Opinión

Pena de muerte para casos federales en EEUU

photo_camera Pena de muerte para casos federales en EEUU

El titular de todos los diarios digitales fue coincidente hace unos días, casi exacto en la utilización de las mismas palabras para informar de una noticia que se había conocido en Washington a lo largo de la jornada del 26 de julio:

 

El País: La Administración de Trump retoma las ejecuciones en casos federales tras 16 años.

ABC Público: Trump vuelve a instaurar la pena de muerte federal

La Razón: Trump restablece la pena de muerte federal e n Estados Unidos

BBC: El gobierno de Trump anuncia que Estados Unidos va a volver a aplicar la pena de muerte a nivel federal después de 16 años.

La Vanguardia: Trump reinstaura la pena de muerte

CNNEspañol: Gobierno federal de EEUU restablece la pena de muerte y programa la ejecución de 5 presos

Infobae: El gobierno de Trump reanudará las ejecuciones de presos a nivel federal luego de 16 años

El titular no incluía detalles esclarecedores sobre la información y atribuía al presidente de Estados Unidos y a su gobierno la facultad de ejecutar reclusos a su antojo, pese a que todas las condenas a muerte en ese país se producen tras larguísimos procesos en los que se agotan todas las vías de recurso y de garantías de los condenados. En realidad y pese a lo que podría parecer al leer los titulares, la decisión del Fiscal General (equivalente al ministro de Justicia) suponía poner fin a una moratoria que, de manera informal y desde 2003, viene aplazando las ejecuciones por casos federales, que son un porcentaje minúsculo en relación a las que se decretan por casos que conciernen a los distintos estados.

Y pone fin igualmente a la revisión pormenorizada, ordenada en 2014 por el presidente Barack Obama, de los protocolos con que se aplica la inyección letal, el procedimiento de ejecución instaurado para casos federales, por el terrible error en su administración al reo Clayton D. Locketten la penitenciaría de McAlester en Oklahoma, conocida como “Big Mac” y que pasa por ser la prisión más segura del país. Obama quiso, tras conocer el padecimiento físico del condenado (“algo no funciona”, murmuró el preso a los funcionarios), que se revisaran absolutamente todas las partidas de pentobarbital hasta nuevo aviso, y de esa forma encontró un camino para suspender las ejecuciones sin cambiar una sola ley ni suspender a un solo fiscal. 

Ninguno de esos diarios en la red había llegado, pese a todo, al grado de retorcer la realidad como hizo RT con su titular de portada: “La pena de muerte “revive” en la era de Trump”, un tendencioso resumen en diez palabras que daba a entender erróneamente que en la “era Obama” las ejecuciones se suspendieron para proteger los Derechos Humanos y es ahora el horrible presidente norteamericano, tan querido por el presidente Vladimir Putin, el que vuelve a ejecutar a los reos por decisión divina de su única voluntad.

La web de El País, la que más detalles aportaba a la información, sí incluía este párrafo en el que daba detalles de los hechos, demostrados en sus respectivas vistas judiciales, que han supuesto la condena capital para sus autores por delitos federales:

“Uno de los reclusos que será ejecutado bajo la nueva orden es el supremacista blanco Daniel Lewis Lee, que mató a los tres miembros de una familia, incluida una niña de ocho años. Otro es Lezmond Mitchell, que asesinó a una anciana y a su nieta. Wesley Ira Purkey violó y mató a una adolescente antes de desmembrar su cuerpo y quemarlo. El cuarto condenado a muerte es Alfred Bourgeois, quien torturó física y mentalmente a su hija de solo dos años. Abusó sexualmente de ella antes de matarla a golpes. La lista la completa Dustin Lee Honken, que acabó con la vida de cinco personas, incluidas dos niñas, de 10 y seis años de edad”.

Y la noticia llegaba al terreno cuantitativo, al aclararse al lector el detalle de que, desde 1988, la Administración norteamericana ha forzado la ejecución judicial de un total de tres presos federales, incluida la moratoria de facto que ahora queda anulada con la decisión del fiscal William Barr.

En 2018 se realizaron 25 ejecuciones de reos en Estados Unidos, en cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales estatales de justicia tras el completo desarrollo de juicios con todas las garantías y de acuerdo con la legislación de los diferentes estados, aprobadas democráticamente por sus diferentes órganos legislativos. Y la pena de muerte no deja de ser pese a ello un castigo inhumano y digno de ser revocado. Pero la tendencia anti-Trump empuja demasiado a ofrecer una visión distorsionada de lo que ocurre en ese país que en algunas ocasiones no se corresponde con la realidad. 

Cincuenta y seis países aplican la pena de muerte en el mundo, según los recientes informes de Amnistía Internacional. Miles de personas, según la estimación de esta organización, fueron ejecutadas en 2017 en China aunque no se dispone de cifras exactas, y otras cientos de miles han sufrido allí torturas y castigos extrajudiciales; de las casi mil ejecuciones conocidas que se produjeron en el mundo en ese año, Irán capitaliza más de medio millar, Arabia Saudí casi 150, Iraq 125 y Pakistán 60. Sorprende que con esas cifras la noticia recurrente respecto a esta condena “inadmisible” (Papa Francisco, en la nueva versión del Catecismo de la iglesia católica) sean las que provienen del país que realizó 23 ejecuciones en el año mencionado. Y sólo una de ellas sería cuestionable. 

En el caso de los tiroteos en los que se producen numerosas víctimas ocurre algo parecido. México padeció 35.964 homicidios en 2018, su año más violento. Cien personas mueren tiroteadas cada día allí. Y Brasil es el país del mundo en el que más personas pierden la vida por el uso de armas de fuego, aunque no llegamos ni siquiera a conocer los lugares donde se producen esas víctimas. Estadísticas que no son suficientes para que en el mundo se abran debates sobre la posesión de armas en esos países y la facilidad con la que pueden ser adquiridas. Debates que se convierten en el deporte rey mundial tras sucesos como los de El Paso, Dayton, Parkland, Columbine o el hotel Mandalay en Las Vegas.