Una vía para acabar con las matanzas masivas
No fue por sus cuantiosos crímenes que Al Capone terminó entre rejas. Su defraudación al fisco fue finalmente la que llevó a la cárcel al capo más famoso de la mafia americana de todos los tiempos. Por asociación de ideas, ahora podría ser posible que la tan opulenta como cuestionada Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) terminara por ser disuelta, no por la ingente cantidad de muertos causados con sus armas por mentes enfermizas, sino por la apropiación indebida de fondos por parte de sus máximos dirigentes.
La NRA es una organización inmensamente rica. Se calcula en más de trescientos millones de armas de fuego de todo tipo, desde el revolver más sencillo a los más sofisticados fusiles ametralladores, los que están en manos de los ciudadanos norteamericanos. Tienen para ello la protección legal de la Segunda Enmienda, redactada hace más de dos siglos cuando la autoprotección era prácticamente la única garantía de defensa ante los forajidos.
La formidable prosperidad de Estados Unidos, la creación de todo tipo de policías, la instauración de la Guardia Nacional y el desarrollo del ejército más poderoso del mundo no han hecho decrecer el inmenso arsenal de armas en manos privadas, antes bien su número, calidad y sofisticación se han multiplicado exponencialmente. Esa ingente cantidad de armas, cuya adquisición ha sido casi siempre tan fácil como comprar un bolígrafo, no siempre ha estado en manos responsables. El Paso (Texas), Dayton (Ohio) han sido los últimos escenarios de grandes matanzas masivas a disparos de individuos, aquejados cuando menos de algún episodio de desequilibrio mental. Que sus autores, como anteriormente los de Florida o Las Vegas hayan terminado abatidos o sentenciados a muerte o cadena perpetua, no devuelve la vida a los cientos de personas que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino, o más comúnmente de haber estado en el tiempo y lugar equivocados.
Cada vez que sucedía una de estas matanzas masivas crecían las voces que reclamaban la abolición de la Segunda Enmienda, o al menos una modificación de su enunciado. También, de inmediato la NRA elevaba sus protestas, agitando el inalienable derecho de todo ciudadano a defenderse, incluyendo por supuesto a su familia y su propiedad privada, pilares fundamentales en todo caso de la democracia americana. El mayor encontronazo se produjo en diciembre de 2012 con la matanza de Sandy Hook (Connecticut), en la que fueron abatidos 20 alumnos y 6 adultos. El entonces presidente Barack H. Obama prometió adoptar medidas que evitaran que hechos semejantes volvieran a producirse. Promesa que cayó en el olvido, como tantas otras.
La presión de la NRA fue como siempre de una fuerza persuasiva extraordinaria. Ya lo había sido a lo largo de las décadas anteriores, especialmente a raíz de la Ley de Control de Delitos Violentos de 1994, que prohibió la posesión privada de rifles de asalto. Pero, el texto exigía en su apartado final que la ley fuera renovada al cabo de diez años. Tal renovación no se produjo –el presidente en 2004 era George W. Bush- y la citada ley caducó.
Ahora, la NRA se enfrenta a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pero no por la agresividad de sus campañas o por rebasar los límites de su actividad como grupo de presión en el Congreso, sino por el presunto desvío ilícito de fondos hacia los bolsillos de sus cuatro principales dirigentes: su director ejecutivo, Wayne LaPierre, y sus adjuntos Wilson Woody Phillips, Joshua Powell y John Fraze. La fiscal les acusa de “saquear” 64 millones de dólares, con los que han costeado viajes a todo lujo, además de todo tipo de carísimos regalos para sí o para personas próximas, o autodotarse de cuantiosos fondos de pensiones sin la preceptiva autorización del Consejo de Administración.
La fiscal Letitia James ha encontrado el hueco legal por el que exigir la disolución de la NRA. Ha descubierto que está registrada en Nueva York como organización caritativa sin ánimo de lucro. Ese registro no le cuadra con sus declaraciones fiscales, que según la fiscal están aderezadas con los correspondientes informes falsos. Según la acusación, esas maniobras “han impedido que nuestra nación tomara las medidas adecuadas contra la violencia armada”, añadiendo además el abuso de poder como la línea habitual de conducta de una NRA, que a lo largo de sus casi 150 años de historia –fue fundada en 1871-, ha invertido miles de millones de dólares en campañas periodísticas, de publicidad y de presión sobre los legisladores para que el inmenso negocio de la venta de armas siguiera en situación floreciente. Eso sí, considerando al mismo tiempo a sus millares de víctimas como simples “daños colaterales”.