Una ventana al petróleo chino
China comienza a liberalizar su sector energético. En una decisión sin precedentes, las autoridades del país permitirán, a partir de este año, que compañías ajenas al aparato del Estado participen de la extracción y la producción de petróleo y gas natural. La medida entrará en vigor el próximo mes de mayo y aplicará a todas aquellas empresas cuyo patrimonio neto ascienda a 300 millones de yuanes, lo que equivale, al cambio actual, a unos 39 millones de euros. Dentro de este espectro, se encuentran comprendidas compañías locales, pero también las grandes firmas del sector de los combustibles fósiles, con base en otros países.
Anteriormente, las compañías internacionales solamente tenían acceso a los recursos fósiles chinos si establecían proyectos conjuntos -las denominadas ‘joint ventures’- con las empresas nacionales, controladas de facto por el Ejecutivo. “Abrirse tanto a empresas domésticas como extranjeras es una importante medida reformista”, ha destacado Ling Yueming, viceministro de Recursos Naturales de China, en la rueda de prensa en la que se ha hecho pública la decisión.
En la comparecencia, también se aclaró el funcionamiento del nuevo régimen de concesiones en el sector minero en general. Las licencias de explotación de recursos serán adjudicadas en virtud de concursos públicos regidos por la libre competencia. Los permisos tendrán una vigencia de cinco años renovables. No obstante, si se prolongase el contrato, el área de explotación se reduciría una cuarta parte. La única excepción residirá en los casos de materiales radiactivos y las tierras raras. Ambos tipos de materias primas continuarán sujetos a un estricto control por parte de la Administración.
Las nuevas reglas implicarán que las compañías nacionales que ya operan en territorio chino deberán ceder a otras entidades una parte más o menos importante de la superficie sobre la que trabajan. “Comparada con medidas previas sobre el compromiso de las obras de explotación, la nueva norma hace más eficiente y dota de carácter obligatorio a la transferencia de superficie”, ha valorado un alto funcionario del Ejecutivo asiático no identificado por la agencia Reuters.
Pekín busca, de este modo, potenciar la producción doméstica de crudo, gas y productos derivados. Como consecuencia, es de esperar que se alivie, en cierta medida, la elevada dependencia energética del gigante asiático. China es el mayor importador de petróleo de todo el mundo. Según el último informe mensual de la Administración General de Aduanas, el país importó entre los meses de enero y noviembre productos petrolíferos por valor de 245 mil millones de dólares; las exportaciones, por su parte, no constituían ni una sexta parte de ese capital. A pesar de que el país cuenta con numerosas refinerías, un 70% del crudo procede del extranjero.
Así, a pesar de contar con sus propios recursos, las empresas chinas no han sido estimuladas lo suficiente como para que el crecimiento fuese sostenido. “El lento crecimiento de la producción de petróleo y gas en China fue debido, en parte, a la naturaleza monopolística del segmento de la extracción”, argumenta Dennis Ip, jefe de Investigación de Daiwa Capital Markets, citado por Bloomberg. “La intención del Gobierno es competencia y fomentar la innovación tecnológica”, interpreta Ip.
2019 ha sido, de hecho, un año particularmente duro para las petroleras chinas. Sinopec (Corporación Petroquímica de China) vio una disminución en sus beneficios del 35% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos de PetroChina (la abreviatura de la Compañía Nacional de Petróleo de China), por su parte, registraron una caída interanual del 58% entre junio y septiembre.
En un sentido más amplio, la economía china ha experimentado una cierta desaceleración en el último año. Esta circunstancia ha tenido efectos a nivel global. Aunque continúa creciendo, lo hace al ritmo más bajo en las últimas tres décadas. Recientemente, el Banco Central del país ha anunciado la inyección de 115 mil millones de dólares en efectivo en el sistema bancario, de manera que el crédito a los ciudadanos fluya más fácilmente; una suma, no obstante, relativamente baja dada la dimensión del mercado nacional.
El pasado mes de julio, el ejecutivo de Pekín ya había retirado el petróleo y el gas de la lista de aquellos sectores cerrados a la inversión extranjera. El movimiento se interpretó, entonces, como un primer paso hacia una política algo más aperturista, en línea con la postura que China ha ejercido a lo largo de los últimos años en ámbitos como las finanzas -recientemente abierto a la inversión extranjera- y, sobre todo, el comercio internacional.
La potencia asiática viene, precisamente, de establecer las bases de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Según este pacto, alcanzado después de un año y medio de negociaciones, Washington se ha comprometido a retirar los aranceles adicionales sobre productos electrónicos chinos. No obstante, no existe aún un documento físico del compromiso entre las dos potencias y no se conocen detalles sobre qué mercancías se verán afectadas y en qué medida. Se prevé que el próximo 15 de enero sea firmado el primer texto sobre la primera fase del acuerdo en Washington. A pesar de la falta de concreción que lo ha caracterizado hasta el momento, el acuerdo servirá para aliviar la guerra comercial entre los dos países.
Un mes antes, en noviembre del año pasado, China fue, igualmente, protagonista en la cumbre de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) celebrada en Tailandia. En el foro multilateral, se sentaron los cimientos de la mayor zona de libre comercio del mundo; un mercado común liderado por Pekín que reunirá 15 países de Asia y el Pacífico y en el que India, por el momento, no está incluida. El punto central del pacto residirá en la eliminación de aranceles sobre las importaciones.
