Turquía: la independencia del poder judicial en la encrucijada
“Si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, no creemos en ella”. Con estas palabras, uno de los grandes teóricos del siglo XX, Noam Chomsky, definía lo que para él era la libertad de expresión, un derecho fundamental que tienen todas las personas de adoptar libremente y sin interferencias, pensamientos o creencias de tipo religioso, político, social, económico y filosófico, entre otros, sin miedo a represalias o sanciones. A principios del mes de junio, al menos 79 asociaciones y colegios de abogados de Turquía emitieron una declaración conjunta, pidiendo al Ejecutivo que revocase un proyecto de ley que podría poner en peligro la efectividad y la independencia de estas instituciones.
Durante los últimos días, los presidentes de más de 55 colegios de abogados del país han marchado desde sus respectivas provincias hasta Ankara para protestar en contra de este proyecto de ley. La denominada “Marcha por la Defensa” comenzó oficialmente el 19 de junio con el fin de que el Gobierno del país no apruebe una reforma legal que supuestamente permitiría al Ejecutivo controlar la elección de estos organismos y establecer más de un colegio profesional por provincia. El derecho a la manifestación pacífica pone de manifiesto el grado de respeto y responsabilidad del Estado con los derechos humanos, así como la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar el uso de la violencia en contra de los ciudadanos. Sin embargo, aunque esta protesta haya comenzado de forma pacífica, la Policía turca ha intervenido bloqueando la marcha y agrediendo a algunos juristas, impidiéndoles avanzar hacia el centro de la ciudad.
Los presidentes de 56 de los 80 colegios provinciales de abogados del país han asegurado al digital Arab News que su marcha a la capital tiene como objetivo “luchar contra la oscuridad” que conquistaría el país del Bósforo si este proyecto de ley sale aprobado. “Nuestro único objetivo es asegurar el estado de derecho y la seguridad en este país. Esta enmienda de la ley desencadenaría estructuras ilegales dentro del poder judicial. Si los colegios de abogados se mantienen en silencio, los ciudadanos no podrían expresar sus demandas al Estado”, ha dicho el máximo representante del colegio de abogados en la provincia norteña de Giresun, Soner Karademir, a Arab News.
La deriva autoritaria del régimen de Erdogan y la represión política a la que se han visto sometidos decenas de abogados, periodistas y académicos durante los últimos años ha puesto en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos de este país y ha transformado el equilibrio de poderes. La ausencia de confianza en los jueces y fiscales, leales al Gobierno autoritario de Erdogan y el continuo encarcelamiento de abogados ha provocado que aquellos que quieran alzar su voz y mostrar su opinión tengan que pagar un precio muy alto.
Los colegios de abogados de Ankara y Estambul han denunciado durante los últimos meses esta situación y han criticado al presidente Recep Tayyip Erdogan y su partido gobernante, el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), por permitir y fomentar el incumplimiento del principio de imparcialidad – entendido como aquel derecho de toda persona a un juez de mantener una actitud de neutralidad con respecto al objeto de litigio y a los litigantes-- en el poder judicial. Ankara ha sido testigo este fin de semana de otra marcha organizada por el Partido Democrático del Pueblo tras las operaciones militares realizadas por Turquía en el territorio controlado por los kurdos en el norte de Irak.
La Policía de Turquía ha detenido a decenas de los abogados que protestaban pacíficamente en contra de este proyecto de ley, impulsado por el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdoğan. “Nuestra marcha a la capital de este país está siendo detenida sin motivo alguno y eso es completamente ilegal”, ha aseverado Erinç Sağkan, el representante de la asociación de abogados de Ankara quien además ha dicho que “es un día negro para Turquía, ya que no se ha impedido a los abogados entrar en la capital a través de la violencia”.
“El Gobierno pretende formar múltiples asociaciones de abogados en la misma provincia, creando así asociaciones conflictivas cuyo poder se ha visto disminuido por la vieja estrategia de dividir, conquistar y gobernar”, ha apuntado el colegio de abogados de Estambul en un comunicado oficial que ha sido recogido por el Stockholm Center For Freedom. Esta medida crearía organismos paralelos, con diferentes tendencias políticas, lo que “debilitaría y politizaría” los distintos colegios de abogados del país, según ha señalado la abogada turca Hava Orhon. Al no poder acceder a la capital, los representantes de estas instituciones iniciaron una sentada de protesta, según informó el canal de noticias HaberTurk.
Los comentarios homófobos del responsable de la dirección de Asuntos Religiosos de Turquía en los que aseguraba que “la homosexualidad provoca enfermedades” provocó un enfrentamiento el pasado mes de abril entre el partido liderado por el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de raíz islamista, y los principales colegios de abogados del país quienes defienden la libertad de expresión. No obstante, el distanciamiento entre los colegios de abogados y el Gobierno ha sido una constante durante los últimos años. El descontento en las principales autoridades judiciales del país llevó el pasado mes de septiembre a 52 de los 70 colegios de abogados de Turquía a boicotear la ceremonia de apertura del año judicial, un evento que contaba con la presencia de Erdogan. La elección del lugar de celebración fue considerada por estos organismos una falta de separación de poderes y suponía una violación a su código ético.
Casi cuatro años después de que tuviera lugar el golpe de Estado que cambió la historia de Turquía, más de 91.000 personas han sido encarceladas y alrededor de 150.000 personas han sido despedidas por supuestos vínculos con Gülen o por ir en contra del régimen. Las detenciones no han dejado de producirse desde entonces y uno de los sectores más afectados ha sido el sistema de justicia. Tan solo en noviembre de 2019, 3.926 jueces y fiscales fueron despedidos de sus cargos. De ellos, más de 500 están en la cárcel.
En este escenario, Turquía ha detenido este lunes a cuatro personas acusadas de espiar para Francia. Según una investigación a la que ha tenido acceso el diario Daily Sabah, los sospechosos habían recogido información sobre el funcionamiento interno de algunas instituciones conservadoras, grupos religiosos o la Dirección de Asuntos Religiosos del país. Estas detenciones han tenido lugar después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, acusase a Ankara de estar implicada en “un juego peligroso en Libia” y de ir en contra de los compromisos adquiridos durante la conferencia de Berlín.
