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Cuatro ciudades libres y firmes aliadas de la UE

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Mientras se ventila si el populismo ultranacionalista de Polonia y Hungría es motivo suficiente para vetar la llegada de los fondos de la Unión Europea para la recuperación de sus economías, las cuatro capitales de los países de Visegrado –los dos mencionados más Eslovaquia y Chequia- han vuelto a reiterar a Bruselas su petición de que buena parte de esos fondos lleguen directamente a las ciudades. 

Hace dos años, el 16 de diciembre de 2019, los alcaldes de Bratislava, Matús Vallo, de Budapest, Gergely Karácsony, de Praga, Zdenek Hrib, y de Varsovia, Rafal Trzaskowski, firmaban el Pacto de Ciudades Libres. Una ceremonia, celebrada simbólicamente en el antiguo campus de la Universidad Centroeuropea de Budapest, impulsada y financiada por el multimillonario de origen húngaro George Soros, pero que hubo de trasladar sus instalaciones a Viena, tras ser declarada “al servicio de intereses extranjeros espurios” por el Gobierno magyar de Viktor Orban. 

El pacto se produjo en el momento en que la tensión entre el Grupo de Visegrado (V4) y la UE se hacía cada vez más evidente, a través de una reivindicación crecientemente populista y nacionalista de los países en cuestión, mientras que en la UE se pugnaba por fomentar el cierre de filas tanto ante las consecuencias del Brexit como ante las amenazas derivadas de la catástrofe climática y de los nuevos flujos masivos de inmigrantes. 

Se dio la circunstancia de que los líderes de las capitales del V4 eran independientes o pertenecían a partidos de oposición, compartiendo una misma visión política en la que prevalece “proteger todo lo bueno que hay en la pertenencia a la Unión Europea”. Los cuatro alcaldes denunciaron al unísono su firme oposición a secundar la “deriva antieuropea” de sus respectivos gobiernos en cuestiones tan sensibles como la inmigración, la justicia, la corrupción o el cambio climático. Resaltaron que la región de Visegrado tiene la mayor concentración de diversidad social, religiosa, política, étnica y nacional de toda Europa, pero que de alguna manera “se está cerrando a la influencia del mundo occidental libre”. 

De hecho, los cuatro alcaldes se han convertido en los opositores más visibles a sus respectivos Gobiernos, lo que ha disparado sus respectivas valoraciones en las encuestas de opinión, todos ellos por encima de los porcentajes con los que fueron elegidos. 

Que Bruselas no nos deje solos

Dos años después de la firma de aquel pacto, los alcaldes reclaman de Bruselas que “no les deje solos”, y que se arbitren soluciones para que buena parte de los fondos de recuperación vayan directamente a las ciudades y a sus respectivos programas municipales, con todos los filtros y exámenes que sean precisos, pero eviten pasar en su totalidad por las manos de sus respectivos Gobiernos, a los que acusan de actuar y hacer todo lo posible para desviarlos a otros objetivos, que lo que buscan en última instancia es debilitarlos políticamente. 

Bruselas está pendiente precisamente de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) le autorice definitivamente a utilizar los fondos como arma frente a los países que no cumplan las reglas o no respeten el acervo comunitario. Pero los alcaldes de las capitales, a las que no tienen empacho en calificar como “islas de libertad, tolerancia y apertura en medio de un mar populista, sitiadas en un entorno político caracterizado por la centralización del poder”, piden que Europa les facilite la obtención directa de recursos de la UE sin depender por completo de los gobiernos nacionales. 

Gergely Karácsony, el primer edil de Budapest, no ha tenido nunca pelos en la lengua para argüir que una gran parte del dinero comunitario llega en realidad habitualmente a oligarcas cercanos al poder, en alusión a los escándalos destapados recientemente en Hungría y la República Checa.

Por su parte, el alcalde de Praga, Zdenek Hrib, remacha que Bruselas debería tener en cuenta que “las ciudades son motores de crecimiento”, y que los Gobiernos que quitan dinero a las ciudades por razones políticas perjudican en realidad a toda la región. Todos ellos suscriben asimismo la idea de que “son las ciudades desde donde se puede promover mejor la innovación, hacer frente al cambio climático y hacer revertir las señales que apuntan a una crisis de la democracia”.  

Parece que, además de escucharlos, podría ser muy conveniente para el conjunto de la UE que Bruselas les hiciera caso.