Semana decisiva para el futuro verde de Europa
Es tiempo de negociación en Bruselas. El marco financiero plurianual (MFF), el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea -actualmente con una duración de 7 años- expira en 2020. Sobre la mesa, la necesidad de acordar el próximo MFF 2021-2027, que ya ha sido considerado como el “futuro de Europa”. El próximo 20 de febrero, con motivo de la celebración de la Consejo Europeo extraordinario, los Estados miembros tendrán la misión de lograr una posición común sobre el próximo presupuesto.
“El Parlamento Europeo quiere una reforma presupuestaria posterior a 2020 que coincida con sus compromisos y ambiciones políticas para el futuro de la UE y garantice la continuidad de las principales políticas de la UE, como las políticas regionales y agrícolas. Este presupuesto también debería abordar los desafíos futuros para una Europa más fuerte y más sostenible. Debe promover la paz, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y la igualdad de género, impulsar el bienestar, el crecimiento económico, el empleo de calidad, la solidaridad entre los Estados miembros y los ciudadanos, y contribuir a la lucha contra el cambio climático”, se puede leer en la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo.
Este último punto aspira a convertirse en el epicentro de las negociaciones presupuestarias, en un contexto marcado por la cada vez más acuciante crisis climática -por primera vez en la historia, la Antártida ha registrado una temperatura superior a los 20ºC-, que está trayendo consecuencias de diversos ámbitos: catástrofes naturales, inseguridad alimentaria, escasez de recursos como el agua, etcétera.
Ya en el MFF 2014-2020, la UE acordó comprometer al menos el 20% del gasto -200.000 millones de euros- en cuestiones relacionadas con el clima, integrando tanto la mitigación como la adaptación a la crisis medioambiental en todos los principales programas de gasto comunitarios. El presupuesto actual, en vigor desde hace seis años, se dividió entonces en siete categorías, conocidas como headings: mercado único, innovación y digital (116,4 millones), cohesión y valores (387,2 millones), recursos naturales y medioambiente (399,6 millones), migración y gestión de las fronteras (10 millones), seguridad y defensa (1,9 millones), política de vecindad y global (96,3 millones) y administración pública (70,8 millones). En total, representa el 1,02% de la renta nacional bruta (RNB/GNI) de la UE.
La propuesta que presentó la Comisión Europea en mayo de 2018 para el nuevo MFF contempla el incremento del presupuesto hasta el 1,1% de la RNB, teniendo en cuenta el Brexit -que supone dejar de ingresar entre 5.000 y 17.000 millones de euros anuales a la partida comunitaria, en función de si el resto de Estados miembros deciden aumentar sus contribuciones-. Sin embargo, el Parlamento Europeo considera esta proposición “insuficiente” y asegura que, solo llegando al 1,3%, se podrían hacer frente a los compromisos adquiridos por la UE con los ciudadanos.
De hecho, la propuesta de la Comisión aboga por reducir la partida de recursos naturales y medioambiente en comparación con el anterior MFF a los 336,6 millones, mientras que la Eurocámara defiende el incremento del gasto hasta los 404,7 millones. “Convertirse en el primer continente neutral para el clima requiere cambios sin precedentes en nuestras economías y nuestras sociedades. Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores y las personas más afectadas por estos cambios no sean olvidados. No podemos permitir que la lucha contra el cambio climático conduzca a una mayor desigualdad. Las propuestas actuales son inadecuadas y deben fortalecerse para que el Parlamento respalde un acuerdo”, ha advertido recientemente el presidente del Parlamento, David Sassoli.
Cabe recordar, en este punto, que con el arranque de la nueva legislatura tras la celebración de las elecciones europeas, la Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, presentó el pasado 11 de diciembre de 2019 el ‘Pacto Verde Europeo’, definido como “una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible, transformado los retos en materia de clima y medioambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea justa e integradora para todos”.
El Pacto se compone de dos herramientas fundamentales: la primera ‘Ley del Clima Europea’ -recoge la ambición política de ser el primer continente climáticamente neutro en 2050-, que todavía no se ha presentado; y el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, junto con el Fondo para una Transición Justa, ambos publicados el pasado 14 de enero.
Estos dos últimos mecanismos permiten, fundamentalmente, la movilización de la inversión pública y el desbloqueo de fondos privados a través de los instrumentos financieros de la UE, sobre todo InvestUE, que podría derivar en una inversión de, mínimo, un billón de euros, según explican desde la Oficina de Prensa de la Comisión. Además, con el Fondo para la Transición se va a asegurar que las regiones más afectadas reciban, al menos, 100.000 millones de euros durante el nuevo MFF, para “mitigar el impacto socioeconómico de la transición”.
Todo ello está encaminado a cumplir los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030, que requieren 260.000 millones de euros de inversión adicional, lo que supone el 1,5% del PIB de 2018. Desde la Zona de Prensa aseguran, a este respecto, que “al menos el 25% del presupuesto de la UE a largo plazo deberá dedicarse a la acción por el clima”.
El bloque comunitario ha conseguido reducir en un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2018, pero todavía queda un largo camino por recorrer hasta llegar a las 0 emisiones netas, objetivo marcado para dentro de 30 años.
