Solo ida
En 2005, Erri De Luca publicó un poema épico, Solo andata (Solo ida), en el que distintas voces anónimas y un coro tomaban la palabra para relatar desde dentro la travesía del Mediterráneo, que tantos migrantes africanos realizan desde el norte de su continente hasta las costas italianas. Ya hacia el final del poema, una de esas voces enuncia los versos que le dan título: “Podéis rechazarnos, no enviarnos de vuelta, / el viaje es ceniza dispersa, nosotros somos sólo ida”, condensando en ellos una voluntad firme de permanencia en el suelo de acogida.
Como si hubieran oído estas palabras, algunos de los países europeos afectados por la COVID-19 (y, no lo olvidemos, muy condicionados por los efectos que la enfermedad ha tenido sobre la economía y el mercado laboral) han puesto en marcha en los últimos meses políticas sociales y económicas tendentes a hacer más estable la vida en Europa de quienes han apostado tan fuerte por llegar a ella. Ya a finales de marzo, Portugal decidió regularizar por la vía rápida la situación de todos los inmigrantes que estaban pendientes de autorización de residencia en ese país.
Así, aquellos que habían iniciado los trámites para solicitar la residencia, pasaron a disfrutar de los beneficios que otorga la ciudadanía portuguesa: la posibilidad de firmar contratos de trabajo, de abrir cuentas corrientes, de acogerse al Servicio Nacional de Salud o de solicitar las prestaciones para los trabajadores que deben permanecer en casa para cuidar a menores o mayores, así como las derivadas de la suspensión del contrato laboral. La medida, en palabras del ministro de Administración Interna de Portugal, buscaba “garantizar los derechos de los más frágiles”, para protegerlos ante la COVID-19.
El caso de Italia ha sido especialmente significativo: la ministra de Agricultura de su Gobierno, Teresa Bellanova, jornalera en su juventud, ha puesto todas sus energías en regularizar la situación de los inmigrantes que trabajan en el campo y en las casas como servicio doméstico. La medida, consistente en la regularización de la situación laboral de decenas de miles de inmigrantes, aunque está motivada por la falta de mano de obra en la coyuntura actual, no deja de indicar un importante cambio de orientación con respecto a la política impulsada por Matteo Salvini, vicepresidente y ministro del Interior en el gobierno precedente, basada en la criminalización de los inmigrantes y en el cierre de puertos a las ONG que trabajan en el Mediterráneo en operaciones de salvamento.
La acogida moderadamente positiva que ha tenido esta iniciativa de la ministra Bellanova, respaldada con firmeza por el primer ministro Conte, y apoyada en público por el Papa Francisco, se calcula que afecta a unas 250.000 personas, y revela en qué medida la pandemia ha alterado las preocupaciones de los ciudadanos italianos, que han modificado sus prioridades y desplazado el apoyo a los discursos antiinmigración por la preocupación por la normalización de la vida social y la recuperación de la economía
En un contexto similar de escasez de mano de obra en el campo, propiciada por el cierre de fronteras y las medidas de protección adoptadas ante la pandemia por los trabajadores, el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Agricultura, publicó el pasado 7 de abril un Real Decreto por el que se adoptaban determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, parte de las cuales afectaba a los trabajadores migrantes; en concreto, el decreto concedía por un lado prórrogas a los temporeros extranjeros cuyo permiso de trabajo concluyera entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio; y, por otro, otorgaba permiso de trabajo a jóvenes nacionales de terceros países, que se encontraran en situación regular en ese momento, de entre 18 y 21 años.
Este Real Decreto tuvo su continuidad a finales de mayo con una medida que concedía una autorización de residencia y trabajo de dos años (ampliable a otros dos) a los jóvenes migrantes incorporados de manera extraordinaria a trabajos en el campo, y que en muchos casos habían conseguido su primer contrato de trabajo gracias al Real Decreto de abril.
En definitiva, y como escribíamos en una colaboración anterior, la crisis social y económica provocada por la COVID-19 ha producido también efectos positivos en los países que la sufren, uno de los cuales sería este reconocimiento de la contribución a la sociedad de los inmigrantes, refrendado en los diversos países por la regularización de su situación sociolaboral, una etapa más en el viaje de “solo ida” que decidieron emprender.
Luis Guerra, catedrático de Lengua Española en la Universidad Europea de Madrid, es uno de los investigadores principales del proyecto INMIGRA3-CM, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo