara ha nombrado a gobernadores y otras autoridades locales como regidores circunstanciales en esos distritos. Antiguos colíderes del HDP han sido encarcelados desde 2016 por cargos de terrorismo, y varios otros miembros destacados del partido han sido acusados de apoyar el terrorismo por lo que el Gobierno dice que son vínculos con el PKK.

Palacio de Justicia en Estambul, Turquía
PHOTO/AP - Palacio de Justicia en Estambul, Turquía

Prosigue de esta forma la campaña de Recep Tayyip Erdogan tanto interna con externa para desviar la atención de los problemas nacionales y afianzar su poder con la excusa de actuar contra la etnia kurda, a la que señala por acciones terroristas en el sur del territorio nacional. Aquí se engloba, por ejemplo, la campaña de Turquía en el marco de la guerra civil de Siria. La nación euroasiática penetró en el norte del país vecino árabe para hostigar a los kurdo-sirios y justificó la operación tras denunciar acciones terroristas kurdas en su contra. Turquía se ha posicionado en una zona de seguridad en la frontera turco-siria que pactó con el Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y tiene diversos puestos de control; junto a los que posee también Rusia, rival circunstancial en el conflicto sirio y que se erige como el principal aliado del régimen de Bachar al-Asad, que busca derribar el último bastión rebelde de la provincia nororiental de Idlib, bajo el pretexto de perseguir a los elementos integristas yihadistas refugiados allí. 

Turquía también logra desviar la atención de los contratiempos internos con otra operación internacional como la que lleva a cabo en la guerra civil de Libia, donde apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) del primer ministro Fayez Sarraj, quien resiste el acoso del Ejército Nacional libio (LNA, por sus siglas en inglés) del mariscal Jalifa Haftar, quien intenta acabar con el último polo de resistencia de la capital Trípoli (sede del GNA), también bajo el argumento de acabar con la insurgencia instalada en la urbe tripolitana (cabe recordar, entre otras cuestiones, que Turquía envió allí a mercenarios yihadistas procedentes de Siria) y proceder posteriormente a un nuevo proceso democrático. Mientras, que Sarraj denuncia que lo que se está materializando es un golpe de Estado rebelde por parte del LNA contra su Ejecutivo, reconocido internacionalmente por la ONU desde 2016. 

En clave interna, la principal formación de la oposición, el CHP, se ha convertido en el nuevo objetivo del Gobierno controlado por Erdogan justo en un momento de debilidad financiera, agravada por el parón de la actividad económica causado por la actual crisis sanitaria de la enfermedad COVID-19. El mandatario turco y los medios de comunicación afines a su ideología han iniciado una campaña de propaganda para acusar a los partidarios del CHP de orquestar un nuevo golpe de Estado en su contra. 

Protesta frente al Palacio de Justicia de Diyarbakir, Turquía, el 14 de febrero de 2020
PHOTO/REUTERS - Protesta frente al Palacio de Justicia de Diyarbakir, Turquía, el 14 de febrero de 2020

El derrumbe de la lira turca, el alto riesgo de tres de sus mayores bancos de caer en quiebra, el continuo respaldo a las milicias rebeldes en Siria y Libia o las sucesivas violaciones contra Grecia (como la denunciada incursión en aguas jurisdiccionales de islas griegas tras el acuerdo sellado por Turquía con el GNA de Fayez Sarraj para repartir zonas de influencia en el arco mediterráneo) son algunos de los asuntos que han colocado a Erdogan en el punto de mira. Esta larga lista de inconvenientes ejerce presión sobre el máximo mandatario turco, que continúa con su estrategia interna y externa para reforzar su poder.