Opinión

Cortar Internet, la última moda entre los gobiernos autoritarios

photo_camera Cortar Internet

Los cortes de Internet en momentos de convulsión social son una práctica cada vez más habitual. De hecho, 2019 ha sido el año con más bloqueos e interrupciones del servicio desde que existe la red de redes. Según los expertos en ciberseguridad y derechos digitales Simon Migliano y Samuel Woodhams, el año pasado se produjeron un total de 122 cortes totales o parciales de Internet en más de 21 países, con una duración superior a las 18.000 horas y unas pérdidas económicas estimadas en más 8.000 millones de dólares. Irán, Irak, Indonesia, Etiopía y Venezuela se encuentran entre los países que han restringido el acceso a Internet en 2019, aunque la lista es mucho más larga.

Normalmente, los gobiernos interrumpen o ralentizan Internet cuando se producen protestas continuadas. El objetivo de los cortes es dificultar que los manifestantes se coordinen o convoquen nuevas acciones, a la vez que se evita la difusión de vídeos e imágenes que muestren la más que probable brutalidad policial. En algunos países, como Argelia o Irak, también se restringe el servicio durante época de exámenes para evitar que los estudiantes copien, y en muchos Estados africanos los apagones se producen en época de comicios, lo que facilita las irregularidades electorales.

Estas medidas excepcionales afectan gravemente la economía de los países que las adoptan. El comercio electrónico queda obviamente interrumpido, pero además se dificultan seriamente las comunicaciones entre instituciones públicas, ciudadanos y empresas, lo que causa pérdidas y mucha incertidumbre cuando los cortes son continuados. Para evitar estas situaciones, algunos gobiernos optan por impedir únicamente el acceso a las redes sociales y permitir la navegación normal en el resto de páginas web.

Las plataformas habitualmente más afectadas son WhatsApp, Facebook e Instagram, seguidas por Twitter y, en mucha menor medida, YouTube. Esta opción causa menos pérdidas económicas, pero también es menos eficaz, ya que muchos usuarios consiguen evadir las restricciones de navegación mediante el uso de VPNs. 

Los tres países que más horas limitaron el acceso a la red durante 2019 fueron Chad, Myanmar e India. Chad estuvo sin internet desde marzo de 2018 hasta julio del año pasado. El pretexto fue evitar problemas después de que el parlamento decidiera extender el mandato del presidente Deby ―en poder desde 1990― aunque con apenas un 6,5% de ciudadanos con acceso a Internet el efecto de los cortes no ha sido excesivo. Myanmar, en el punto de mira de la comunidad internacional tras el genocidio de los rohinyá, ha bloqueado el acceso completo a Internet en varias de las ciudades de la región occidental del país, precisamente la zona donde vivían los rohinyá. En algunas de estas ciudades el veto no ha sido levantado todavía, lo que hace temer por las condiciones de los pocos rohinyá que queden allí.

El caso más llamativo es el de India, la supuesta mayor democracia del planeta. 2019 ha supuesto un punto de inflexión en la evidente deriva autoritaria del primer ministro Narendra Modi, populista de extrema derecha y seguidor de la corriente religioso-nacionalista Hindutva. La región de Jammu y Cachemira, la única de la India con mayoría de musulmanes y hogar de más de 12 millones de personas, se quedó sin internet ni teléfono el 4 de agosto del verano pasado. Un día más tarde, Modi anunció su intención de revocar el estatus especial que la región disfrutaba desde la independencia, reforzó la presencia militar y policial y arrestó a destacados líderes políticos como la expresidenta de la región, Mehbooba Muftí. 

Desde entonces, Internet no ha vuelto de forma completa a la región e informarse de la situación es muy complicado. La vida cotidiana de sus habitantes se ha visto gravemente afectada: muchos trabajadores no pueden recibir sus sueldos ya que la banca online no funciona ―recordemos que el Gobierno indio está tratando de acabar con el dinero en efectivo. Cada día, miles de personas toman el tren hacia Jammu y Banihal, las únicas ciudades donde el gobierno ha permitido la banda ancha móvil, para poder conectarse durante unas horas.  Los empresarios son también incapaces de sacar adelante sus negocios, y las pérdidas totales se estiman en más de mil millones de dólares. El gobierno indio también ha limitado el acceso a Internet en otras áreas del país ―se han documentado más de 100 cortes en 2019―, pero la única zona con un apagón continuado ha sido Cachemira.

Los gobiernos autoritarios son conscientes de la amenaza que supone el libre acceso a la red. En 2016, la ONU aprobó una resolución no vinculante que condenaba los cortes de Internet y establecía que el acceso a la red debería ser un derecho humano básico. Sin embargo, todo parece indicar que en el futuro cada vez más países recurrirán a este tipo de medidas ―a pesar de su enorme impacto económico― e incluso optarán por desvincularse totalmente del Internet global. Rusia, Irán y China están experimentando con sus propias intranets y es posible que se les unan más países. Mientras tanto, doce millones de personas en India llevan casi medio año sin poder conectarse a la red y sin saber cuándo podrán hacerlo de nuevo, si bien este sábado las autoridades han anunciado que han restablecido el servicio, aunque restringido a 301 páginas web y sin redes sociales.