La Agencia Espacial Española y el arte de crear problemas donde no los hay

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anticipado que el Consejo de Ministros del 14 de junio “aprobará la creación del Consejo del Espacio”.

En un discurso pronunciado el 9 de junio bajo una de las grandes antenas parabólicas del complejo de seguimiento espacial de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid), ha esgrimido que estará constituido por “un grupo interministerial de alto nivel”, con el encargo de “acelerar los trabajos para que la Agencia Espacial Española esté operativa a principios del año 2023”.

En su retórica de la semana pasada ante un importante número de directivos de la comunidad aeroespacial nacional, Sánchez quiso subrayar que tal Agencia va a contribuir a fortalecer “la cohesión social y territorial, de acuerdo con el proceso de desconcentración de nuevos organismos de la Administración del Estado”. En esa línea, en marzo pasado el gobierno publicó el Real Decreto 209/2022 que establece una Comisión Consultiva y el procedimiento para elegir las sedes de las nuevas entidades del sector público institucional.

Sean bienvenidas tanto la iniciativa de crear el Consejo Espacial como de fortalecer la cohesión territorial. La primera porque la nueva Ley del Espacio que contempla la instauración de la Agencia lleva empantanada más de cinco meses en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso. Por tanto, todavía no se ha votado en el Pleno y quedan pocas semanas para los diputados comiencen sus vacaciones de verano. O el Consejo del Espacio alienta a sus señorías a que espabilen o no se llega a tiempo de incluir la Agencia en los presupuestos del próximo año.

Lo de descentralizar los nuevos organismos del Estado es razonable, pero caso por caso y según y cómo. La importancia a escala mundial de los asuntos espaciales crece de forma exponencial y requiere muchas conversaciones, reuniones y negociaciones cara a cara entre altos organismos nacionales e internacionales. Las teleconferencias están a la orden del día, pero los encuentros personales solventan asuntos que la distancia no resuelve. Además, estar cerca del poder es importante.

El hecho constatado es que la insistencia del gobierno en excluir a Madrid capital de convertirse en sede de la futura Agencia Espacial distrae y vicia todo lo importante que está alrededor de su creación. La obstinación gubernamental provoca que quienes deberían tener los cinco sentidos en modelar la estructura y competencias del nuevo organismo estén contaminados por las peleas subterráneas por dilucidar donde se situará su cuartel general.

Para albergar la sede de la Agencia Espacial ya se han postulado de manera oficial ‒o están en el proceso de hacerlo‒ al menos seis localidades: León, Sevilla, Puertollano, Teruel, Tres Cantos y Robledo de Chavela. En Canarias, Las Palmas lo tiene en estudio. Cada población cuenta con poderosas razones para reclamar la llegada de la nueva organización y, en la práctica totalidad de los casos, cada una de ellas cuenta con el apoyo de ministros, de sus respectivos presidentes de Comunidad y de todo el que se precie de ser alguien en su tierra.

Que se sepa, Cataluña no presenta ninguna candidatura. Quizás porque ya tiene su propia Agencia Espacial asentada en Barcelona, donde no parece haber proceso de desconcentración. Sin embargo, tal y como está la distribución de fuerzas políticas en España y la experiencia acumulada en casos semejantes de disputa, la decisión final puede degenerar en un mercadeo y en un enfrentamiento entre Comunidades que a nadie beneficia y a todos perjudica. 

Pero resulta que las dos principales instituciones oficiales con mayores y más directas responsabilidades en el sector espacial nacional están en Madrid y en sus inmediaciones. Eso supone que una parte importante de los profesionales que en ellas trabajan y va a nutrir la nueva Agencia residen en Madrid y sus alrededores. No serán muchos, porque la nueva Agencia tendrá una reducida plantilla de personal, ‒un centenar de personas o incluso menos‒, pero gozan de un gran conocimiento y experiencia y hay que contar con ellos. 

Esos organismos son el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, cuyo campus central se encuentra en Torrejón de Ardoz, en las inmediaciones de la capital. El otro es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), cuya sede principal está en la calle Cid, a mitad de camino entre la Plaza de la Cibeles y la de Colon, en pleno centro de Madrid. En ambos organismos hay experimentados técnicos que llevan décadas dedicados a la tecnología y a la gestión de asuntos espaciales ¿Van a abandonar sus lugares de residencia para trasladarse lejos de sus domicilios familiares? Además, La industria espacial española se concentra en un muy alto porcentaje en Madrid y sus alrededores.

El presidente Pedro Sánchez reitera que la Agencia Espacial se situará “fuera de la capital de España, según los criterios de selección que se marquen. “Queremos compartir y desconcentrar el Estado y crear oportunidades de cohesión territorial”. Ese proceder ya lo inauguró el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y dónde llevó en 2006 la sede del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, luego de Ciberseguridad (INCIBE)? Pues a León, la ciudad en la que creció, en cuya Universidad se licenció en Derecho y de la que fue profesor y por cuya provincia consiguió su primera acta de diputado.

Para solventar un problema fabricado, cual es el de posicionar fuera de la capital de España una organización de pomposo nombre, en el que se suman las grandilocuentes palabras de Agencia y Espacial, se me ocurren varias sencillas soluciones. La primera es situarla donde diga el presidente del Ejecutivo. Para no hacerlo tan descarado, Pedro Sánchez podría alegar que se lo ha transmitido un gorrión mágico, que se posó en uno de sus hombros mientras paseaba por los jardines del Palacio de la Moncloa. Acto seguido, sería conveniente tapar la boca de los presidentes de las Comunidades  perdedoras con alguna mejora en las asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y problema resuelto. 

La segunda es jugar al “pito, pito gorgorito”, hasta que la decisión sea la que beneficia más a los intereses de futuro del inquilino de la Moncloa. Otra alternativa es decir ¡pues para ninguno de las candidaturas presentadas! Y elegir a Gandía, gran localidad turística de Valencia, como lugar para instalar la Agencia. Por algo la ministra de Ciencia, Diana Morant, es natural de la ciudad ducal. Y con una horchata y unos fartons, el problema inventado queda resuelto. 

¿Qué ocurre en los países que ya cuentan con veteranas agencias espaciales? La sede central de la Agencia Espacial de Francia (CNES) está y se mantiene en el centro de París. En la plaza Maurice Quentin, a corta distancia del Palacio del Eliseo, sede de la presidencia de la Republica. La de Turquía está en Ankara, la de Rumania en Bucarest, la de Noruega en Oslo. La de Italia tiene desde diciembre de 2013 un nuevo y gran edificio en el campus de Tor Vergata de la Universidad de Roma, una de las zonas de expansión de la capital.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, está en Washington, no muy lejos del Capitolio y de la Casa Blanca. La Agencia Espacial Federal Espacial de Rusia está en Moscú; la de China, en Pekín; la de Japón en Tokio. La de Venezuela, gobierno al que el presidente Sánchez profesa un gran fervor, está en Caracas, en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez situada en el interior de una base aérea de las cercanías de la capital.

Existen excepciones, por supuesto, pero son anecdóticas. ¿Y qué tal un acuerdo con Nepal, para que su capital, Katmandú, albergue la Agencia Espacial Española? Al menos estaría cerca de las nubes. Todo pasa por convencer al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.