Abu Dabi se suma al fondo de ayuda franco-saudí para asistir al pueblo libanés
Tras más de un año de esfuerzos e intentos de mediación entre las fuerzas políticas enfrentadas en el territorio libanés, Francia aún no ha logrado que el Gobierno de Beirut avance en la implementación de reformas económicas, políticas y sociales que atajen la grave crisis que asola al país. Sin embargo, en su empeño diplomático el presidente Macron ha logrado la contribución de Emiratos Árabes Unidos en el fondo franco-saudí creado a principios del mes de diciembre para la ayuda humanitaria al pueblo libanés.
“La visita del presidente Emmanuel Macron permitió a los estados árabes del Golfo reanudar las relaciones con el Líbano y fue testigo del establecimiento de un fondo franco-saudí para apoyar a los libaneses, que será apoyado por una contribución de los Emiratos Árabes Unidos”, anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, durante una sesión parlamentaria. Pese a que aún se desconoce el tamaño del presupuesto y el funcionamiento del mismo, este compromiso supone, además, una oportunidad para que Riad y Beirut retomen sus relaciones.
Los lazos diplomáticos entre el Líbano y los países del Golfo se vieron severamente comprometidos después de que el anterior ministro libanés de Información, George Kordahi, criticase la intervención de Arabia Saudí en el conflicto yemení. Esto motivó la salida del embajador saudí de Beirut, la expulsión del embajador libanés en Riad y el corte de las importaciones procedentes del Líbano, además de las represalias adoptadas por Bahréin, Emiratos Árabes y Kuwait.
En esta línea, hace tan solo unos días el embajador saudí en Beirut Walid Bukhari, afirmó que el partido-milicia Hizbulá –considerado como un grupo terrorista por parte de varias potencias occidentales y abiertamente respaldado por la República de Irán– está adoptando un “comportamiento militar que amenaza la seguridad regional árabe”. Asimismo, Bukhari ha instado al Gobierno libanés a detener “la hegemonía de Hizbulá en todos los aspectos del Estado”.
Esta inestabilidad en sus relaciones exteriores no hace más que acentuar los problemas internos que enfrenta el país. Inmerso en una crisis económica, social y política, el Líbano todavía no ha logrado concretar ninguna solución tangible para remediar la situación.
A día de hoy, el salario de nueve de cada 10 ciudadanos libaneses ha caído a mínimos históricos. Cerca del 80% de la población se encuentra bajo el umbral de pobreza y sus rentas siguen basadas en el cambio que estableció el Gobierno antes de que el valor de su moneda perdiese un 95% de su valor. La equivalencia con el dólar estadounidense supera las 33.000 libras libanesas, y el sueldo mínimo apenas excede los 20 dólares. En estas circunstancias, son habituales los disturbios y las protestas, como las sucedidas hace unos días cuando varios manifestantes bloquearon las carreteras en diversos puntos del territorio nacional. A este descontento se suma, además, una inflación de cerca de 200 puntos, el incremento de los precios del combustible y la escasez cada vez mayor de suministros básicos y corriente eléctrica.
No obstante, lo que por ahora parece el único salvavidas a la vista –la concesión de una partida presupuestaria para un plan de recuperación por parte del Fondo Monetario Internacional– queda lejos si se tiene en cuenta la convulsión política que mantiene al país a la deriva. Así, mientras los bloqueos al Consejo de Ministros por parte de los partidos Hizbulá y el Movimiento Amal no cesen, la crisis económica calificada por el Banco Mundial como “uno de los colapsos financieros más graves de la historia” no podrá ser atajada. Este boicot político lleva en marcha desde mediados del mes de octubre, tan solo unas semanas después de que el primer ministro, Najib Mikati, llegase al poder, y ha sido descrito como una “perturbación inaceptable” por parte del ministro francés, Jean-Yves Le Drian.
Por su parte, Hizbolá, que solicita la destitución del juez Tarek Bitar –investigador de la explosión que acabó con la vida de más de 200 personas en agosto de 2020, en el puerto de Beirut–, ha afirmado que los problemas económicos del país son parte de una guerra financiera destinada a extorsionar a la ciudadanía para evitar que respalden políticamente a su partido. De esta forma, Ali Damoush, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hizbulá, expresó públicamente: “nada nos hará renunciar a nuestro derecho, ni cerco, ni sanciones, ni campañas mediáticas”.
El descontento entre los miembros de la singular alianza política de Michel Aoun, presidente del país, y el grupo Hizbulá, provoca ahora que la coalición de más de seis años prenda de un hilo, arrastrando consigo la estabilidad de todo un país. Ante esta situación, voces como la del analista político Mohamed Obeid, afirman que solo existen dos soluciones posibles: “la dimisión de los ministros” que están protagonizando el boicot, o la “destitución del juez investigador”, tal como declaró para el medio El Confidencial.
