Turquía y la ausencia de imparcialidad en el poder judicial
El referéndum del 16 de abril de 2017 en Turquía cambió por completo la historia del país. La reforma constitucional que aprobaron los ciudadanos por la mínima aquel día convirtió el por aquel entonces sistema parlamentario, creado en 1924 por el fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, en uno presidencial. La deriva autoritaria del régimen de Erdogan y la represión política a la que se han visto sometidos decenas de abogados, periodistas y académicos desde entonces ha puesto en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos de este país y ha transformado el equilibrio de poderes.
En Turquía, el poder judicial está constituido por un sistema de juzgados de primera instancia, la Audiencia Nacional de Apelación y el Tribunal Constitucional. Este último trata todos aquellos asuntos relacionados con la compatibilidad de leyes y actos administrativos con la Constitución. Sin embargo, en determinados casos también tiene el poder de actuar como Tribunal Superior. Tan solo un año después del fallido golpe de Estado de 2016 que cambió el rumbo de Turquía, el presidente turco despidió a un tercio de los jueces y detuvo a más de 100.000 personas.
La represión y las detenciones se han convertido en una constante desde entonces, por supuestamente mantener vínculos con el movimiento del predicador islamista Fethullah Gülen (FETÖ) que, de acuerdo con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, fue el encargado de orquestar el intento de golpe militar fallido del 15 de julio de 2016. Uno de los sectores más afectados ha sido el de los tribunales. Desde aquel día, miles de jueces y fiscales del país han sido despedidos o encarcelados, sumiendo al poder judicial en una crisis sin precedentes en el país.
La ausencia de confianza en los jueces y fiscales, leales al Gobierno autoritario de Erdogan y el continuo encarcelamiento de abogados ha provocado que aquellos que quieran alzar su voz y mostrar su opinión tengan que pagar un precio muy alto. Una investigación realizada por la agencia de noticias Reuters analiza la falta de imparcialidad de los principales tribunales de Turquía, a través del análisis de varios casos como el de las políticas kurdas Gultan Kisanak y Sebahat Tuncel. El juicio de Kisanak y Tuncel tuvo lugar en Diyarbakir, la ciudad más grande del sudeste de Turquía, en su mayoría kurda.
Durante este procedimiento los jueces cambiaron varias veces, según ha relatado su abogado, Cihan Aydin, a Reuters, explicando que preparar una defensa adecuada era casi imposible en estas circunstancias porque en ningún momento eran conscientes de quién era el juez encargado del caso. “El juez principal fue cambiado hasta cuatro veces. En cada audiencia había un nuevo grupo de jueces, y cada vez teníamos que empezar la defensa desde el principio”, recalcó. A pesar de preparar la defensa, el trabajo de los abogados en estos juicios fue “enseñar a los jueces” que acaban de llegar a estos tribunales. “Era imposible que los jueces leyeran los miles de páginas del expediente del caso, así que cada vez teníamos que resumir y explicar lo que había en la acusación”, ha asegurado. Este hecho provocó que el procedimiento se volviera en contra de Kisanak y Tuncel, ambas acusadas por cargos de terrorismo, una incriminación bastante común desde el intento fallido de golpe de Estado que tuvo lugar en 2016. En el momento de su detención ambas mujeres estaban en el punto de mira por ser activistas en la campaña a favor de la minoría kurda. Kisanak, de 58 años, experiodista, había sido elegida recientemente alcalde de Diyarbakir. Tuncel, de 44 años, era legisladora en el Parlamento, en representación de un distrito electoral de Estambul. En el juicio fueron acusadas de difundir propaganda terrorista y por pertenecer al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La condena por estos cargos fue de 14 y 15 años respectivamente, de acuerdo con la investigación elaborada por Reuters.
Las autoridades turcas insisten en que los cambios de jueces y abogados son “rutinarios”, por razones de salud o administrativas. Sin embargo, tras este golpe fallido de Estado, son cada vez más los abogados y activistas que coinciden con el hecho de que es muy común la práctica de cambiar de juez durante un juicio. Los abogados entrevistados por Reuters consideran que se trata de una forma para ejercer control sobre los tribunales. “La constante remodelación de los jueces es un mecanismo simple pero muy útil”, ha asegurado Gareth Jenkins, un analista político con sede en Estambul.
El autoritarismo del presidente Erdogan ha encontrado en el poder judicial un instrumento para poder perseguir sus ambiciones. Los miles de jueces y fiscales que han sido despedidos desde el golpe de Estado han sido reemplazados por jóvenes recién graduados sin experiencia. Al menos el 45% de los aproximadamente 21.000 jueces y fiscales de Turquía tienen ahora tres años de experiencia o menos, según los cálculos realizados por la agencia de noticias Reuters a partir de los datos del ministerio de Justicia.
