Sin Ley de Financiación de la Defensa

Hasta hace pocos meses lo negaban en público, por innecesario. Ahora, los afiliados y acérrimos simpatizantes del PSOE y del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) que ocupan altos cargos en el Gobierno ya lo ven factible, aunque… “quizás para más adelante”. 

Con ambas formaciones políticas dando reiteradas muestras de estar aferrados al poder al precio que sea y contando un día sí y otro también las expectativas de voto que les son proclives, los aliados de cada momento del Ejecutivo se aprovechan de su debilidad de manera continuada. La consecuencia es que el Gobierno que preside Sánchez carece del empuje necesario para sacar adelante grandes proyectos de Estado, salvo que pague un alto precio en especies a los enemigos declarados del propio Estado… y a veces ni siquiera así.

Uno de las iniciativas que hace naufragar el presidente del Gobierno de forma reiterada es acordar un marco legal que garantice la programación y sostenibilidad de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas españolas mediante la estabilidad de las inversiones presupuestarias a medio y largo plazo. Ni siquiera el Ministerio de Defensa de Margarita Robles se atreve a plantear de manera oficial, debatir con luz y taquígrafos y, en su caso, presentar un borrador de anteproyecto de Ley de Programación Plurianual ‒de Financiación de la Defensa o como quieran bautizarla‒, a semejanza de la que impera desde hace décadas en Francia, el Reino Unido o incluso en Portugal.

Ante la falta de un paso adelante del Ejecutivo, ha tenido que ser la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, la que haya sacado a la palestra la iniciativa que, en el caso de que hubiera sido aceptada por el Gobierno y luego aprobada por el Legislativo, habría vinculado también a uno o dos de los partidos políticos que están al acecho de hacerse con el poder. 

Sin embargo, por el momento es como clamar en el desierto. En el reciente Debate sobre el Estado de la Nación celebrado en la Cámara Baja en la primera quincena de julio, la diputada Gamarra lanzaba un guante al presidente del Gobierno. Le proponía “pactar un compromiso de gasto plurianual, que no solamente afectara a esta legislatura, también a las siguientes”. “Le planteamos que lo traiga y lo abordemos, pero con carácter plurianual ¿está dispuesto a ello?

La contestación ha sido equivalente a un “sí, pero en tan contadas ocasiones que nunca jamás”. Era la manera de esquivar lo que el propio Pedro Sánchez se ha visto forzado a anticipar a sus socios de la Alianza Atlántica en la cumbre de Madrid. Eso de que está dispuesto a “incrementar el presupuesto de Defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB)… en 2029”.

Es un compromiso verbal del presidente, apremiado por la guerra de Ucrania, pero que choca con la oposición interna de sus actuales socios de Gobierno de Unidas-Podemos y de sus apoyos parlamentarios del mercado de ocasión instalado en la Carrera de San Jerónimo. Entiéndase bien, el significado que la palabra “compromiso” tiene para los mortales, para Pedro Sánchez puede ser muy diferente al de “obligación contraída” o “palabra dada”, acepciones equivalentes recogidas por la Real Academia de la Lengua. 

En su calidad de segunda de a bordo del actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra formuló su propuesta pública de acordar una Ley de Financiación pocos días después que cinco altos directivos hubiesen planteado que el incremento presupuestario hasta el 2% debería ir “acompasado con la planificación plurianual de la adquisición de capacidades que vayan a ser necesarias dentro de 3 o 4 años”. Así lo entienden las responsables de las importantes empresas nacionales Airbus Helicopters España, Indra, Navantia, Santa Barbará Sistemas y Tecnobit. Pero el Gobierno está erre que erre en que no, que eso de programar las grandes inversiones en defensa ¿para qué?

Descartada una Ley de Programación Plurianual en la presente legislatura, el Consejo de Ministros del 5 de julio, cual entremés del suculento menú del 2% para 2029 ‒que entraña dedicar un 20% a inversiones en equipamientos e I+D+i‒, acordó utilizar 1.000 millones de euros ‒exactamente 999.793.477 euros, ni uno más ni uno menos‒ del cajón de sastre del llamado Fondo de Contingencia, para conceder un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa. Dinero que por toda argumentación debe servir, se dice, “para atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la invasión de Ucrania”.

Esos 1.000 millones de euros en números redondos suponen un incremento de 8,82% del presupuesto consolidado de Defensa para 2022, que asciende a 11.338 millones. Sin embargo, los técnicos en la materia, los conocedores de las complejidades de los procesos de contratación que rigen en la Administración General del Estado y en el Ministerio Defensa, se preguntan si a estas alturas de curso, esa cantidad adicional se puede materializar en lo que resta de ejercicio económico.

Expertos de Defensa en contratación consideran que ese crédito extraordinario “es complicado ejecutarlo antes de que acabe el año en curso”. Que será difícil que sirva para comprar y reponer el armamento, municiones y material militar que se ha enviado en ayuda del Gobierno de Ucrania. Deducen que una importante parte de tal cantidad tendrá que ir destinada “a cubrir necesidades de sostenimiento, vida y funcionamiento de las unidades militares” de Tierra, Mar y Aire, asuntos muy alejados de la razón de ser del crédito extraordinario aprobado. 

No obstante, reconocen que es posible que “algunas” cantidades puedan dedicarse a formular nuevos pedidos de equipamientos, “pero siempre que estén amparados por acuerdos marco”, que no requieren licitación. Porque, en caso contrario, cualquier expediente que supere los 100.000 euros conlleva un proceso de muchos meses de tramitación, su publicación en el ámbito de la Unión Europea, lo que en la inmensa mayoría de los casos supera los seis meses y los hace prácticamente inviables de materializar en 2022. 

Los miembros de los Cuerpos de Intendencia consultados son del criterio que una parte importante del crédito que se va a extraer del Fondo de Contingencia para volcarlo en Defensa se utilizará para anticipar pagos futuros de programas internacionales en los que participa España: el caza Eurofighter, el avión de transporte Airbus A400M, el drone EuroMale y otros. Igualmente, se dedicarán a equipos, repuestos y componentes para los sistemas de armas de origen norteamericano adquiridos a través del sistema de compras gobierno a gobierno del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el conocido como FMS, acrónimo de Foreign Military Sales.

Otra parte del crédito se empleará para comprar equipos, repuestos o abonar compromisos ya suscritos con la Agencia de Adquisición y Apoyo de la OTAN (NSPA). Incluso es probable que pequeñas cuantías sirvan para nuevas inversiones que tenga previstas la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), siempre que su adquisición se pueda materializar en el presente ejercicio económico.

En todo caso, los conocedores de la política que lleva entre manos Moncloa, al alimón con Castellana 109, no descartan que el anuncio de los casi 1.000 millones de euros quede en eso, en poco más que un simple anuncio. Algunos temen que en el plano de la adquisición de nuevas capacidades militares, el pregón no pase de ser poco más que un simple “brindis al Sol”, precisamente cuanto el Astro Rey y el fantasma de la recesión aprietan… y de lo lindo.