Una reforma incompleta
El desequilibrio es evidente. Más del 70 % de la tierra sudafricana está en manos de la minoría blanca. Mientras, los negros solo son propietarios de menos del 5 %. Aunque Nelson Mandela prometió en 1994 abordar esta injusticia histórica, los sucesivos Gobiernos del Congreso Nacional Africano no han logrado revertir la situación.
La reforma de la tierra es un programa gubernamental basado en la Constitución sudafricana cuyo objetivo principal es abordar el legado de todo lo que supuso la expropiación forzosa de la tierra a la población negra, así como favorecer una redistribución más justa de la misma.
Los orígenes de esta apropiación ilegítima comenzaron en el siglo XVII con la llegada de los colonizadores holandeses a la península del Cabo. Aninka Classens, del Centro de Investigación sobre Tierra y Responsabilidad (LARC, por sus siglas en inglés) señalaba ya en 1995 que «en el acuerdo original de transferencia de la tierra de la gente negra a los blancos no hubo ningún respeto por la propiedad de la tierra ya existente». La investigadora principal del LARC citaba también lo que se afirmaba en 1695 acerca de los derechos de la tierra en la zona del Cabo: «Esta península fue ocupada por los holandeses bajo el mando del gran Van Riebeeck, y ahora ya han conseguido de los nativos títulos de propiedad aprobados por ley, así que los asentamientos no cesan de crecer cada día en número de agricultores, granjas y riquezas. El precio ajustado entre vendedores y compradores no se sabe, y los compradores se niegan a hablar de ello».
La expropiación ilegal continuó durante los siglos XVIII y XIX cada vez que los granjeros holandeses se enzarzaban en guerras fronterizas en el Cabo Oriental. Ya en el siglo XX, la mayor parte de las expropiaciones se lograron a través de normas como la Ley de la Tierra de los Nativos de 1913, y muchas otras que la siguieron. Classens afirma que «una vez que concluyó el proceso de conquista de la tierra, los blancos sometieron los derechos de propiedad a la raza. Tan solo a los blancos les estaba permitido tener propiedades, por lo que los factores políticos prevalecieron sobre los derechos de propiedad».
En 1984, las principales instituciones religiosas del país –el Consejo de las Iglesias Sudafricanas y la Conferencia Episcopal Católica Sudafricana– publicaron el documento Recolocaciones. Informe de las Iglesias sobre las expropiaciones forzosas en Sudáfrica en el que hablaban de la brutalidad empleada en las expropiaciones forzosas. Ahí se constataba que 3.372.900 personas habían sufrido expropiaciones y habían sido expulsadas de sus tierras desde 1960.
Este es el contexto histórico que dio origen al movimiento que pretende corregir largos siglos de injusticia. El borrador de la Reforma de la Tierra en Sudáfrica se publicó en 1997 y sentó los objetivos y el proceso por el cual el Gobierno afrontaría la restitución. En el prólogo del borrador, Derek Hanekom, quien sería el primer ministro de los Asuntos de la Tierra tras la llegada de la democracia, afirmó: «La propiedad de la tierra en Sudáfrica ha sido una fuente de conflicto. Nuestro pasado de conquista y despojo, de expulsiones forzosas y de reparto de la tierra basado en la raza, nos ha dejado un complejo y difícil legado».
Hanekom recordaba que los firmantes de la Constitución sudafricana incluyeron tres cláusulas. En la primera se indica que «una persona o grupo despojado de su propiedad después del 19 de junio de 1913 como resultado de leyes o prácticas raciales discriminatorias, tal y como se contempla en las actas del Parlamento, tiene derecho a una restitución de su propiedad, o a una remuneración apropiada»; en segundo lugar, que «el Estado formulará las medidas legislativas necesarias, dentro de sus competencias, con el fin de fomentar las condiciones que capaciten a los ciudadanos para tener acceso a la tierra de una manera equitativa» y, por último, que «una persona o grupo, cuyo derecho a la tierra es injusto debido a leyes raciales discriminatorias, tiene derecho, de acuerdo a lo previsto por el Parlamento, a una tenencia que sea jurídicamente segura, o a una reparación comparable y justa». La restitución, la redistribución y la reforma de la propiedad sustentaban, por tanto, la reforma propugnada en el borrador de 1997. 28 años después de la llegada de la democracia y de la aprobación del programa de reforma de la tierra, la cuestión es saber si el Gobierno ha cumplido o no lo prometido.
El primer Gobierno posapartheid aprobó la Ley de Restitución de los Derechos sobre la Tierra, que establecía la constitución de la Comisión de Reclamaciones de Tierras. Según esta norma, la gente que fue desposeída de sus propiedades después del 13 de junio de 1913 podía reclamar sus tierras a la Comisión entre 1994 y 1998. Al finalizar este período se habían presentado 79.696 reclamaciones. El profesor Ruth Hall estima que esta cifra representa el 10 % de todos los que podían presentar reclamaciones. Sin embargo, si tomamos la cifra del documento elaborado por las confesiones religiosas, que cifraba en más de 3,3 millones el número de expropiaciones forzosas, la realidad sería mucho mayor.
