Los desafíos de la Operación Irini de la Unión Europea
“La mejor manera de enfrentar los desafíos del Mediterráneo Central, como las oleadas migratorias, es a través de la estabilización de Libia. Y esto depende de la Operación Irini, entre muchas otras cosas”, declaraba el pasado 12 de mayo el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en rueda de prensa. El funcionario comunitario reivindicaba, entonces, la necesidad de que la nueva misión lanzada por Bruselas para garantizar el embargo de armas impuesto sobre el país norteafricano entrase en pleno funcionamiento de una vez por todas, tras los innumerables desafíos a los que ha tenido que hacer frente desde que fuera anunciada el pasado mes de febrero, tan solo un par de días después de que se celebrara la Conferencia de Berlín, donde las principales potencias internacionales se comprometieron a no injerir en el conflicto.
Pero nada más lejos de la realidad. En estos cuatro meses, se han registrado continuas violaciones del embargo de armas, sobre todo, protagonizadas por Turquía, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, acudió a la cumbre de la capital alemana. La nación euroasiática ha enviado mercenarios, armamento y equipos técnicos de su propio ejército a Libia para apoyar a las filas del Gobierno de Unidad Nacional (GNA, por sus siglas en inglés), liderado por el primer ministro Fayez Sarraj y auspiciado por la ONU. Para ello, ha utilizado diferentes métodos: a través de Túnez, país con el que ha reforzado la cooperación en todos los ámbitos últimamente -gracias a la llegada al poder del mandatario Kais Saied, y del presidente del Parlamento Rashid Ghannouchi, de corte islamista-, por medio de embarcaciones satélite, como la libanesa Bana, o, directamente, con buques de su propia armada, cargados tanto de equipamiento como de personal militar. También ha colaborado con Qatar y la organización de los Hermanos Musulmanes para fortalecer su posición en el país.
Del mismo modo, en el bando rival, el Ejército de Liberación Nacional (LNA, por sus siglas en inglés), encabezado por el mariscal Jalifa Haftar, se han identificado incumplimientos de la no injerencia acordada en Berlín. De hecho, la ONU reveló a principios del mes de mayo que Rusia había enviado a Libia hasta 1.200 mercenarios del Grupo Wagner para engrosar las filas del LNA.
Con este escenario, una misión militar que controle los movimientos de las potencias involucradas en la guerra civil libia se vuelve imprescindible para lograr la estabilidad del país, como señalaba Borrell en la intervención citada anteriormente. Sin embargo, la Operación Irini, que debería estar funcionado ya a pleno rendimiento, ha encontrado una serie de obstáculos en su puesta a punto que allanan el camino para nuevas violaciones del embargo de armas y de la cláusula de no injerencia.
El primer desafío está representado por Malta, que decidió retirarse de la misión el pasado 8 de mayo. Según informó el diario local Malta Today, las autoridades de La Valeta notificaron a la Comisión Europea que no comprometerían ningún activo militar para la Operación, así como que vetarían cualquier decisión referida a los procedimientos de gasto para el desembarco de migrantes, el desvío de puertos o la elegibilidad de aviones no tripulados. El Gobierno maltés alegó que, debido al coronavirus, se enfrentan a una “crisis sin precedentes” y que no han recibido ningún “apoyo tangible” ni “solidaridad” por parte de la Unión Europea, “a pesar de las muchas solicitudes de reubicación [de migrantes] y de discusiones sobre la necesidad de una solución permanente”. El Ejecutivo recordó, en esta línea, que las llegadas a Malta por medio del Mediterráneo Central se habían incrementado en un 438% en los últimos tres meses, una cifra inasumible para las autoridades maltesas al no haber recibido ayuda por parte de Bruselas. De hecho, el pasado 16 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores, Evarist Bartolo, reiteró el llamado para obtener más ayuda de la UE para llegar a Libia, con un enfoque particular en la atención médica debido a la crisis del coronavirus, según informó el medio local Times of Malta. Sobre la decisión de no participar en la Operación Irini, el responsable de la diplomacia maltesa se mantuvo firme: “Nuestra posición no cambiará hasta que se aborde la crisis migratoria”, puntualizó.
A este motivo, que podría considerarse como totalmente legítimo, se le suma otro más opaco. En el mes de febrero, salió a la luz un pacto hasta entonces secreto entre Malta y el GNA libio para frenar la llegada de migrantes al pequeño país europeo. En el marco del acuerdo, se estableció una especie de ‘teléfono rojo’, una línea de comunicación directa que mantenía en contacto permanente a la Oficina del Primer Ministro de Malta con las autoridades de la Guardia Costera libia. Esto contravenía los principios de la UE, que recogen que la gestión común de las fronteras exteriores. Por ello, Malta podría haber abandonado la Operación Irini para no ver perjudicado su pacto con el GNA, que le permitía controlar las rutas de migrantes hacia su país al margen de las doctrinas y mecanismos de Bruselas, considerados como ineficaces por La Valeta. “Evitamos una crisis nacional”, justificaba entonces el acuerdo el coordinador de la Oficina del Primer Ministro, Neville Gafà.
El segundo desafío lo encarna Alemania, contra todo pronóstico. La agencia de prensa DPA se ha hecho eco de un informe del Ministerio de Economía del país en el que se recoge que el Gobierno de Berlín aprobó exportaciones de armas por valor de 331 millones de euros a países acusados de apoyar a las partes en la guerra en el país. En concreto, a Egipto, en operaciones por valor de 308,2 millones de euros; y a Emiratos Árabes Unidos (EAU), con 7,7 millones, ambos benefactores del LNA; pero también a Turquía, con 15,1 millones, principal baluarte del GNA.
