Acusan a Turquía de utilizar la cumbre de la Interpol para reprimir a los críticos del régimen
La cumbre de la Interpol, lejos de favorecer la imagen de Turquía, está generando muchas críticas por parte de activistas de los derechos humanos. El historial del país presidido por Recep Tayyip Erdogan tampoco es buen precedente en esta materia y se le acusa de estar usando su figura de anfitrión de la asamblea general para presionar a otros países a detener lo que ellos etiquetan como terroristas. No obstante, muchos de ellos, como viene siendo habitual por parte del régimen turco, son opositores políticos huidos del país como consecuencia de la represión a la que se verían sometidos dentro de las fronteras otomanas.
La polémica tiene su origen en las declaraciones del ministro de Interior turco, Süleyman Soylu, en las que aseguraba que su Gobierno iba a utilizar el evento de tres días para persuadir a funcionarios y delegados para que arresten y extraditen a ciudadanos turcos residentes en el extranjero, que según ellos habían cometido algún delito. Turquía siempre ha sido criticada por encarcelar de forma arbitraria tanto rivales políticos, como periodistas que no estaban de acuerdo con lo dictado desde el Ejecutivo de Erdogan. Además, se acusa a Ankara de inundar de forma constante la organización policial de solicitudes de detención dirigidas a disidentes políticos.
El sistema de “aviso rojo” de la Interpol ha sido un recurso extremadamente usado – rayando en el abuso – por Turquía para perseguir a todo tipo de delincuentes. Desde traficantes de drogas hasta terroristas, pasando por sospechosos de crímenes de guerra y traficantes de personas. Este uso abusivo de los recursos de la Interpol lleva tiempo generando una gran preocupación en la comunidad internacional, llevándolo a algunas de las cámaras más importantes del mundo. El Senado de Estados Unidos presentó un proyecto de ley en julio de este año con el objetivo de poner fin a este uso de las organizaciones internacionales para “perseguir, acosar o perseguir a opositores políticos y disidentes con cargos criminales inventados”.
El propio Erdogan hizo hincapié en el asunto de extradición de delincuentes turcos. El pasado martes decía en la sesión inaugural que esperaba una “fuerte cooperación” para encontrar, entre muchos otros, al predicador islámico asentado en Estados Unidos Fethullah Gülen y al movimiento kurdo del PKK. Gülen es considerado uno de los eruditos más importantes de Turquía, conocido internacionalmente por ser un fiel defensor del acercamiento entre las tres grandes religiones monoteístas. La organización con su nombre es considerada por Turquía como la organización terrorista detrás del golpe de Estado del año 2016, lo que provocó la detención de 532 personas acusadas de pertenecer a este movimiento.
La Interpol ha intentado distanciarse de las acusaciones que señala al régimen de Recep Tayyip Erdogan. El secretario general del organismo, Jürgen Stock, garantizó que la Interpol se limitará a actuar en las cuestiones estrictamente policiales, y en ningún caso las motivadas por intereses políticos. “Si los países miembros deciden utilizar Interpol, deben aplicar nuestras reglas y estándares. Si un aviso rojo tiene un trasfondo predominantemente político, no tomamos ninguna medida. Si es político, estamos fuera… respetamos y protegemos los derechos humanos”, decía ante los medios de comunicación el secretario general.
Un portavoz de la organización policial aseguraba al medio británico “The Guardian” que, durante los últimos cinco años, se habían rechazado hasta 800 solicitudes de “aviso rojo” procedentes del Gobierno de Turquía. Añade que todas y cada una de ellas son revisadas de forma exhaustiva: “Contamos con un grupo de trabajo que revisa cada solicitud de notificación roja de cada país miembro para asegurarse de que cumpla. Ponemos muchos recursos y esfuerzos para asegurarnos de que se respete el sistema de avisos rojos”. A pesar de ello, los de Erdogan han continuado generando un aluvión de solicitudes, teniendo una gran parte de ellas como objetivo críticos exiliados del país.
Esta crítica contra el uso de la Interpol por parte de Turquía no es una novedad. En agosto, el Centro de Estocolmo para la Libertad, señaló al presidente turco de “armar” a la Interpol para una amplia campaña de represión contra críticos del Gobierno, activistas de derechos humanos o incluso minorías étnicas. “Turquía abusa de la Interpol de diversas formas. El Sistema Internacional de Avisos, como los avisos rojos y las difusiones, se utilizan para atacar a los opositores políticos que no han cometido ningún delito más que ser críticos con el gobierno del presidente Erdogan”, manifestaban hace poco menos de cuatro meses, cuando la polémica ya rodeaba, como ha hecho prácticamente siempre, al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
