Opinión

Hacha o daga, mejor que el veneno

photo_camera Russian opponent Alexei Navalni

Que Alexéi Navalni, el principal y más conocido opositor que aún osa hacerle frente a Vladimir Putin, fue envenenado parece estar fuera de toda duda, después de que una serie de casualidades, y, sobre todo, de que los médicos alemanes lograran evitar su muerte aunque a costa de que arrostre graves secuelas quizá de por vida. Que este era el enésimo atentado que sufría Navalni tras estar sometido a una asfixiante campaña del Kremlin de acoso y derribo tampoco parece ofrecer dudas. También que tal persistencia en intentar borrarlo de la escena política primero, e incluso del mapa después, solo está al alcance de la Oficina para la Seguridad del Estado (FSB, heredera del antiguo KGB), es casi una incontestable certeza.

O sea, no parecen existir dudas razonables de que el instigador -“hacedlo pero no quiero saber los detalles”, dicen todos los capos que abominan de mancharse las manos- sea el presidente-zar de Rusia. De manera que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunido por primera vez presencialmente en Luxemburgo desde que estallara la pandemia, se ha visto en la obligación de abordar posibles sanciones “contra los responsables del envenenamiento del dirigente opositor Alexéi Navalni”. 

La fina diplomacia europea, ahora al mando del español Josep Borrell, ha encontrado un motivo para empezar a analizar los enrevesados tecnicismos que llevarían a esas hipotéticas sanciones. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Pues, nada menos que una posible violación por parte de Rusia de la legislación que prohíbe el uso de armas químicas. Dado, pues, que Navalni fue envenenado con Novichok, sustancia a la que los servicios secretos rusos profesan una especial adicción, ese será el camino que emprenda la UE para llegar a “los posibles elementos de una respuesta sobre medidas restrictivas a aquellas personas implicadas en el ataque” (Borrell dixit). 

¿Qué hubiera pasado si el FSB en vez de utilizar el veneno hubiera optado por abrirle la cabeza a Navalni de un hachazo o le hubieran rebanado el pescuezo con un cuchillo? La pregunta se le hizo a la representante española en el Consejo, la ministra Arancha González Laya, que eludió la respuesta ciñéndose a que lo único claro es que había sido envenenado, y claro, eso sí que viola las proscripciones acordadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. 

Un vecino demasiado poderoso

Está claro que el vecino ruso es demasiado poderoso como para no andarse con pies de plomo a la hora de aplicarle determinados baremos y principios de la convivencia internacional. Y, sobre todo, hay muchos intereses en juego, que podrían estropearse por ser excesivamente puntillosos, empezando por el gasoducto Nord Stream 2, que conectará directamente el territorio ruso con el alemán. Un proyecto que ha puesto a la canciller Angela Merkel entre la espada y la pared, ya que frente al empeño de Putin en que se consolide se alzan las protestas de los países del este de la UE, antiguos y temerosos satélites de la Unión Soviética, apoyados por la Administración americana de Donald Trump, que ha instado directamente a Berlín a abandonar tal proyecto. 

La UE, que llegó a creer en su día en la transformación a la democracia de un dictador sanguinario como Alexandr Lukashenko, lo tiene más fácil con el líder de Bielorrusia y su círculo de hierro. Tras constatar no solo el retorno de Lukashenko a sus peores costumbres de falsificación electoral e implacable represión, el Consejo de la UE aprobó la puesta en marcha del proceso técnico y legal para sancionarle. Guarda, eso sí, un resquicio para que el dictador se avenga a “celebrar unas nuevas elecciones libres y justas”, que detendrían el proceso que debería desembocar en las sanciones. Algo que en gran parte depende de Putin, en cuyo regazo se ha cobijado Lukashenko, acuciado por las masivas manifestaciones internas que piden su dimisión y la falta de reconocimiento internacional a su amañado triunfo electoral. 

En este caso, esas sanciones, además de su círculo de confianza, afectarían al propio Lukashenko, que se vería privado de poder desplazarse a cualquier territorio de la UE, además de embargársele los activos que pudiera tener depositados o invertidos en cualquier institución establecida en la Unión. En este juego de intereses, condenas y sanciones, no sería descartable que Putin le apuñalara, políticamente hablando claro está, a cambio de las correspondientes compensaciones de la UE.