La UE aprueba sanciones contra el régimen de Ortega en Nicaragua
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) han adoptado este lunes un marco legislativo que permitirá imponer medidas restrictivas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La medida incluye sanciones económicas a personas y entidades vinculadas con responsables de graves violaciones de derechos humanos, represión de la sociedad civil y abusos contra la oposición de la nación centroamericana.
Con este movimiento, la UE ha mandado un mensaje claro de advertencia al régimen de Ortega respecto del continuo debilitamiento de la democracia, el Estado de derecho y el empeoramiento de la crisis sociopolítica que vive el país desde el mes de abril del año pasado con el estallido de las protestas prodemocráticas, que ya se han saldado con 328 muertos según datos de la Oficina Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Se podrán añadir designaciones específicas en caso de un estancamiento continuado y un ulterior deterioro de los derechos humanos y el estado de Derecho, o se podrán revocar en caso de un avance positivo y decisivo”, rezaba el texto publicado por el Consejo de la Unión Europea explicando las conclusiones que han impulsado este movimiento.
Los 28 Estados de la UE han aclarado que las restricciones tienen “un enfoque gradual y flexible”, se han acordado de forma “específica” para ciertas personas y entidades y han sido pensadas para “no perjudicar a la población nicaragüense”. Las sanciones siguen la misma línea que las que se han llevado a cabo contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela; consistirán en la inmovilización de bienes, congelamiento de los activos de entidades y la prohibición de entrada a la UE. Del mismo modo, ni las personas ni empresas establecidas en territorio comunitario podrán facilitar financiación a los afectados por estas medidas.
Los mandatarios comunitarios han recordado su rechazo al uso de “leyes antiterroristas para perseguir y criminalizar las opiniones disidentes” y ha remarcado su apoyo a una solución pacífica y negociada del conflicto, así como su interés en llevar a cabo un monitoreo de la situación del país conforme al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Los ministros han dado un paso más contra el régimen nicaragüense después de que ya presentaran “firmemente” su condena al uso de la violencia contra a la población civil por parte de fuerzas de seguridad y grupos armados vinculados al Gobierno. El Consejo de la UE ya declaró el pasado mes de enero su intención de explorar sanciones contra el Gobierno de Ortega si no se mejoraba la crisis de seguridad ante las violentas jornadas de manifestaciones.
La UE también ha declarado que las medidas institucionales y legislativas que se aprobaron para promover la reconciliación, como es la Ley de Amnistía del pasado mes de junio “fueron impuestas sin consultas y no respetan los principios internacionales pertinentes”. Igualmente, los ministros europeos han mostrado su preocupación por que no se haya realizado “la restitución de los derechos civiles y políticos” de los presos políticos liberados según lo dispuesto en el acuerdo de marzo de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica, principal grupo opositor, hechos que Bruselas vio como “un avance positivo”.
Los miembros del Consejo de la UE finalmente han reclamado al Gobierno de Ortega que reanude “urgentemente” el diálogo nacional que permita llegar a un acuerdo con la oposición sobre una serie de reformas institucionales y en los procesos electorales para “garantizar elecciones limpias y transparentes” conforme a las normas del derecho internacional, así como que permita volver a Nicaragua su pertenencia a organismo internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que velan por el respeto de tales garantías.
En el cuarenta aniversario de la Revolución Sandinista, Nicaragua lleva arrastrando fuertes jornadas violentas debido a la represión a la que se está aferrando el presidente Ortega después de 15 años consecutivos en el cargo ante las manifestaciones contra su Gobierno. El Parlamento Europeo ya aprobó en el pasado mes una resolución que pedía sanciones individuales a los funcionarios del régimen nicaragüense “que son responsables de la represión que vive el país”.
Nicaragua es el país en el que más ha aumentado la violencia en el mundo, según el Índice de Paz Global de 2019 (GPI, por sus siglas en ingles), y pese a que la Ley de Amnistía prometía abrir el camino para el fin de la violencia, la oposición denuncia que no se han devuelto los plenos derechos a los recién excarcelados ni tampoco se ha hecho justicia a los familiares de los más de 300 personas que han perdido la vida de manos de los grupos armados del Gobierno; en la misma línea ha señalado que Ortega no va a ceder hasta “una presión nacional e internacional extrema”.
