Afganistán: el reto de crecer en el régimen talibán
Según UNICEF, Afganistán se ha convertido en “el peor lugar del mundo para nacer”
Como si la emergencia social y humanitaria provocada por más de 40 años de conflicto no hubiese sido suficiente, una “tormenta perfecta” se cierne ahora sobre los ciudadanos afganos que permanecen en el país. Así ha definido la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) el trágico escenario en que se encuentra sumido Afganistán desde que los seguidores del movimiento fundamentalista islámico talibán se hicieran con el poder del territorio el pasado verano. El aumento de los precios, la suspensión de las ayudas internacionales como medida punitiva, la depreciación de la moneda local o las graves sequías son solo algunas de las causas que han empujado al país a la catástrofe.
Si antes de agosto de 2021 “ya teníamos una crisis humanitaria de proporciones increíbles” que afectaba a casi 18 millones de personas; la urgencia de la situación ha continuado “escalando y empeorando” a un ritmo alarmante, advertía en octubre la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Mary Ellen McGroarty. Hoy en día, Afganistán padece “la peor crisis humanitaria del mundo”.
A lo largo de la historia se ha considerado a Afganistán como un país inestable y convulso situado estratégicamente entre las estepas de Asia Central, la meseta de Irán y el valle del río Indo. Sin embargo, más allá de la fragilidad de su equilibrio interno por la coexistencia de las muchas y muy diversas etnias que habitan el territorio, uno de los mayores elementos desestabilizantes que ha amenazado históricamente el país han sido las injerencias e intereses de otras potencias dentro de sus fronteras.
Desde su nacimiento como país políticamente independiente en el año 1747 – y con unas fronteras que no fueron definitivamente establecidas hasta mediados del siglo XX –, varios grandes imperios han tratado de controlar Afganistán al considerarlo un territorio clave en sus políticas expansionistas en la región. Ejemplo de ello fue la rivalidad mantenida entre Rusia y Gran Bretaña, durante el siglo pasado, en una carrera por el dominio regional conocida como ‘el Gran Juego’.
En este sentido, la agitación y los desequilibrios que han marcado la realidad de Afganistán en las últimas décadas parecen guardar más relación con estas intromisiones extranjeras y sus consecuencias, que con la propia naturaleza del pueblo afgano o los desencuentros entre los distintos grupos étnicos que lo componen.
Sin embargo, aparentemente lejos de cualquier interés expansionista propio, la entrada de las tropas estadounidenses en Afganistán en el año 2001 se sucedía en el marco de la lucha de Washington contra el terrorismo. El régimen talibán, que había ascendido al poder en 1996, se encontraba brindando protección al entonces líder de Al-Qaeda y principal responsable del atentado del 11S, Osama bin Laden. Por ello, desde aquel momento y en el transcurso de los siguientes 20 años, los soldados estadounidenses se instalaron en el país para centrar todos sus esfuerzos en la lucha contra los talibanes y el grupo terrorista del Daesh.
Durante estas dos décadas, los Estados Unidos de América destinaron más de 80.000 millones de dólares a la guerra en Afganistán, y fueron testigo de la elección democrática de tres presidentes diferentes, de la transición política desde el Emirato hacia la República Islámica de Afganistán, y de una mejora moderada y progresiva en la defensa de las libertades y los derechos humanos.
No obstante, de acuerdo con el pacto alcanzado por Donald Trump en febrero de 2020; el 30 de agosto del año 2021 a las 19:29 horas despegaba desde el aeropuerto de Kabul el último avión C-17 estadounidense que quedaba en el país –tal como explicó el general Kenneth McKenzie en una rueda de prensa. Esta salida del territorio se llevaba a cabo a cambio del compromiso de que ningún grupo terrorista operaría de nuevo en el país, incluyendo al grupo Al-Qaeda.
A partir de entonces, la sucesión de acontecimientos que llevaron a los talibanes al poder se precipitó, y en tan solo cuestión de semanas, las autoridades y las fuerzas de seguridad afganas –mermadas y desorganizadas a causa de la corrupción y las disputas internas – sucumbieron ante la ofensiva del grupo islamista ultraconservador.
Para mediados del mes de septiembre, un nuevo Gobierno de corte islámico radical ya había sido implantado en Afganistán, y el recién nombrado emir talibán, Hibatullah Akhundzada, reinstauró el Emirato Islámico de Afganistán al que las tropas estadounidenses pusieron fin en 2001. Pese a que las presiones internacionales exigieron a los talibanes la creación de un equipo de Gobierno inclusivo en el que se integrasen mujeres y representantes de otras minorías étnicas no pastún –la etnia a la que pertenecen la mayor parte de los talibanes y la más importante dentro del territorio afgano –; el Ejecutivo instaurado quedó muy lejos de cumplir con los requisitos.