“No estamos afirmando que el poder judicial era independiente de los gobiernos antes. Sin embargo, un período como este en el que el gobierno empuña el poder judicial como una espada en la política y especialmente la oposición no tiene precedentes”, ha incidido Zeynel Emre, un legislador del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) a Reuters. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Estambul, Mehmet Durakoglu, advierte de que, al utilizar el poder judicial como instrumento político para juzgar a sus opositores, el Gobierno de Erdogan “ha logrado lo que no pudo hacer por medios políticos” a través de las elecciones.
El actual mandatario turco no solo es el hombre con una ambición desmedida, tal y como demuestra con su participación en conflictos como el de Libia o Siria, sino que ha sido capaz de diseñar una política que marcará el devenir de la región. El corazón de Anatolia ha estado dominado durante casi dos décadas por Erdogan, quien ejerció su poder primero como primer ministro, de 2003 a 2014, y desde entonces, como presidente. El temor ha conquistado cada rincón del país del Bósforo, un país liderado por un Ejecutivo al que no le tiembla la mano a la hora de aplicar campañas de represión.
El Partido Democrático de los Pueblos prokurdo (HDP), el segundo partido de oposición más importante del parlamento turco, ha asegurado en reiteradas ocasiones que miles de sus miembros y partidarios han sido detenidos o encarcelados desde el colapso de las conversaciones de paz entre las autoridades turcas y el PKK. Entre ellos se encuentra el antiguo colíder del partido, Selahattin Demirtas, que está detenido desde 2016 por cargos de terrorismo que él mismo niega. Es más, hace apenas un mes, este partido denunció los ceses de varios de sus alcaldes en Turquía acusados de estar implicados en delitos de corrupción. “Uno esperaría que el mal antikurdo que marca el corazón del 'establishment' político turco dejaría de existir al menos en estos tiempos de coronavirus. Sin embargo, no ha sido así”, aseguraron en un comunicado oficial.
Erdogan ha tenido la capacidad suficiente para crear un sistema presidencialista, en el que él, como “hombre fuerte” del país, tiene la autoridad para controlar los tres poderes del Estado. El HDP ha denunciado que, por esta situación, los abogados que defienden a aquellos que forman parte de su partido también han sido procesados. El presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, Aydin, ha indicado a la agencia de noticias Reuters que la práctica de vigilar a los abogados y activistas “también forma parte de la misma tendencia, de la misma mentalidad, de hacer un seguimiento de todos y asegurarse de que haya un expediente listo contra todos, por si acaso”. Este abogado considera que tanto si “criticas al Gobierno” como “si te conviertes en un abogado reconocido” tienes muchas posibilidades de convertirte en un objetivo del Gobierno de Erdogan.
No obstante, la purga no ha ido dirigida única y exclusivamente al poder judicial. Otro de los sectores más afectados ha sido el mundo académico. Durante los últimos años, decenas de profesores o investigadores han sido condenados por difundir propaganda terrorista o por criticar la campaña militar turca en el sudeste kurdo, ente otras razones. Una situación similar viven los cientos de periodistas que han sido encarcelados durante los últimos años por informar. Esta situación ha preocupado a distintos organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW). La pandemia del coronavirus ha llevado a estas organizaciones a pedir al Gobierno de Turquía que libere a los cientos de prisioneros encarcelados por alzar su voz y mostrar una opinión diferente a la que tiene el Gobierno. “Nos preocupa que los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otras personas encarceladas por el mero hecho de ejercer sus derechos sigan entre rejas por algunas políticas aplicadas por el Ejecutivo de Erdogan”, explicaba Reporteros Sin Fronteras en un comunicado.
Casi cuatro años después de que tuviera lugar este golpe de Estado, más de 91.000 personas han sido encarceladas y alrededor de 150.000 personas han sido despedidas por supuestos vínculos con Gülen. Las detenciones no han dejado de producirse. Por ejemplo, la Policía de Turquía lanzó en febrero una operación para detener a más de 700 personas, entre funcionarios y militares, que podrían tener vínculos con el movimiento del predicador islamista Fethullah Gülen (FETÖ). Y con la llegada de la pandemia del coronavirus, la respuesta del Gobierno ha ido en la misma línea. El ministerio de Interior dijo la semana pasada que 402 personas habían sido detenidas por tener “posturas infundadas y provocadoras” sobre la pandemia.