Lo sospechoso de este asunto es que Alemania forma parte de la Operación Irini, específicamente con 300 soldados, cuyo despliegue fue aprobado a principios de mayo, con un avión de patrulla marítima P3C-Orion, operado por 80 efectivos, y con una fragata con 200 militares, que será enviada al Mediterráneo en el mes de agosto. Por ello, el analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Felipe Sánchez Tapia, se pregunta en Twitter si “¿no sería paradójico que un cargamento de armas alemanas enviado a Libia por uno de esos países acabe interceptado por un buque alemán?”.
En la misión de la UE también participan actualmente Francia, con la fragata antiaérea FS Jean Bart (D 615); Luxemburgo; Polonia, con apoyo aéreo; Italia, proporcionando su territorio como base de la Operación y sus instalaciones militares para el despliegue de los equipos; y Grecia, que ha anunciado recientemente que enviará a la fragata Hydra a finales de mayo, junto con un helicóptero y un equipo especialmente capacitado para llevar a cabo operaciones VBSS (Visit, Board, Search and Seizure, que en español significa Visita, Junta, Búsqueda e Incautación).
El tercer desafío hace referencia a las continuas acusaciones de falta de imparcialidad que ha recibido la Operación Irini desde que fue anunciada en el pasado mes de febrero. Ankara ya rechazó hace dos semanas la puesta en marcha de la misión y acusó a Europa de “engañar a su aliado en Trípoli”. El Ejecutivo de Sarraj también mostró su oposición a la nueva misión naval de la UE, a la que calificó de “sospechosa” y partidista, pues aseguran que solo monitorearán los movimientos del GNA y sus aliados, ignorando las actividades de la facción rival encabezada por Haftar. De hecho, a principios del mes de mayo, el primer ministro libio solicitó una “investigación exhaustiva sobre la iniciativa militar de la UE para monitorear el embargo de armas de la ONU al país”, como recogió la agencia turca Anadolu. “Libia se opone a la Operación porque no logra evitar que la ayuda militar llegue al LNA del comandante renegado Jalifa Haftar, ya que solo controla el mar, por lo que se debe llevar a cabo una vigilancia integral por tierra, aire y mar”, subrayó Sarraj.
En este sentido, el analista Tobias Pietz explica en EU Observer que “con sus barcos, solo podrá garantizar la implementación del embargo de armas por mar: será posible la observación terrestre y aérea, pero no la intervención”, por lo que la misión podría ser ineficaz, sobre todo, a la hora de controlar el suministro de equipamiento a la facción de Haftar, que lo recibe fundamentalmente por vía terrestre y aérea, a través del Aeropuerto de Benghasi y la frontera oriental del país.
“La nueva misión de la UE amenaza con degenerar en una operación puramente simbólica si los Estados miembros continúan interactuando unilateralmente con las partes en conflicto en Libia”, aseguran, por su parte, los autores de un informe publicado por la Fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) alemana.
Recogiendo este planteamiento, el experto Martin Kreickenbaum también denuncia motivos ocultos en la puesta en marcha de la misión comunitaria en WSWS: “La UE y el Gobierno alemán planean hacer retroceder a sus rival, Turquía, para el control de las ricas reservas de petróleo de la costa libia y en el Mediterráneo oriental, y estar en primera línea en la nueva lucha sobre África”, asegura.
El cuarto y último desafío apunta a la crisis de legitimidad que podría azotar a la Unión Europea. La Operación Irini fue lanzada en sustitución de la Operación Sophia, que fue concebida para luchar contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de migración irregular y evitar que muriese más gente en el mar, como recoge el Ministerio de Defensa del Gobierno de España en su página web. Ahora, con la suspensión de sus actividades, la UE ha relegado a un segundo plano -por no decir inexistente- los rescates de los migrantes en el Mediterráneo central, con lo que eso conlleva: la gestión de estos flujos íntegramente por la Guardia costera libia -acusada de tratos inhumanos- y las mafias, que pueden operar libremente ahora sin la intervención de la UE. “A Europa le resultará difícil seguir siendo visto como un agente honesto en el proceso libio. Todavía hay una necesidad de rescate marítimo. La gente se está ahogando en el Mediterráneo”, declara Pietz, quien también sostiene que “hubiera sido decididamente mejor no mezclar nuevos problemas relacionados de la vigilancia del alto el fuego y el control de la migración a raíz de la Conferencia de Berlín”.
Este lunes, Borrell telefoneaba a Sarraj con el objetivo de reconducir las negociaciones de paz en Libia e implementar de forma efectiva la Operación Irini. Pero ambos continúan estancados en su discurso: mientras el alto representante de la UE recalcaba que la misión militar es una contribución al retorno de la estabilidad en el país, así como una expresión operativa de su compromiso concreto con la Conferencia de Berlín liderada por la ONU; el primer ministro libio insistía en su rechazo por no detener el flujo de armas a las fuerzas de Jalifa Haftar. Por ello, solo con el acercamiento entre las dos posturas -antagónicas hasta el momento- será posible encauzar la Operación Irini, fortalecer una estrategia para abordar la crisis migratoria en el Mediterráneo y resolver la guerra civil libia, abierta y sangrante desde el año 2011. Un conflicto que dura ya mucho tiempo.
