Venezuela y la libertad de pensamiento político ante un callejón sin salida

El Tribunal Supremo de la nación latinoamericana ha inhabilitado a la directiva de Voluntad Popular (VP) y ha nombrado una nueva “junta directiva ad hoc” liderada por José Gregorio Noriega Figueroa
Edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en Caracas, Venezuela

REUTERS/MARCO BELLO  -   Edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en Caracas, Venezuela

Y vuelta a empezar. El anuncio del Consejo Electoral de Venezuela de convocar nuevas elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre ha dado el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para los comicios en los que se elegirá al próximo presidente de la Asamblea Nacional, sede del poder legislativo y la única institución controlada por la oposición a Nicolás Maduro. En este escenario el Gobierno oficialista ha vuelto a utilizar las viejas reglas del juego inhabilitando este martes a la directiva del partido que lidera Leopoldo López y nombrando en su lugar a José Gregorio Noriega Figueroa, rival político del actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien también formó parte de la formación Voluntad Popular. 

“La dictadura siempre ha querido robarse la Voluntad Popular. Lo ha tratado de hacer a través de fraudes electorales, de persecuciones políticas, de cárceles injustas y ahora trata de hacerlo a través de unos traidores al pueblo venezolano apoyados por unos delincuentes con togas”, señaló a través de la red social Twitter, Leopoldo López, fundador del partido afiliado a la Internacional Socialista y líder de este desde 2009. 

El partido de López ha sido la tercera organización política intervenida durante el último mes, después de que este mismo tribunal suspendiera a mediados de junio a Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), dos de los partidos con mayor representación en la Asamblea del país. Guaidó abandonó el partido a principios desde 2020, para dedicarse “a la presidencia interina de Venezuela”, tal y como anunció durante su discurso de reelección. Varios meses después, la Sala Constitucional del TSJ ha decretado “medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual Dirección Nacional de la organización con fines políticos Voluntad Popular”, señala un comunicado de la Alta Corte venezolana.  

Fotografía de archivo. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena asisten a la ceremonia de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, el 31 de enero de 2020
AFP/YURI CORTEZ - Fotografía de archivo. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena asisten a la ceremonia de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, el 31 de enero de 2020

Según este documento, la nueva cúpula del partido estará formada por José Gregorio Noriega Figueroa, como presidente; así como por Guillermo Antonio Luces Osorio, como secretario general y Lucila Angela Pacheco Bravo, como secretaria de organización. Noriega Figueroa fue expulsado del partido y acusado por algunos de sus compañeros de ser sobornado por el Gobierno. Su objetivo – establece la sentencia – es cumplir las “funciones directivas y de representación de la organización, así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales”. Además, esta nueva junta directiva tendrá el poder de “utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización”, de acuerdo con el documento legal. 

Tras las presidenciales celebradas en 2013, Nicolás Maduro, el candidato elegido por Hugo Chávez, venció a su contrincante Henrique Capriles. Dos años más tarde, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó los comicios parlamentarios con amplia mayoría, lo que les permitió hacerse con dos terceras partes de la Asamblea. La transformación fue única ya que, si hasta 2015 el poder estaba asumido en su práctica totalidad por el partido de Chávez y Maduro; a partir de las elecciones de ese año se rompe el monopolio por parte del actual presidente y el poder comenzó a repartirse entre la Presidencia y la Asamblea. 

El 10 de enero de 2019, la crisis política de Venezuela empeoró a raíz de un comunicado emitido por Maduro en el que anunciaba su intención de iniciar un segundo mandato de seis años; mandato que no reconocían ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional, quienes consideraban que los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018 en los que supuestamente había sido elegido “eran un fraude”.  Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente interino de Venezuela”, aumentando aún más la tensión entre ambas instituciones y empeorando la crisis económica, política y social que castiga a la nación bolivariana, dado que la Asamblea Nacional, sede del poder legislativo, es la única institución controlada por la oposición del presidente.

La reacción de la oposición
El líder de la oposición venezolana Leopoldo López habla con los medios de comunicación en la residencia del embajador de España en Caracas, Venezuela, el 2 de mayo de 2019
REUTERS/CARLOS GARCIA - El líder de la oposición venezolana Leopoldo López habla con los medios de comunicación en la residencia del embajador de España en Caracas, Venezuela, el 2 de mayo de 2019

El fundador del partido Voluntad Popular acusó al TSJ, de corte oficialista, de ser un “traidor al pueblo venezolano”. A través de Twitter, López ha señalado creer estar haciendo las cosas bien y “estar en el lado correcto de la historia”, después de que “los narcotraficantes perseguidos por la justicia internacional, con órdenes de captura y recompensas millonarias; que los culpables de tantas muertes y sufrimiento de inocentes” hayan tomado la decisión de inhabilitar a la junta de su formación política. “A Voluntad Popular no la define unos traidores impuestos por la dictadura, sino la memoria de nuestros hermanos caídos en la lucha, el sacrificio de los presos políticos y de quienes han debido ir al exilio, y la valentía de quienes luchan en las calles de Venezuela”, ha defendido también vía Twitter. 

