Hong Kong, una ley y un sistema
Un estado, dos sistemas. El lema de un proyecto de vida política para Hong Kong en 1997 cuando Reino Unido, el Gobierno de la ciudad semiautónoma, pieza esencial de las finanzas internacionales en Asia, y el Gobierno chino, acordaron la desvinculación colonial y el proceso de reintegración hongkonesa en China, manteniendo su personalidad económica y un sistema legal autónomo. La Ley de Seguridad puesta en marcha el pasado 30 de junio, diseñada e impuesta por Pekín, significa, en primer lugar, una alteración definitiva de este marco complejo e inestable que ha producido distintos brotes de protesta ciudadana en los últimos meses, ante el temor de buena parte de la sociedad hongkonesa de que la estrategia china de ascender a la categoría de potencia global y polo de influencia terminara por socavar anticipadamente la débil autonomía que disfrutaba el territorio.
La distancia entre el pueblo de Hong Kong y el Gobierno del Partido Comunista chino se ha convertido, con este nuevo recurso legal, en una barrera entre las libertades de expresión y reivindicación política, y los intereses geopolíticos y estratégicos del gigante asiático. Se abre ahora un periodo que será de diálogo o, por el contrario, de creciente tensión y represión en función de la capacidad internacional para intentar reconducir el proceso y sobre todo de la valoración que haga China sobre el coste en términos de deterioro de imagen que puede suponer para la potencia asiática la aplicación estricta y severa de la nueva ley.
Hasta este momento, la personalidad internacional que había buscado China ha estado fundamentada en el principio de no alineación y sobre la reivindicación política de territorios, en términos no agresivos o de adaptación progresiva y de atracción. El primer cambio de actitud tuvo lugar en 2017 con el ambicioso proyecto de rejuvenecimiento social y fortalecimiento estratégico. El segundo está teniendo lugar en este periodo de crisis que Pekín ha aprovechado para intensificar sus maniobras en el mar del Sur de China, donde reivindica la soberanía de determinadas islas y archipiélagos, para iniciar enfrentamientos fronterizos con La India en el Himalaya y para proclamar con mayor decisión su incuestionable aspiración soberana sobre Taiwán. Demasiados frentes abiertos al mismo tiempo, cuando además las perspectivas de crecimiento y la actividad comercial se han visto debilitados como consecuencia de la pandemia. Una política dura en Hong Kong podría transformar la imagen amable que el gobierno chino quiere proyectar, y que resulta esencial para la consecución de proyectos globales como el de la Nueva Ruta de la Seda, que exigen confianza y credibilidad por parte de su principal impulsor, si quieren resultar viables.
La comunidad internacional es consciente de estas contradicciones, intrínsecas a la política china. Reino Unido ha optado por un posicionamiento claro en favor de Hong Kong y ofrece visados para sus ciudadanos. Estados Unidos presiona económica y estratégicamente las aspiraciones de su rival, considerado sistémico. Y Europa mantiene de momento una posición pragmática y prudente que busca fomentar el diálogo entre las partes, pero que pudiera endurecerse si, tal y como parece, la Unión Europea optara por una declaración común firme, advirtiendo de los riesgos que la nueva ley puede producir en libertades como la de expresión y en los derechos humanos. China ha escogido el poder duro para Hong Kong. Pero actores importantes de la sociedad global, también empresas y organizaciones no gubernamentales, pueden exigir un ejercicio de poder blando a sus dirigentes si estos no quieren que la bipolarización sea una realidad también anticipadamente, donde las democracias hagan un frente común con el argumento de la quiebra de las libertades en Asia.