Opinión

El Gobierno pierde su interlocutor ante la comunidad musulmana

photo_camera Riay Tatary Bakry

La muerte por COVID-19 del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary Bakry, deja al Gobierno de España sin interlocutor ante los dos millones de musulmanes existentes en España. Tatary, un médico de origen sirio, representaba ante la Administración un islam moderado, dialogante y pragmático. 

La Comisión Islámica de España, situada en la cumbre de la pirámide de las organizaciones representativas de los fieles de esta creencia religiosa, ha sido durante años una mutua encargada de distribuir bienes y prebendas que el Gobierno español le otorgaba para hacer frente a las necesidades socioeconómicas de sus adherentes, al tiempo que se erigía en muro de contención frente a las corrientes más exigentes del islam, radicales o no, a las que se adhieren la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en España. 

Según las estadísticas que maneja la Administración española, la gran mayoría de los musulmanes que viven en España son de origen marroquí, muchos con nacionalidad española y otros solo residentes. En el seno de esta mayoría de creyentes, hay dos grandes corrientes: la de los seguidores del Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) que gobierna en Marruecos y la del movimiento Justicia y Caridad (Ahl ual Ihsan), tolerado en Marruecos y que tiene un apoyo masivo de activistas y fieles. La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), dirigida por Munir Benjelún, que les representa, estuvo a la cabeza de la Comisión Islámica de España durante un tiempo de forma conjunta con la UCIDE de Riay Tatary, hasta que el Gobierno intervino para marginar a los representantes marroquíes, incómodos para Madrid por su actitud crítica hacia la monarquía marroquí, e indomesticables. 

La actitud del Ejecutivo español de privilegiar a los seguidores de Tatary en detrimento de los partidarios de Benjelún no fue, sin embargo, bien vista por los servicios antiterroristas españoles, ya que sobre el imán de la mezquita de Madrid Riay Tatary hubo sospechas de vínculos con células de Al-Qaeda, mientras que la posición de los islamistas marroquíes seguidores de Justicia y Caridad era claramente de condena del terrorismo.

En algunos círculos de la inteligencia española se cree que la mejor fórmula para al futuro de la Comisión Islámica de España es la de volver a la copresidencia entre sus dos organizaciones subsidiarias: la FEERI de Benjelún y la UCIDE heredera de Tatary. 

Porque la cuestión de actualidad es: ¿cuál va a ser el papel que desempeñará la organización de los musulmanes españoles en el post COVID-19? Una vez terminado el estado de Emergencia Sanitaria, se replantearán las cuestiones pendientes: el futuro de los inmigrantes sin papeles, de los que una gran parte son musulmanes; los menores indocumentados; la participación socio-profesional de los musulmanes en la reconstrucción después de la crisis, y el papel de las organizaciones religiosas en los necesarios cambios que se introducirán en la legislación y en la Constitución que se reformulará tras la crisis. Si el Gobierno opta por continuar con la marginación de los marroquíes de Justicia y Caridad, que son mayoritarios en Cataluña y el Levante español, solo saldría beneficiado el independentismo. Curiosamente, los musulmanes de España, algo menos de un 5% de la población, pueden ser un factor de cohesión de la nación, y no una fuente de divergencia.