Además, la que es considerada una de las principales figuras de la oposición ha advertido de que “la dictadura no está dispuesta a medirse en elecciones libres. Eso significa su salida del poder. Hoy ratificamos claramente: Voluntad Popular no convalidará la farsa electoral que la dictadura planea hacer para generar más frustración y descredito en el voto”. Por estos motivos ha anunciado que su postura es “que no se puede luchar por elecciones libres participando en fraudes y farsas electorales organizadas por quienes buscan callar la voluntad del pueblo”. “Nuestro partido, fiel a la lucha por la libertad de Venezuela, no obedece imposiciones dictatoriales”, ha aseverado. 

Un manifestante cubierto con una bandera venezolana frente a las fuerzas de seguridad durante una protesta en Caracas, Venezuela, el 10 de marzo de 2020
REUTERS/CARLOS JASSO - Un manifestante cubierto con una bandera venezolana frente a las fuerzas de seguridad durante una protesta en Caracas, Venezuela, el 10 de marzo de 2020

Para finalizar ha aclarado que su postura es “mantener su lucha de manera firme”, a pesar de los peligros y hasta las últimas consecuencias”. “Desde El Nula hasta Tucupita, desde Caracas hasta Puerto Ayacucho, desde la cárcel o el exilio, ningún activista de Voluntad Popular descansará hasta ver libre a Venezuela”, ha dicho. 

A esta condena se ha sumado también la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, la coalición con la que se presentaron en las últimas elecciones, quien ha mostrado su apoyo al partido y ha calificado la inhabilitación de sus dirigentes como “una nueva acción arbitraria del régimen de Nicolás Maduro”. “El TSJ secuestra la tarjeta, los símbolos y emblemas del partido político naranja para entregárselos a una directiva arribista y usurpadora”, ha agregado. 

“No es el logo, símbolos, colores o una tarjeta electoral. Somos la voluntad de un pueblo que no se rinde ni se doblega, no importa lo que nos toque enfrentar, nuestro compromiso es la libertad de Venezuela. Ninguna sentencia acabará con nuestros ideales”, ha defendido Liseth Sibiada, dirigente regional de Voluntad Popular. 

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también ha mostrado su opinión vía Twitter. “La dictadura se ha ensañado por años contra Voluntad Popular por su rebeldía, por luchar por un país posible y defender la dignidad de nuestra gente” ha dicho antes de advertir de que “ni el brazo judicial de la dictadura ni sus cómplices podrán con eso. Nadie dentro ni fuera de Venezuela se prestará para farsas”.  El Centro de Comunicación Nacional de Venezuela emitió un comunicado tras conocer la noticia culpando a Maduro de “perseguir y violar los derechos de las fuerzas democráticas que luchan diariamente por la dignidad del país”. 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino Juan Guaido
AFP/FEREDICO PARRA – El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino Juan Guaidó

En esta misma línea, el representante en Estados Unidos del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, Carlos Vecchio ha rechazado esta decisión, alegando que “la dictadura cree que al entregarle nuestro partido a unos traidores que se vendieron a la corrupción y al crimen organizado de Maduro, le va a hacer creer a los venezolanos el cuento de que los partidos de oposición avalan su fraude”. Fabiana Rosales, mujer de Guaidó, también se ha unido a estas críticas y ha hecho un llamamiento a la población para vencer al miedo y la desesperanza. “Siempre hemos estado juntos, en la clara convicción de construir el mejor país, de servirle a nuestra gente, de vencer el miedo y la desesperanza, de luchar hasta conquistarlo”, ha subrayado. 

La inhabilitación de Leopoldo López y otras grandes figuras de la oposición se ha producido una semana después de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Indira Alfonzo, anunciara la celebración de comicios este año, a pesar de las críticas recibidas por gran parte de la comunidad internacional. Previamente, este organismo había aprobado de forma unánime las normas para estos comicios y aumentar a 277 el número de diputados susceptibles para ser elegidos para la Asamblea Nacional.  Esta nueva normativa incrementa en un 66 por ciento el número de cargos a elegir en esta Asamblea, pasando de 167 diputados a 277, “para lograr un equilibrio en el sistema electoral”. 

Maduro renueva la cúpula militar 

La polémica en torno a las elecciones ha vuelto a aparecer en Venezuela. Mientras tanto, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro ha ratificado su ministro de Defensa, Vladímir Padrino, así como al jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos. Maduro también ha anunciado la renovación de los comandantes del Ejército, la Armada y la Aviación Militar. “He decidido, una ratificación y una renovación parciales del equipo extraordinario de líderes militares que dirigen el alto mando militar de Venezuela, por eso he decidido ratificar al general en jefe Vladímir Padrino como ministro del Poder Popular para la Defensa y al almirante en jefe Remigio Ceballos como comandante estratégico operacional”, destacó durante un acto de graduación de cadetes. 

Un manifestante con una gorra con los colores de la bandera venezolana sostiene un letrero con "Te amo, mi Venezuela", durante una protesta contra el gobierno del presidente Maduro
PHOTO/RAFAEL HERNANDEZ - Un manifestante con una gorra con los colores de la bandera venezolana sostiene un letrero con "Te amo, mi Venezuela", durante una protesta contra el gobierno del presidente Maduro

Asimismo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado esta semana las violaciones de derechos humanos en la nación latinoamericana y ha observado que “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, refiriéndose al nombramiento de nuevos rectores “sin el consenso de todas las fuerzas políticas”.