Turquía rechaza las acusaciones de Egipto sobre su presencia en el conflicto de Libia
La crisis diplomática entre Egipto y Turquía es uno de los distanciamientos políticos más graves en los últimos años. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha rechazado enérgicamente las acusaciones de El Cairo contra Ankara en relación con su presencia en el conflicto de Libia, apenas unas horas después de que el presidente de Egipto presentase una iniciativa para poner fin a la guerra que asola a la nación norteafricana. “Rechazamos las acusaciones infundadas del Ministro de Asuntos Exteriores egipcio Sameh Shoukry contra Turquía en el contexto de Libia”, ha aseverado el portavoz del Ministerio turco, Hami Aksoy.
Asimismo, Aksoy ha culpado al mariscal de campo, Jalifa Haftar, comandante en jefe del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) y a sus aliados, haciendo referencia a Egipto, de ser “los verdaderos obstáculos para alcanzar la paz en Libia al intentar derrocar al Gobierno legítimo y establecer un régimen autoritario”. “No es sorprendente que los que han llegado al poder a través de un golpe de estado apoyen a un golpista. El apoyo militar de Egipto a Haftar durante un año constituye una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, ha denunciado Aksoy.
El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha hecho estas declaraciones al mismo tiempo que las milicias respaldadas por mercenarios reclutados por su país reconquistaban la estratégica localidad de Al Wishka y alcanzaban el centro de la ciudad costera de Sirte, en el centro de Libia. Ankara defiende su presencia en Libia y ha afirmado que continuará apoyando al que considera que es el Gobierno legítimo de la nación norteafricana. Más de un año después de que el mariscal de campo, Jalifa Haftar, iniciase una ofensiva militar para hacerse con el control de la capital del país, Trípoli, sus milicias se han visto obligadas a retroceder en algunos lugares estratégicos como Sirte o el aeropuerto de la capital, inhabilitado desde 2014 y una de las posiciones claves para defender la ciudad a través del eje del sur.
El Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés), con sede en la capital, respaldado por los Hermanos Musulmanes e Italia y reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, recibe ayuda militar de Turquía y Qatar; mientras que el LNA cuenta con el apoyo de Rusia, Egipto, Emiratos Árabes, Francia y Arabia Saudí, entre otros. En respuesta a los avances del LNA durante el último año, el Gobierno de Trípoli encabezado por Fayez Sarraj inició la operación Tormenta de Paz, con el fin de contrarrestar los ataques que estaban destruyendo la capital del país.
El caos y la inestabilidad han conquistado Libia desde la muerte de Muammar Gadafi. Desde entonces, en el país han convivido dos administraciones rivales, una en el este y otra en el este, que son incapaces de llegar a un acuerdo y que controlan distintas zonas de un estado, caracterizado por el tribalismo y sus yacimientos petrolíferos. Los últimos acontecimientos y la presencia de Ankara en esta región han hecho reaccionar a Egipto quien, en las últimas horas, presentó una iniciativa para poner fin al conflicto que asola a la nación norteafricana; iniciativa que obligaría a “respetar los esfuerzos internacionales y declarar un alto el fuego en Libia”, un cese de hostilidades que, en palabras del mandatario egipcio, comenzará a las seis de la mañana de este lunes.
Al Sisi anunció este plan después de reunirse en el Palacio Federal con Aqila Saleh y el mariscal de campo Haftar, en presencia del teniente general Mohamed Zaki, el ministro de Defensa egipcio, Abbas Kamel, jefe de Inteligencia egipcia, Ali Abdel Al, jefe del Parlamento egipcio, y Sameh Shoukry, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, según ha señalado un portavoz de este organismo al medio Al Ain.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU, en una reunión por videoconferencia celebrada el 5 de junio, ha anunciado que había decidido unánimemente prorrogar un año las autorizaciones para que los estados miembros inspeccionen los buques en alta mar que se sospeche que podrían estar violando el embargo de armas impuesto a Libia. Así, estas medidas permiten que los estados miembros o organizaciones regionales, inspeccionen los buques con destino a Libia o procedentes de ese país, cuando haya motivos razonables para creer que están violando el embargo de armas del Consejo.
Mientras tanto, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado los distintos crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos que se han cometido en el país entre el 13 de abril y el uno de junio, durante la última oleada de combates que ha arrasado gran parte de la capital del país. Tras analizar una serie de testimonios, fotografías y otros documentos gráficos, esta institución ha pedido a las partes beligerantes que pongan fin de inmediato a los ataques contra civiles. “Los civiles están pagando una vez más el precio de esta guerra, a medida que todas las partes intensifican los ataques y cometen otras violaciones graves que muestran un desprecio absoluto por las leyes de la guerra y la vida de las personas”, ha lamentado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
"Hacemos un llamamiento a todas las partes en el conflicto y a las milicias y grupos armados afiliados para que pongan fin de inmediato a los ataques indiscriminados y otras graves violaciones que se llevan a cabo contra civiles. Los comandantes deben condenar públicamente estos actos. Países como Turquía o Rusia deben dejar de violar el embargo de armas de las Naciones Unidas”, ha asegurado en un comunicado oficial. La situación política, social y económica en este país y la intervención militar de Rusia y Turquía, en defensa de sus propios intereses, han generado un escenario realmente complejo, contexto que dificulta cualquier esfuerzo para encontrar una solución política a uno de los conflictos más crueles del siglo XXI.
