Elecciones presidenciales en Sri Lanka: optando entre lo malo y lo peor
Con la peculiaridad de que por vez primera ni el presidente del país, ni su primer ministro, optan a la reeleción, Sri Lanka elige un nuevo presidente después de que los atentados terroristas del día de Pascua -que dejaron más de 250 muertos y al menos 500 heridos- hayan hecho tambalear la confianza en las autoridades.
Hasta 35 diferentes candidatos compiten para sustituir al presidente saliente Maithripala Sirisena, cuyo mandato termina con la resaca de su pobre gestión. Los dos candidatos que parecen contar con más opciones de llegar al poder son el antiguo ministro de Defensa Gotabaya Rajapaksa, del Frente Popular, y el ministro de Vivienda Sajith Premadasa, del Partido Nacional Unido, actualmente en el poder. Rajapaksa es hermano de Mahinda Rajapaksa, bajo cuyo mandato se puso fin a la guerra civil de 25 años con los separatistas tamiles, en una operación militar supervisada por el propio Gotabaya Rajapaksa, y que fue objeto de acusaciones generalizadas de crímenes de guerra.
Garantizar un marco estable para el desarrollo económico de la isla será el principal reto de quien salga elegido, por lo que las cuestiones de seguridad seguirán marcando la política del país. Una muestra de ello es que el segundo favorito, Premadasa ha prometido nombrar como ministro de defensa al ex-militar Fonseka, que desde su escaño en el parlamento ha sido muy crítico con la gestión del actual gobierno, antes y después de los recientes atentados. Se da la circunstancia de que el padre de Premadasa, Ranasinghe Premadasa, fue asesinado por los Tigres Tamiles en 1993 cuando era presidente de Sri Lanka.
Ninguno de los dos candidatos favorece los intereses de la minoría tamil, por lo que el nuevo gobierno adolecerá de falta de grandes consensos nacionales desde el primer día, lo que hará todavía más compleja la gestión de su política exterior, que debe reconciliar la necesidad de recibir ayuda urgente del Fondo Monetario Internacional, con las relaciones con India y China, y con las aspiraciones tamiles de compartir el poder mediante un modelo federal propiciado por la desmilitarización de las zonas predominantemente tamiles en el norte y este del país, y una política de reconciliación nacional que incluya la liberación de presos tamiles y dar una salida digna al problema de los desaparecidos.
Premadasa, que necesita del voto de tamiles y musulmanes para ganar, puede verse inclinado a atender parcialmente las reivindicaciones tamiles, pensando ya en las elecciones al parlamento en marzo de 2020. Su manifiesto electoral recoge propuestas que van en esta línea, tal y como la creación de un fiscal independiente; que favorece las demandas de justicia de tamiles y musulmanes.
Por el contrario, una victoria de Rajapaksa dificultaría el encaje tamil en la política nacional, y complicaría la relación con la India -que tiene una población tamil de 68 millones en el estado indio de Tamil Nadu, adyacente a Sri Lanka- un vecino que ha sido tradicionalmente desdeñado por el partido de Rajapaksa, propenso a favorecer a China. Además, incentivaría a Premadasa a enfocar su acción como líder del partido de la oposición en abanderar, al menos nominalmente, la causa de los derechos humanos de los tamiles para desequilibrar a Rajapaksa, quien por su parte hace bandera de la intolerancia hacia los tamiles, y cuyos partidarios se inclinan por las políticas represivas hacia las minorias ceilandesas para que prevalecezcan los intereses de la mayoría cingalesa.
De hecho, Rajapaksa ha convertido el eje central de su campaña en la promesa de implantar un gobierno tecnocrático de corte autoritario, formado por más profesionales que políticos, para llevar a cabo políticas caracterizadas por la relativización de los derechos individuales en favor de la seguridad nacional, lo que previsiblemente llevará a aumentar los temores entre las minorías y los activistas por los derechos humanos, y desembocará en tensiones étnicas que dificultarán, aún más si cabe, la recuperación de la industria turística de la que depende la economía del país.
La perspectiva del presidencialismo nacionalista de Rajapaksa causa también aprensión entre la minoría musulmana de Sri Lanka, que recuerdan vivamente su respaldo a los grupos de milicianos budistas que atacaron impunemente a los musulmanes en 2013 y 2014 (siendo él a la sazón responsable del cuerpo de policía y del ejército), y las sospechas fundadas de que miembros del Frente Popular Podujana tomaron parte activa en la violencia contra la minoría musulmana ocurrida entre marzo de 2018 y mayo de 2019; por lo que es de esperar que la mayoría de los musulmanes mantengan su apoyo tradicional al Partido Nacional Unido de Premadasa, y, perversamente, incrementen así la posibilidad de represalias contra ellos si Rajapaksa gana las elecciones.
Bajo este escenario, es presumible que las siempre pendientes reformas; el fortalecimiento del Estado de Derecho; y la paz social que vendría de la mano de la reparación de las injusticias a las que han sido sometidas las minorías, se vuelvan a posponer una vez más en medio de batallas partidistas dentro del propio Frente Popular, y se enquisten todavía más las divisiones étnicas, de las que solo podrá salir Sri Lanka mediante la creación de instituciones independientes que tengan capacidad real para poner coto a la impunidad sectaria, como elemento clave para garantizar una paz duradera sustentada por libertades democráticas y económicas que sitúen al país en la senda de alejarse de la extrema vulnerabilidad financiera y social que lo atenaza desde hace décadas.