Entre los principales miembros del nuevo Gobierno interino, destacaron el emir, líder político y militar, Hibatullah Akhundzada; el primer ministro, el mulá Muhammad Hassan Akhund; el viceprimer ministro, Abdul Ghani Baradar o el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid. Casi la mitad de los integrantes de este Gobierno se encuentran incluidos en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Así, pese a que este nuevo equipo Ejecutivo trató de proyectar una imagen más moderada y progresista que sus predecesores en el régimen de 1996, lo cierto es que la reafirmación de su restrictiva del islam, la imposición de la Sharía y las constantes denuncias sobre violaciones de los derechos humanos no han dado ninguna pista de ese supuesto cambio a la comunidad internacional. Esto ha provocado que Afganistán haya tenido que hacer frente a diversas sanciones impuestas tanto unilateralmente –por países como Estados Unidos –, como de manera colectiva, en materia económica, política y diplomática. Un “castigo” que pretendía obligar a los talibanes a no vulnerar los derechos y libertades de las mujeres, las minorías y los niños y niñas.
Sin embargo, estas sanciones han despertado muchas preocupaciones e inquietudes entre las organizaciones humanitarias internacionales; y es que, como en todos los conflictos, los principales afectados por las medidas punitivas son los ciudadanos afganos. Si su situación ya era pésima antes de la llegada de los talibanes y la imposición de estas medidas, la realidad que enfrentan ahora es trágica. En estos momentos, alrededor de 23 millones de afganos –más de la mitad de la población total del país– se ven gravemente amenazados por el hambre y la inseguridad alimentaria; y entre ellos, cerca de 8 millones se encuentran en situación de emergencia.
La congelación de miles de millones de dólares –en afganis afganos, la divisa del país –, retenidos en los bancos y entidades financieras en el extranjero durante la segunda mitad del año pasado, junto a la paralización de los fondos internacionales y ayudas al desarrollo, han terminado por provocar una enorme reducción de la liquidez y del dinero efectivo en circulación. Desde la llegada de los talibanes, el Producto Interior Bruto (PIB) del país ha caído en torno a un 40%, y es que, solo las ayudas internacionales recibidas por Kabul ya suponían el 43% del PIB del territorio.
Además, la subida de los precios de los alimentos básicos, la depreciación de la moneda local (en la actualidad, 1 dólar estadounidense equivale a 93 afganis afganos, y 1 euro, a más de 105 afganis), la propagación de la COVID o la finalización de una temporada de cosecha que ha enfrentado la peor sequía en más de 25 años, no han hecho más que agravar profundamente esta situación.
Afortunadamente, la presión ejercida por las organizaciones de ayuda humanitaria y ONGs internacionales sobre el Banco Central y otras instituciones bancarias para liberar el dinero afgano retenido, así como la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU –que excluye a la mayor parte de las ayudas humanitarias de ser sancionadas como medidas de apoyo al régimen talibán –, lograron aliviar las restricciones de asistencia al país. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de respaldar el apoyo de las agencias humanitarias a los millones de afganos que se encuentran en una situación crítica y que están presenciando el desmoronamiento de todos los servicios básicos.
Por su parte, las autoridades talibanes en Afganistán han culpado del empeoramiento de la crisis humanitaria a las potencias occidentales. “No es el resultado de nuestras actividades. Es el resultado de las sanciones impuestas a Afganistán”, afirmaba uno de los portavoces talibanes oficiales en la oficina de la capital qatarí de Doha, Muhammad Suhail Shaheen, para el medio Sky News.
“Durante los últimos seis meses hemos hecho lo que estaba en nuestra mano por ayudar el pueblo de Afganistán. Pero necesitamos que la comunidad internacional coopere económicamente con nosotros, no que castigue al país imponiendo sanciones injustificadas”, agregaba Shaheen.
Pese a la “tormenta perfecta” de tragedias económicas, sociales, políticas, climáticas y diplomáticas que arrasan el territorio, la crisis más apremiante es, sin duda alguna, la crisis humanitaria que han provocado todas ellas. La situación de los civiles afganos es totalmente crítica.
En estos momentos, Afganistán se encuentra situado en el podio de los principales países emisores de refugiados, con más de 2,8 millones de personas desplazadas fuera de sus fronteras –mayoritariamente en Pakistán, Irán, India o Tayikistán –, y otros cerca de 3 millones dentro del territorio. Asimismo, en torno a 170.000 ciudadanos que se vieron obligados a abandonar sus hogares durante el largo conflicto, se encuentran ahora siendo reasentadas.