Desde aquella trágica noche las autoridades turcas lanzan regularmente campañas de arresto con el pretexto de anular a la comunidad de Gülen, lo que es paradójico ya que el clérigo fue un gran aliado de Erdogan durante sus primeros años en el poder. Esta purga ha puesto en peligro la imparcialidad y el sistema de justicia de Turquía. La agencia de noticias Reuters ha informado en su investigación de que, en noviembre pasado, 3.926 jueces y fiscales fueron despedidos de sus cargos. De ellos, más de 500 están en la cárcel. El presidente de la Corte Suprema de Apelaciones de Turquía, Ismail Rustu Cirit cree que una de las principales consecuencias es la escasez de jueces y fiscales experimentados, según ha explicado a la agencia de noticias Reuters. Además, la ausencia de personal especializado y las constantes detenciones han aumentado la carga de trabajo del sistema judicial turco. A finales de 2019, alrededor de 30.000 personas seguían a la espera de ser juzgadas mientras los tribunales tratan de procesar el gran número de casos relacionados con el golpe, ha subrayado Reuters.
El descontento en las principales autoridades judiciales del país llevó el pasado mes de septiembre a 52 de los 70 colegios de abogados de Turquía a boicotear la ceremonia de apertura del año judicial, un evento que contaba con la presencia de Erdogan. La elección del lugar de celebración fue considerada por estos organismos una falta de separación de poderes y suponía una violación a su código ético. La ceremonia tuvo lugar en el palacio presidencial en vez de en la sede de la Corte Suprema de Turquía. En estos últimos tres años la independencia judicial se ha visto seriamente socavada. “El Poder judicial está bajo la presión del Ejecutivo”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Estambul, Mehmet Durakoglu, según recogió Atalayar. “La elección del lugar muestra un rechazo total de las enseñanzas sobre democracia derecho y justicia. No tenemos miedo ni duda, no vemos otra solución que seguir luchando”, añadió.
El diccionario del español jurídico define la imparcialidad judicial como aquel derecho de toda persona a un juez que mantenga una actitud de neutralidad con respecto al objeto de litigio y a los litigantes. El aumento de la carga de trabajo y las constantes detenciones llevó al ministerio de Justicia de Turquía a anunciar su intención de aumentar el número de jueces y fiscales. Las cifras de la Junta de Jueces y Fiscales de la nación euroasiática muestran que se han contratado al menos 9.323 nuevos jueces y fiscales desde el fallido golpe de Estado. Eso significa que al menos el 45% de los aproximadamente 21.000 jueces y fiscales de Turquía tienen tres años de experiencia o menos, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia de noticias Reuters.
El presidente de la Comisión de Justicia del parlamento turco Hakki Koylu ha reconocido a Reuters que algunos jueces y fiscales “han sido nombrados sin la formación adecuada. Por su parte, el presidente del Tribunal Cirit ha alertado de que el nombramiento de jueces con menos de cinco años de experiencia en la Corte Suprema de Apelaciones “plantea riesgos no solo para la duración razonable de los procedimientos, sino también para el derecho a un juicio justo”.
Durante los últimos meses, han sido varias las organizaciones que han lamentado que estos nuevos jueces apenas tengan experiencia. “Me convertí en juez de un tribunal penal a la edad de 48 años”, ha explicado Koksal Sengun a Reuters. “Ahora, después de los despidos generalizados y los nuevos nombramientos, la edad media de los jueces en algunas provincias ha bajado a 25 años”, ha alertado. “En mi opinión, la edad mínima para el tribunal penal debería ser de 40 años. Tal vez incluso más alta. Esa falta de formación deja a los recién llegados con muy poca experiencia emocional y mental para hacer frente a este trabajo. Estos chicos se encuentran bajo tanta presión, que muchas veces son ‘aplastados’. No se puede esperar mucho de un juez tan joven”, ha argumentado.
¿Hasta dónde llega el límite de la ambición el poder? Erdogan y su Ejecutivo no han dado ninguna muestra de tener intenciones de cambiar el rumbo de su política. Un abogado entrevistado por la agencia de noticias Reuters -quien ha sido premiado por su labor en defensa de la libertad de expresión y el estado de derecho- ha explicado que los jóvenes son elegidos por sus conexiones políticas y cuentan “con poca experiencia de vida, y mucho menos con experiencia profesional”. “Esto es una injusticia. En el pasado, solíamos investigar a los jueces cuando eran nombrados para un caso que representábamos, y ajustábamos nuestra defensa de acuerdo con los fallos pasados que habían emitido y sus puntos de vista políticos. Ahora no tenemos que hacerlo, porque sabemos que todos son pro-gobierno”, ha concluido.
Los tiempos han cambiado en Turquía y el poder judicial ha sido uno de los sectores más perjudicados. El futuro de los cientos de personas que son detenidas por el régimen de Erdogan depende, en estos momentos, de personas sin experiencia con vínculos directos con el Gobierno, como apunta Reuters. La imparcialidad y la ausencia de libertad de expresión son dos de las características que definen la política del presidente del país, una política marcada por el autoritarismo y una ambición que parece no tener límites.
