Opinión

La caída de Castillo

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Con manos temblorosas, el presidente Castillo se dirigió a la Nación el pasado miércoles para anunciar la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y el establecimiento de una Asamblea Constituyente con la que redactar una nueva Carta Magna. Este golpe de Estado era el último y más delirante movimiento de un líder político débil y desquiciado que desde que llegó al poder sumió a su país en una profunda crisis institucional.

Castillo, desde el primer minuto, demostró su total incapacidad para formar un gabinete mínimamente sólido. Las crisis de gobierno se sucedieron una tras otra a base de dimisiones y escándalos que afectaron a los integrantes de su equipo.

Este pasado miércoles cuando se enfrentaba a su tercera moción de censura, en apenas un año y medio de gobierno, decretó su suicidio político al intentar derribar el Estado constitucional e imponer un proceso constituyente con que el esquivar su proceso de destitución. Recetas estas que tantas veces vimos en la Iberoamérica de las últimas décadas. Pero afortunadamente esta vez fue distinto. El Congreso no se dio por enterado y votó su remoción con contundencia, muchos de sus ministros dimitieron, su partido le dio la espalda y, lo más importante, las Fuerzas Armadas no le siguieron y esto abocó a la intentona golpista al fracaso.

Ahora el Ministerio Público le acusa en virtud del artículo 346 del Código Penal peruano de un delito de rebelión por alzarse “en armas para variar la forma de gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional”. Esta calificación resulta obvia habida cuenta de que para quien no lo sepa las democracias se defienden, en América y en todo el mundo.

Y esto es sin duda una magnífica noticia. Lo es porque las instituciones de Perú no se han dejado amedrentar por un jefe de Estado que ha traicionado a su país tratando de ponerlo en una situación inadmisible, que en el caso de haber prosperado además de suponer el fin de la democracia hubiera triturado la convivencia en el país.

Y es también una buena noticia porque demuestra que algo está cambiando en la región y esto puede ser un aviso a navegantes para el resto de los líderes populistas en esta parte del mundo. López Obrador en México, que valora ofrecerle asilo al ya exmandatario peruano, es otro de los gobernantes que juegan a descalificar al sistema político de su país. Sirva como ejemplo el proyecto de reforma electoral que está tramitando su Administración.

Sin embargo, no todas las lecturas que podemos establecer sobre la resolución de esta crisis son positivas. Desde la caída de Humala en 2016, Perú ha tenido seis presidentes. La población ha sufrido una absoluta pérdida de confianza en su clase política, y la configuración constitucional parece abocar inevitablemente al choque permanente entre el ejecutivo y el legislativo.

A lo anterior debemos sumar el fango de la corrupción, un cáncer para la democracia que provoca desgarros profundos en la confianza del ciudadano en sus instituciones. Las investigaciones a este respecto han cercado a Castillo y sus colaboradores, pero sus predecesores no se han quedado atrás. Alejandro Toledo fue arrestado en EEUU a petición de la fiscalía de su país, Alan García se suicidó en 2019 tras ser relacionado con el caso Odebrecht, y Ollanta Humala está siendo investigado por una posible financiación ilegal de su campaña.

Este cóctel de corruptelas y política partidista han carcomido a la democracia peruana que obviamente necesita una profunda reconversión. Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo que ha asumido el poder tras la destitución del presidente, ha empezado con buen pie su mandato al ser inequívoca en la condena del golpe. Sin embargo, su nombre y su trayectoria apuntan a que sólo podemos estar ante una líder interina cuya principal misión ha de ser calmar las aguas y llamar al pueblo a las urnas. Es vital que se consulte a la ciudadanía y se construyan nuevos liderazgos, que se examine la Constitución de 1993 para aclarar las competencias del ejecutivo y del legislativo, y sobre todo asumir una responsabilidad colectiva de lucha implacable contra la corrupción. En definitiva, abrir una nueva página en un país fascinante, cuyas condiciones estratégicas le han permitido vivir una fase de expansión económica que permiten al país andino soñar con un futuro ilusionante.