Opinión

Líbano: el final de la escapada

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La situación financiera del Líbano hacía inevitable la admisión oficial de quiebra. No era posible sostener por más tiempo una deuda pública del 150% de su PIB y subiendo hasta la cota del 200%; con un crecimiento anual del 0,2% con tendencia a la baja, y déficit presupuestario del 12% del PIB, consecuencia de la pronunciada desaceleración económica, de la caída en picado de la entrada de divisas, y de la fuga de capitales, comprensibles en un entorno caracterizado por altos niveles de corrupción sistémica y desempleo endémico.
La decisión de las autoridades libanesas de hacer público que el gobierno no hará frente al vencimiento del paquete de eurobonos por valor de 1.200 millones de dólares el próximo lunes día 9 de marzo, era la única opción viable para tocar fondo, y empezar la larga marcha para sacar al país de un estado de crisis económica crónica, cuyo primer paso será negociar una restructuración de la deuda con los acreedores internacionales. Este no será un proceso fácil ni indoloro, porque en el corto plazo es esperable una sensible devaluación de la Libra Libanesa de hasta el 70% de su valor; una emisión de moneda que llevará a la hiperinflación, y la imposición de medidas de austeridad, incluyendo recortes de gasto público y aumento de impuestos.

Pero al menos, la admisión del problema permite enfrentarse a él con más realismo, y poner el foco en buscar cierta unidad nacional para encarar los problemas de solvencia derivados del cierre de los mercados de deuda internacionales al Estado libanés, de la huída de los inversores internacionales, y de la esperable crispación social en las calles.
Aunque el default libanés no tiene precedente en el país,  las  quiebras nacionales no son del todo infrecuentes, a diferencia de las bancarrotas empresariales, los activos de un país no se pueden recuperar, lo que obliga a obtener el respaldo de un garante como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Chino de Inversiones, para acometer una restructuración de la deuda (aplazar su vencimiento y reducir el tipo de interés) sin perder totalmente la liquidez que necesita la maquinaria del Estado para funcionar. Pero, en cualquier caso, no existe un organismo financiero o legal supranacional que supervise a cada país, y prescriba qué hacer cuando se encuentra en una situación de quiebra, ni mucho menos mecanismos reguladores de la bancarrota estatal; por lo que el Líbano se enfrenta a un alto nivel de incertidumbre, y a una gran dependencia de la buena voluntad de actores internacionales diversos y antagónicos, sobre los que no tendrá ninguna influencia. El gobierno libanés ya ha encargado al banco de inversión estadounidense Lazard, por medio del bufete de abogados Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, la elaboración del borrador de una propuesta de reestructuración. 
Antes, al contrario. Las manos de las autoridades libaneses estarán atadas por la oposición de Hezbollah a solicitar ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, un organismo que Irán ve bajo el control de los Estados Unidos. Por lo tanto, la salida de la crisis se verá complicada, y retrasada,  por el afloramiento de tensiones sociales, propiciadas por los intereses contrapuestos de quienes buscan limitar sus pérdidas (inversores nacionales, importadores, rentistas) y aquellos grupos organizados que buscarán sacar partido del ahogo financiero acrecentando la corrupción o creando redes clientelares de dependencia entre las personas que afrontarán mayores dificultades económicas, como pensionistas y desempleados, especialmente si el gobierno toma la decisión de hacer un corralito limitando el dinero que se pueda retirar de los bancos si se desata el pánico de los ahorradores, como ocurrió en Grecia durante la crisis del Euro. La gravedad de la situación social se verá asimismo agravada por la incapacidad del sistema sanitario libanés para adquirir materiales y suministros para hacer las pruebas médicas y tratamientos para la contención efectiva de la pandemia del coronavirus, lo que agravará el problema en un país que por ende adolece de una precaria gobernanza, y que da cobijo precario a más de 1 millón de refugiados, una ingente diáspora procedente de los diversos conflictos que infestan la región. 
Por consiguiente, el gran riesgo para un país como el Líbano, que tiene rasgos de Estado fallido de facto, es que presenta una oportunidad de oro para que actores exteriores, tanto agentes estatales como fondos privados,  saquen ventaja de la situación y aprovechen la caída de precios de los activos y los tipos de cambio reducidos para hacerse con bienes estratégicos a precio de saldo, desde infraestructuras hasta industrias clave, pasando por la compra masiva de bonos de alto riesgo -y por lo tanto, de alta rentabilidad a largo plazo- por parte de especuladores financieros. No cabe duda, por lo tanto, de que la crisis financiera irá acompañada de una crisis social que tendrá un serio impacto geopolítico cuyo alcance y profundidad será necesario seguir muy de cerca.