Marruecos desarrolla su contrato social
En plena pandemia, el rey Mohamed VI lanzó el proyecto de generalización de la protección social, aprobado después por el Parlamento. Un contrato social histórico y todo un reto para el Ejecutivo de Aziz Akhannouch, quien se estrenó con esta iniciativa de primer orden.
¿Será capaz de cumplir, en plazo, con este mandato?
El reto de una protección social universal supone una segunda modernización después de la construcción de las más avanzadas infraestructuras por todo el Reino, desde Tánger a La Güera. Esta vez se trata de un macro proyecto social histórico de envergadura, con vistas a mejorar el bienestar de los marroquíes situando así al país a nivel de nuestros vecinos de la UE (España y Portugal).
El coste supera los 5.000 millones de euros anuales para financiar cuatro programas, a implementar en cinco años. Y busca generalizar el seguro médico obligatorio (AMO, por sus siglas en francés), ya operacional, las prestaciones familiares para 2023 y 2024, la indemnización por pérdida de empleo, que se activará en 2025 junto con la ampliación de la base de afiliados a planes de pensiones.
A nivel económico y financiero, el proyecto supone un gran esfuerzo presupuestario, pero absolutamente necesario. Reducirá la economía informal y ampliará significativamente la franja de la clase media. Beneficiará especialmente a las categorías más vulnerables que se verán protegidas de los peligros relacionados con la enfermedad, la infancia, la pérdida de empleo o la vejez. Además, las dignificará mejorando su posición económica, social y cultural, integrándolas de lleno en el circuito económico y financiero del país.
Antes, estas personas dedicaban un presupuesto sanitario importante para consulta médica, hospitalización y medicinas, del que apenas disponían. En muchas ocasiones tenían que deshacerse de sus pequeños ahorros o bienes para afrontar la enfermedad, propia o de sus familiares próximos. Ahora verán aumentar su poder adquisitivo y dispondrán de un dinero que podrán destinar al ahorro, al consumo o a la inversión.
La generalización de las prestaciones familiares protegerá a la infancia, reducirá el abandono escolar y el desamparo de los menores que, en los últimos años, se ha convertido en un verdadero problema social. En general, habrá una indemnización por protección dirigida a siete millones de niños en edad escolar. Particularmente a aquellos que pertenecen a familias en situación precaria, además de beneficiar a tres millones de hogares sin niños en edad escolar.
El seguro por desempleo cubrirá a cualquier persona que haya perdido su trabajo habiendo estado empleado regularmente, lo que permite mantener a los ciudadanos activos en el mercado de trabajo, sin desesperar ni caer en la marginación.
Por último, cerca de 5 millones de personas empleadas hoy, pero sin posibilidad de obtener una pensión contributiva al llegar a la edad de jubilación, tendrán derecho a ello una vez rebajado el techo mínimo de cotizaciones. Este hecho solidario garantizará un ingreso vital a estos ciudadanos que, unido a la universalidad de la sanidad, mejoraría sus expectativas de vida.
Para este año 2022, se está trabajando, con algún retraso, en la generalización del seguro médico obligatorio (AMO), en beneficio de 22 millones de personas más que se beneficiarán de un seguro que cubre los costes de consulta, tratamiento y hospitalización. El número de trabajadores no asalariados, y sus familias, son ya beneficiarios de este seguro y supera la barrera de los seis millones de afiliados.
Los ciudadanos con tarjea sanitaria RAMED, para personas frágiles y sin recursos, unos 11 millones, estarían pasando, ahora mismo, al sistema de la Caja Nacional de la Seguridad Social (CNSS) desde julio pasado. Serán atendidos en las mismas condiciones que los demás trabajadores. Es decir, se beneficiarán igualmente de la sanidad privada y demás ventajas sanitarias.
Para finales del año 2022 se debería culminar la cobertura del 100% del Seguro Médico Obligatorio (AMO) para todos los ciudadanos. Lo que dará paso, en 2023, a la segunda fase del proyecto, esto es, la generalización de las prestaciones familiares.
Este macro proyecto social arrancó con la firma de tres acuerdos marco por parte de las diferentes Administraciones Públicas implicadas, directa o indirectamente, el mismo día de su lanzamiento (abril, 2021). Y, en tiempo récord, se aprobó la ley-marco, de generalización de la protección social en sesión plenaria del 15 de marzo de 2021. Hoy, la mayoría de los decretos de aplicación ya han sido publicados en el Boletín Oficial. Otros verán la luz a medida que se vaya avanzando en los diferentes programas.
Pese a ello, parece que hay una cierta lentitud en algunos procesos. Y esto sólo es el comienzo. Lo difícil está por llegar. Pues este macro proyecto requiere dotar a las Administraciones Públicas de personal suficiente para gestionar las solicitudes. Además de poner en marcha un conjunto de reformas estructurales de calado, relativas a la mejora de la Sanidad en general, así como el desarrollo de sistemas digitales de gestión hospitalaria, de ambulatorios, de ambulancias y de farmacias.
Por supuesto, habría que mejorar la proporcionalidad médica. Esto es, eliminar el déficit de recursos humanos y materiales, así como su desigual distribución geográfica mediante la mejora de la ratio entre recursos sanitarios efectivos respecto a la población.
Igualmente deberán adoptarse medidas de acompañamiento como es la formación y la consolidación de las competencias médicas de los profesionales de la salud. Si no fuera suficiente, habría que recurrir a personal cualificado y talento marroquí en el extranjero, así como a la iniciativa privada local y a inversiones extranjeras directas.
El Ejecutivo de Akhannouch es consciente de las reformas estructurales que debe adoptar para asentar el nuevo sistema sanitario. También es consciente de la ilusión que tiene la sociedad marroquí por este contrato social que supone un gran paso en materia de cohesión social y lucha contra la pobreza y las desigualdades.
El presidente del Gobierno, Aziz Akhannouch, tiene un plan de acción íntegro y bien definido, plasmado en una legislación específica, con etapas y plazos detallados, así como de mecanismos de financiación para llevar a buen puerto esta iniciativa histórica.
En consecuencia, nada debe fallar teniedo en cuenta la confortable mayoría de la coalición gobernante.