Sobre el Pacto de Migración y Asilo de la UE
El pasado 23 de septiembre la Comisión Europea, que preside Úrsula von der Leyen, hizo público el Pacto de Migración y Asilo, documento que establece unas líneas políticas y propone cambios legislativos con el propósito de reconducir una cuestión que suscita entre los Estados miembros de la Unión Europea opiniones y puntos de vista muy diferentes, difíciles de conciliar en muchas ocasiones. El Pacto se inscribe en una de las seis prioridades de la nueva Comisión Europea, la que se ocupa de promover el modo de vida europeo.
El propósito de la nueva Comisión ha sido poner un documento sobre la mesa que llevase a la discusión política a los Estados miembros. La situación de partida es compleja: por un lado, es evidente la falta de consenso en cuestiones migratorias entre los países del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) y el resto; por otro, también se advierte cierta desconfianza entre los países del norte y del sur de la Unión, con respecto al cumplimiento de las obligaciones en temas migratorios. La Comisión trata con su propuesta de que el debate, en muchas ocasiones más emocional que intelectual, se redirija a la negociación política. En este sentido, hay que ver el documento propuesto como un punto de partida.
Con todos los condicionamientos que el contexto político precedente determina, el documento resultante propone unos contenidos mínimos que permitan echar a andar en un tema tan conflictivo entre los Estados miembros. De ahí que el Pacto haya supuesto para muchos agentes europeos – singularmente para aquellos más implicados en la mejora de las condiciones de los migrantes que llegan a Europa – una decepción por su falta de ambición en el establecimiento de una verdadera política migratoria basada en los valores en que se funda la Unión Europea.
Los contenidos del Pacto remiten a tres ámbitos de actuación: el exterior (cooperación con terceros Estados); la frontera (gestión de las fronteras de la UE); y el interior (migración legal y políticas de inclusión). Aunque resulta muy difícil resumir en pocas líneas todos los aspectos que se recogen en el documento, ofrecemos a continuación una síntesis de las propuestas que nos parecen más relevantes:
En el ámbito exterior hay una apuesta por cooperar con terceros Estados. En el caso del continente africano, por ejemplo, se potencia el entendimiento con la Unión Africana (sin menoscabo de que se reconozca que el contexto migratorio de cada país es diferente, y que la UE debe ser sensible a esas diferencias). Se promueve la ayuda económica a los países de origen para debilitar las razones que llevan a emigrar a los ciudadanos africanos (que para la UE son fundamentalmente demográficas y económicas). Se asume implícita y explícitamente que la ayuda al desarrollo es un factor clave para disminuir los flujos migratorios (pese a que algunos estudios demuestran que no hay una correspondencia exacta entre migración y pobreza).
La gestión de las fronteras recoge diversas iniciativas: se propone un control (screening) de seguridad, salud e identidad en las fronteras, que determine qué migrantes pueden recibir asilo y cuáles deben ser devueltos a sus países de origen. En este proceso se garantizan los derechos fundamentales de todas las personas afectadas. Todo el procedimiento de frontera debe durar como máximo 12 semanas. Por otro lado, se refuerza la base de datos Eurodac para convertirla en un instrumento que ayude a gestionar la migración, no solo el asilo. Se crea, además, la figura del Coordinador Europeo de Retornos, así como una Agencia Europea de Asilo.
El Pacto dedica también un apartado a las operaciones de salvamento y rescate en el mar, en el que se explicita el rechazo a la criminalización de las ONG y de otros actores que lleven a cabo operaciones de búsqueda y salvamento cumpliendo con la legalidad.
En cuanto al ámbito intracomunitario, la propuesta habla de solidaridad constante entre los Estados miembros: así, por ejemplo, se evita la sobrecarga de los países que están en primera línea pero, al tiempo, se renuncia a imponer cuotas obligatorias de migrantes a los diferentes Estados; en este último aspecto, destaca la financiación de los retornos: un Estado miembro “patrocina” el retorno a un país con el que tiene buena relación (así, por ejemplo, si un país como Francia tiene una buena relación con Afganistán, ese país puede gestionar el retorno de migrantes afganos que han llegado a las costas griegas o chipriotas, y que permanecen allí hasta que se resuelva su regreso).
A modo de conclusión, recogiendo las opiniones y análisis suscitados por el Pacto en el último mes, podemos decir que las valoraciones de las organizaciones del tercer sector social coinciden en que la Comisión ha dado más importancia a los aspectos centrados en la seguridad, en detrimento de las consideraciones relativas a la integración de los migrantes en las sociedades de acogida. La Comisión, por su parte, señala que se trata de un grupo de medidas coherente, respetuoso con los valores en que se funda la Unión Europea (por ejemplo, respetando la dignidad personal en los procesos de demanda de asilo y de retorno) y orientado a crear las condiciones para que la discusión política entre los Estados miembros sustituya a las iniciativas insolidarias y no consensuadas.
Luis Guerra, catedrático de Lengua Española en la Universidad Europea de Madrid, es uno de los investigadores principales del proyecto INMIGRA3-CM, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo