Turquía renueva su mandato militar en una Libia cada vez más dividida
El Parlamento de Turquía ha aprobado este martes la ampliación del mandato de las Fuerzas Armadas turcas en Libia por otros 18 meses, por solicitud del presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan. Tanto el Partido del presidente, el AKP, como su aliado nacionalista, el MHP, y el Partido Iyi, de la oposición, votaron a favor, permitiendo, así, que Ankara siga entrenando y aconsejando a las Fuerzas Armadas libias sobre el terreno.
El texto de la Decisión reza que Turquía seguirá sosteniendo “su fuerte apoyo” a la soberanía, integridad territorial y unidad de Libia, enfatizando el establecimiento de un alto el fuego permanente, el apoyo a un diálogo político que logre la reconciliación nacional y la creación de un marco legal para la celebración de elecciones nacionales.
El texto, además, lamenta el contexto de inestabilidad que se cierne sobre Libia. “La incertidumbre política y los problemas de gestión surgidos tras la no celebración de las elecciones previstas para el 24 de diciembre de 2021 […] ponen en riesgo la calma establecida con grandes sacrificios y suponen un serio obstáculo para alcanzar la estabilidad permanente”, reza el documento.
Libia sufre una guerra civil desde 2011, tras la revuelta armada contra Muamar El-Gadafi en el contexto de las primaveras árabes. Tras la caída del dictador árabe, las distintas facciones rebeldes comenzaron a combatir entre ellas por el poder, lo que terminó derivando en una división en dos del país, entre el este (Cirenaica) y el oeste (Tripolitana), con dos Gobiernos paralelos. Entre 2014 y 2020, las fuerzas del este, capitaneadas por el mariscal Jalifa Haftar, se enfrentaron al Gobierno de Acuerdo Nacional, dirigido por Fayez al-Sarraj, reconocido internacionalmente.
En 2019, el Parlamento turco aprobó el despliegue de tropas en Libia para apoyar a Trípoli, entonces bajo asedio del Ejército de Haftar. Al mismo tiempo, Ankara y Trípoli firmaron un memorándum de entendimiento de delimitación marítima, reconociendo las reclamaciones irrendentistas turcas sobre aguas griegas y chipriotas.
El apoyo turco, que también implicó el envío de mercenarios sirios y la provisión de armamento, permitió al Gobierno de Acuerdo Nacional, cercano a los Hermanos Musulmanes, expulsar a Haftar del oeste del país, y llevó los combates a un punto muerto, dando pie a la firma de un alto el fuego “permanente” entre ambos bandos. Desde entonces, Turquía se ha convertido en uno de los principales actores extranjeros en Libia.
Posteriormente, en un proceso de paz apoyado por Naciones Unidas, las partes acordaron el surgimiento de un Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, con Abdul Hamid Dbeibé como primer ministro. Por el acuerdo, en diciembre de 2021 se tendrían que haber celebrado elecciones presidenciales y parlamentarias a nivel nacional, pero la falta de consenso sobre el marco legal de estos comicios impidió su celebración.
Ante el bloqueo político, el 10 de febrero de este año, la Cámara de Representantes, afincada en la ciudad oriental de Tobruk y elegida en las elecciones parlamentarias de 2014, en las que el oeste del país tuvo escasa participación, movió ficha y nombró a Fathi Bashagha primer ministro, un movimiento rechazado por Dbeibé, que se ha negado a abandonar su cargo.
El 17 de mayo, Bashagha, quien se ha aliado con Haftar, la Cámara de Representantes y varias milicias tripolitanas, penetró en Trípoli para tomar las instituciones gubernamentales en manos del Gobierno de Unidad Nacional, pero fue expulsado por las tropas leales a Dbeibé. Desde entonces, Bashagha se ha afincado en Sirte, ciudad ubicada en el centro del país. Mientras, sus aliados han bloqueado parte de la producción del petróleo libio como presión al Gobierno internacionalmente reconocido.
El pasado domingo, representantes de la Cámara de Representantes y del Consejo de Estado Supremo, ubicado en Trípoli y cercano a Dbeibé, no lograron llegar a un consenso sobre el establecimiento del marco legal para la celebración de elecciones, en un encuentro en El Cairo mediado por Naciones Unidas, y el prospecto de una nueva división de facto del país está cada vez más cerca.
Ankara, por su parte, reconoce oficialmente al Gobierno de Unidad Nacional, si bien Bashagha ha sido desde 2019 uno de sus principales aliados en Libia, particularmente durante su etapa como ministro de interior del Gobierno de Acuerdo Nacional.
Turquía ha evitado pronunciarse a favor de ninguno de los dos bandos, y la Declaración tampoco se posiciona al respecto. Además, Ankara ha buscado reforzar sus contactos con el este del país, descuidados desde 2011, apostando por la reapertura del Consulado turco en Bengasi y de rutas aéreas con esta región. Si bien, en el futuro, la cercanía de Bashagha con Haftar, su enemigo acérrimo en el país árabe y aliado de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, podría ser difícil de asimilar para la potencia suní.
La Turquía de Erdoğan ha sido acusada de llevar a cabo una política “neotomanista” en su vecindario, tratando de aumentar su influencia en aquellos países que históricamente formaron parte del Imperio Otomano, y ya ha intervenido militarmente, directa o indirectamente, en Siria, Irak, Azerbaiyán y Libia, además de hostigar navalmente a Grecia y Chipre.
No obstante, la mala situación económica del país, así como la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, están llevando estos últimos meses a Erdoğan a un acercamiento con varios de sus rivales regionales, entre ellos Riad, Abu Dabi, Tel Aviv o El Cairo, y a una política exterior menos agresiva en algunos escenarios.
