El ex primer ministro italiano Matteo Renzi, a punto de sentarse en el banquillo por financiación irregular

Conocido es que la financiación de los partidos políticos es uno de los temas que más polémica y más judicialización suelen conllevar en la vida pública de muchos países. En el caso de Italia, en su momento se llevó por delante la vida política de uno de los políticos más deslumbrantes del último tercio del siglo XX, el lombardo Bettino Craxi (1934-2000), quien, avasallado por tantos “avvisi di garanzia” (imputaciones) que recibió entre mediados de 1992 y mediados de 1994, no tuvo más remedio que acabar exiliándose en la pequeña localidad tunecina de Hammamet, donde fallecería casi seis años después, cuando se encontraba a punto de cumplir los 66 años de vida.

Casi treinta años después del célebre macroasunto de corrupción conocido como “Tangentopoli” y que conllevó la operación “Mani pulite” (“Manos limpias”), es ahora otro deslumbrante político, Matteo Renzi, quien está cada vez más cerca de tener que rendir cuentas ante la Justicia. Y es que, cuando lo comparamos con Craxi, no debemos olvidar que Matteo Renzi es aún el hombre más joven en sentarse en la Presidencia del Consejo de Ministros: tras más de 75 años de vida republicana e igualmente tras 31 “premiers” diferentes, fue Renzi el que con tan sólo 39 años recién cumplidos aceptó el 14 de febrero de 2014 el “incarico” de formar Gobierno por parte del presidente de la República.

Lo cierto es que Renzi, que presidió el tercer Gobierno republicano más longevo de la historia (1.020 días) tiene un gravísimo problema llamado “Fundación Open”, que fue, en esencia, su plataforma de lanzamiento político. Esta fundación, que se creó en 2012 y cesó su actividad en 2018, fue la que financió, entre otras cosas, la asamblea política anual que celebra Renzi en la antigua estación de Florencia, su ciudad natal, y que recibe el nombre de “Leopolda”. Pero financió muchos más eventos políticos, siendo clave para que Renzi pudiera presentarse a las primarias del Partido Democrático (PD) de 2012 (que perdió contra Pierluigi Bersani) y de 2013 (que ganó con un apabullante 70% de los votos, un triunfo que repetiría en junio de 2017 con la misma cifra ganadora), además de otros eventos.

El problema no es haber creado una fundación ni haber celebrado asambleas políticas. El problema es otro: para la “Procura” de Florencia, la Fundación Open actuó, en realidad, como un partido político, por mucho que Renzi concurriera en todo momento bajo las siglas del PD, y, por ello, tenía que haber declarado, y con ello pagar los impuestos correspondientes, el dinero recibido, pero en la práctica lo que hizo fue beneficiarse de las exenciones fiscales que toda fundación tiene. Una tesis que el ex primer ministro toscano rechaza de plano, ya que considera que la “Fundación Open” era más bien una especie de “laboratorio de ideas” sin ánimo de lucro y por ello tanto él como sus colaboradores actuaron en todo momento según lo que la ley disponía.

Lo cierto es que la investigación, iniciada en el año 2018, ya ha finalizado, los jueces instructores han concluido el sumario, y han decidido que Renzi y ocho colaboradores suyos (entre ellos su “mano derecha”, Maria Elena Boschi, que fue en el Gobierno Renzi ministra sin cartera para la Reforma Constitucional), han de sentarse en el banquillo. De ser así, esto podría suponer el final de la carrera política de Renzi, ya que, en un momento en que resulta clave el coaligarse para poder presentarse a las elecciones generales que se celebrarán dentro de un año, parece claro que nadie va a querer hacer coalición con un Renzi cuya foto sentado en un banquillo no resulta lo más conveniente para ganar votos.

Claro que el joven político toscano no se ha quedado quieto. Ni corto ni perezoso, no sólo se ha querellado contra los tres magistrados que le han de juzgar, sino que le faltó tiempo para presentarse en el programa de política más visto en el país (“Porta a porta”, dirigido por el veterano y prestigioso periodista de la RAI Bruno Vespa) y allí hizo público que uno de los magistrados de este tribunal, por poner un ejemplo, y que responde al nombre de Giuseppe Creazzo, fue condenado en su momento por haber cometido abusos sexuales. Ante las cámaras de televisión que le enfocaban, Renzi mostró los documentos que acreditaban la condena de Creazzo, afirmando que no pensaba dejarse juzgar por un alguien con tan poco crédito. Así que ha pedido amparo al Consejo Superior de la Magistratura de Génova, solicitando la asignación de otro tribunal.

Suceda lo que suceda, es clara la táctica de Renzi: a base de recursos y más recursos, busca que cuando ya sea inevitable sentarse en el banquillo ya se hayan celebrado las siguientes elecciones generales. Y con ello poder salvar su carrera política, que se encuentra en su momento más delicado desde que en 2009 se convirtiera en alcalde de Florencia.

En realidad, el país hace mucho tiempo que tiene un grave problema con la Justicia, que dilata en exceso los plazos y que ha llevado a que el actual primer ministro, Mario Draghi, se comprometa a una reforma en toda regla del actual sistema judicial para que no transcurra tanto tiempo entre imputación, interrogatorios, juicio, posible condena o declaración de inocencia o no culpabilidad.

Además, más allá de la baja popularidad de Renzi, perceptible en las encuestas de intención de voto mes tras mes, es conocida la tendencia de la izquierda, por lo general incapaz de ganar en las urnas a la derecha salvo contadas ocasiones (en lo que va de siglo solo Bersani ha sido capaz de ganar unas elecciones generales, y por la mínima, en febrero de 2013), a judicializar la vida política. Porque no sólo Renzi tiene problemas con la justicia, sino también el principal líder del centroderecha, que no es otro que Matteo Salvini, a quien ya antes del verano de 2019 se le había acusado de llevarse una “mordida” de más de 50 millones de euros para financiar su partido utilizando una empresa pública (lo que se conoció como “Moscopoli”). Paradójicamente, en lo que parece una mera coincidencia pero que en realidad no lo es, de “Moscopoli” no se ha vuelto a hablar desde que Salvini dejara de ser viceprimer ministro y titular de Interior tras su fallido intento, en agosto de 2019, de provocar unas elecciones anticipadas. Y es que, desde entonces, Salvini no ha hecho más que caer en picado: fue derrotado en las elecciones de Emilia-Romagna (enero de 2020); solo ganó en cuatro de las siete regiones en liza en las elecciones de septiembre de ese mismo año; y en octubre de 2021 sus candidatos a las principales ciudades en liza (entre ellas la capital del país, Roma) perdieron abultadamente frente al candidato o candidata del centroizquierda.

El tiempo dirá si Renzi es culpable o no, y si es o no el final de su carrera política. Pero lo que sí que es claro es que estamos ante la enésima ocasión en que un político (y normalmente perteneciente al centroderecha) se da de bruces con la Justicia justo cuando está en su mejor momento político. Porque, en el caso de Renzi, en una legislatura donde le han puesto zancadillas hasta la extenuación, comenzaba a sacar la cabeza y a pensar en una coalición fuerte que le diera la posibilidad de revalidar escaño y seguir siendo uno de los principales políticos del país. Pero primero toca afrontar la realidad judicial, y Renzi está dispuesto a ir a por todas. Y ya sabemos que el aún joven político toscano no es persona que se arredre ante ningún tipo de adversidad.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es Profesor del Centro Universitario ESERP y autor del libro Historia de la Italia republicana, 1946-2021 (Sílex Ediciones, 2021).