La Comisión de la Tierra no ha sido capaz hasta el día de hoy de tramitar todas las reclamaciones y 6.685 casos todavía permanecen sin resolver de acuerdo a lo manifestado el pasado 20 de junio de 2022 por el Ministerio de Agricultura, Reforma de la Tierra y Desarrollo Rural a pregunta de uno de los partidos de la oposición.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal del Cono Sur de África trabaja con varios grupos y comunidades de las tres provincias que más reclamaciones presentaron –KwaZulu Natal, 2.124; Mpumalanga, 1.588; y Limpopo, 1.349–. Así lo constató el Gobierno en el Parlamento el 20 de junio. La lentitud de la Comisión ha tenido un impacto negativo en estas comunidades, que presentaron sus reclamaciones legalmente antes del 31 de diciembre de 1998. En 2013, la Comisión de Derechos Humanos hizo públicas las razones de este retraso después de conocer qué ralentizaba el proceso de devolución de tierras. Una de las razones era la falta de capacidad para investigar el origen de la propiedad, lo que ha afectado al menos a dos comunidades en KwaZulu Natal. Las primeras investigaciones no se ajustaron a la legalidad y tuvieron que recomenzar. Mientras que la Universidad de Venda (Limpopo) se encargaba de la investigación, los líderes comunitarios organizaron piquetes y marchas, pero no acudieron a los tribunales para conseguir el informe conclusivo del trabajo de campo. Al final, no obtuvieron nada.
La Ley de Arrendatarios Laborales se aprobó en 1997 para afrontar la difícil situación de los llamados «inquilinos laborales», personas que viven en explotaciones agrícolas a cambio de su trabajo. Se trata de gente que tuvo títulos de propiedad de las tierras, pero como resultado de la Ley de la Tierra de 1913, de la Ley de Grupos o de otras normas racistas fueron desposeídos de los mismos, negándoseles además el derecho a arrendar la tierra a los blancos. La única manera que tenían de permanecer en su antigua propiedad era trabajar gratis como esclavos. Classens lo describía así: «La Ley de la Tierra y la Ley de Grupos prohibían específicamente las libres relaciones contractuales, negando a la gente negra el derecho a comprar o arrendar tierras». Para ahondar en esta idea, Classens recordaba al político y activista sudafricano –fallecido en 1932– Sol Plaaitjie, quien en su obra La vida de los Nativos en Sudáfrica «explica cómo el agravio más letal de la Ley de la Tierra de 1913 no fue la prohibición del derecho a comprar tierras, sino la prohibición de todos los acuerdos existentes para comprar y arrendar tierras entre blancos y negros. Muchos negros se habían ya habituado a que sus tierras hubieran sido conquistadas en su día y se habían convertido en inquilinos de esas mismas tierras o habían aceptado acuerdos para compartir las cosechas con los nuevos propietarios blancos».
Pero, continúa, «los nuevos contratos especificaban que una familia negra pudiera continuar cultivando la tierra, aunque ahora deberían pagar la mitad de la cosecha al nuevo propietario. Sin embargo los granjeros blancos no estaban satisfechos con esta cláusula. Lo aceptaron porque la gente negra se negó a trabajar en las granjas de los blancos en otras condiciones. Así que los granjeros blancos hicieron todo lo posible legalmente y ante el Parlamento para impedir que la gente negra tuviera opciones de otros contratos. Lo que ellos querían era la prohibición de compartir las cosechas a medias y de los acuerdos de propiedad».
La ley del 97 abrió la puerta a los «inquilinos laborales» para solicitar sus derechos hasta el 31 de marzo de 2001. El Ministerio de Agricultura recibió 20.365 peticiones, de las que solo 10.000 se han procesado, lo que provocó que organizaciones civiles llevaran al Gobierno a los tribunales por negligencia. La Justicia dictaminó que un juez independiente se encargara de supervisar los trabajos del Ministerio para acelerar la tramitación. Dos años después, apenas ha habido progresos.
Ahora cabe preguntarse hasta qué punto se ha gestionado con diligencia el legado de la expropiación forzosa y se ha corregido el desigual reparto de la tierra. En 1994, el 87 % de la tierra estaba en manos de los blancos, y la población negra solo tenía acceso al 13 % restante. 28 años más tarde, y si nos fijamos solo en blancos y negros, el Informe de la Auditoría de la Tierra, desvela que el 72 % de la tierra sigue en manos de los primeros y el 4 % en manos de los segundos.
Si estas estadísticas son ciertas, el programa ha fracasado. Es la opinión de los grupos afectados, tanto los que presentaron sus reclamaciones antes de finalizar 1998 como los que lo hicieron hasta marzo de 2001. Ambos continúan con la batalla legal ante la Comisión de la Tierra y el Ministerio de Agricultura para que cumplan con el mandato constitucional de tramitar los procesos de devolución de la tierra a sus propietarios originales.
