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Opinión

Greenpeace saca los colores a Ribera por su respaldo a las petroleras y su ataque a las eléctricas

Teresa Ribera

Más de 3.300 millones de beneficios en poco más de un mes. Este es el beneficio que Greenpeace calcula que han obtenido las petroleras en Europa desde que el pasado 24 de febrero Rusia invadiese Ucrania. “Sólo en España, las petroleras ingresan 7,6 millones de euros adicionales al día, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras”, precisa la organización en su informe.

Greenpeace califica los beneficios de “inmorales” y denuncia que la ayuda de 20 céntimos aplicada por el Gobierno “acaba directamente en el bolsillo de las petroleras”. Asimismo, exige acabar con estos beneficios e investigar posibles pactos en el precio de la gasolina.

El informe sale a la luz una semana después de que el Ejecutivo aprobase en el Consejo de Ministros las medidas para atajar el precio de la energía. España había apelado a la excepcionalidad energética de la Península Ibérica ante la Unión Europea para conseguir su autorización para tomar medidas al margen de la regulación del ‘viejo continente’. La más llamativa, la rebaja en 20 céntimos el litro del carburante, 15 los sufraga el Estado y cinco la petrolera. Pero todavía está por concretarse la considerad ‘propuesta estrella’, poner un tope al precio del gas.

Después de fijar un máximo de 67 euros por MWh, el Ejecutivo ha trasladado a Europa su intención de que no sobrepase los 30 euros. El problema, al igual con los combustibles fósiles, es que el dinero que dejan de ganar las gasistas y petroleras lo van a tener que aportar las empresas eléctricas.

El pasado martes el consejero delegado de Endesa, José Bogas y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, coincidieron el pasado martes en un foro organizado por ‘El Español’ en su rechazo a la excepcionalidad energética ibérica. El motivo es que consideran que son sus empresas, las eléctricas las que van a tener compensando las pérdidas de las petroleras y las gasistas. “Los precios altos del gas son un problema que afecta a toda Europa por igual y las soluciones tienen que ser comunes y no que cada país tome medidas de forma aislada”, dijo Galán. “Toda intervención en el mercado lo distorsiona y que el tope al precio del gas va a generar problemas a empresas que habrá que compensar”, señaló Bogas.

Pero la vicepresidenta tercera y ministra de Medio Ambiente y Transición Ecológica prosigue en su posición de hostigamiento contra las eléctricas mientras mantiene un elocuente silencio por lo que respecta a las gasistas y petroleras. De hecho, ha acusado a las eléctricas de querer “descarrilar la propuesta". "Sabemos que hay quienes prefieren que esto no se aplique y están insistiendo ante la Comisión Europea. Es un frente que nos parece desafortunado", ha dicho.

La vicepresidenta no se apea de sus prejuicios. Computa como propios, españoles, los 3.800 millones de beneficios que, por ejemplo, ha obtenido Iberdrola que es un grupo global. La compañía ha reiterado que sus ganancias vienen de su negocio en el exterior, concretamente de Estados Unidos y Brasil, y que Iberdrola España, la filial local, sólo han conseguido mejorar un 0,5% sus porcentajes. Pero ella insiste: "Tenemos el gran honor en que los beneficios de las grandes eléctricas son mayores en términos relativos que las de otros estados miembros. Eso no es tolerable. Les pedimos que moderen sus beneficios".

Fuentes del sector eléctrico han respondido a la ministra invitándola a modificar la tarifa eléctrica regulada. El motivo, que el 80% de la producción energética ya está asignada en contratos fijos de larga duración, por lo que el 20% restante, que da servicio a contratos regulados, si se ven afectados por las oscilaciones del mercado.

Las eléctricas entienden que tras estas medidas del Gobierno hay, además, un problema de seguridad jurídica que incide directamente su sector. Las eléctricas entienden que si se modifican las condiciones legales que facilitó su inversión, por ejemplo, en una planta de renovables, se pone en riesgo el futuro desarrollo del sector. Es decir, que las empresas buscarán otros mercados que garanticen sus desembolsos.

El motivo que esgrimen es que la construcción de estas infraestructuras les supone una inversión muy elevada que necesita entre diez y 15 años para alcanzar la rentabilidad. Si a lo largo de ese periodo se introducen modificaciones jurídicas que cambian las condiciones, que dilatan los tiempos, la rentabilidad planificada sus números no acaban de cuadrar. Por ello, las eléctricas alertan de ese problema y abren la posibilidad de buscar nuevos mercados más estables, seguros y fiables. Esta circunstancia pone en claro riesgo a Europa y, claramente, a España, ya que el futuro energético del ‘viejo continente’ pasa por el autoabastecimiento, por la autosuficiencia energética. Es decir, por las energías limpias, las renovables.