En este escenario, la llegada del invierno se ha cernido como un manto de desesperación sobre la población del país, provocando que muchas familias hayan tenido que recurrir a medidas desesperadas para garantizar su supervivencia durante los meses más fríos del año. Son incontables los testimonios de ciudadanos afganos que han quemado sus pertenencias para no morir congelados, o que han recurrido a la venta clandestina de órganos para poder comprar comida.
De hecho, la gran cantidad de personas que se han visto forzadas a vender sus riñones en el mercado negro ha llegado a tal punto que ha provocado la caída de su precio. Según un informe publicado por Sky News, muchos afganos se han quejado de que el valor del riñón ha bajado hasta los 150.000 afganis (unos 1.400 euros) en el caso de las mujeres, y 200.000 afganis (algo más de 1.850 euros), en el caso de los hombres.
Las redes de provisión gubernamentales establecidas por los Gobiernos previos y las partidas de gasto público –financiadas en más de un 75% de las ayudas internacionales procedentes del Banco Mundial y el resto de la comunidad internacional – representaban casi la única red de seguridad para la ciudadanía afgana. Y, ante su derrumbe, la población se encuentra ahora desprotegida y desamparada en medio de una “crisis de crisis”.
Pero si hay un colectivo extremadamente vulnerable que se pueda decir que, realmente, ha sido el más perjudicado por toda esta situación, esos son los menores afganos. Según un reporte emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Afganistán es “el peor lugar del mundo para nacer”.
“No hay infancia”, sostenía la jefa de Comunicación, Promoción y Compromiso Cívico de UNICEF en Afganistán, Samantha Mort. “Todo consiste en sobrevivir y llegar al día siguiente”.
Los niños y niñas en Afganistán hacen frente cotidianamente a la miseria, la violencia, el aislamiento, la privación de una atención sanitaria básica y la inseguridad alimentaria –más de 14 millones de las personas que se encuentran en peligro por inanición en el país son menores. Además, el complicado acceso al agua potable y la alta frecuencia de los alistamientos de niños soldado en las milicias terroristas han convertido a Afganistán en uno de los países con las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo desde el año 2005. En los últimos 16 años, más de 28.000 niños han muerto o han resultado heridos en conflictos armados, lo que supone el 27% de todas las muertes infantiles en el planeta.
De continuar así, durante el año 2022 podrían morir hasta 130.000 niños en el país, a los que se sumarían más de un millón de menores de cinco años afectados por la desnutrición aguda, afirmaba la ONU en un comunicado, a finales del año pasado. Sin embargo, las cifras estimadas por Valerie Amos, secretaria general adjunta de Asuntos Humanitarios y coordinadora de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas, han sido mucho menos optimistas: si no se envía dinero urgentemente, “hasta tres millones de niños menores de cinco años enfrentarán desnutrición aguda en marzo. Y, de esos, un millón morirá”.
Por si esto fuera poco, el trabajo infantil y la venta de niñas a matrimonios concertados para garantizar su supervivencia –así como la venta de bebés de menos de seis meses que aseguren el sustento del resto de los hijos –, están siendo actividades recurrentes entre las familias afganas. Más medidas desesperadas que suponen flagrantes violaciones de los derechos de sus hijos e hijas. “La gran mayoría de la población se muere de hambre y esa es la razón por la que la gente recurre a estas medidas extremas”, explicaba Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU entre 2017 y 2021.
En este escenario, estamos en una carrera “contrarreloj”, declaró el actual secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. “La supervivencia de más de la mitad de la población de Afganistán depende de la asistencia humanitaria. Sin un esfuerzo más concertado de la comunidad internacional, prácticamente todos los hombres, mujeres y niños en Afganistán enfrentarían pobreza extrema. Y todo esto, por supuesto, en medio de una pandemia”.
La exención promovida por la ONU a finales del año pasado no ha parecido ser suficiente, y ahora, los organismos humanitarios, junto a la Organización de las Naciones Unidas, han hecho un llamamiento a la comunidad internacional solicitando 4.400 millones de dólares para un Plan de Respuesta Humanitario, y más de 620 millones para el Plan Regional de Respuesta para los Refugiados.
“Dar la espalda ahora a los civiles afganos en su hora de mayor necesidad sería el insulto final: una insignia de vergüenza que el mundo libre llevaría para siempre”, dijo Gordon Brown, embajador de la Organización Mundial de la Salud para la financiación de la salud mental.
Además, las consecuencias de paliar esta grave crisis se extenderían también a la población occidental. La mejora de las condiciones de vida de los afganos evitaría una oleada de migración masiva hacia el Oeste, el aumento de la producción y exportación de heroína y otros opioides –ya que Afganistán representa el 90% del cultivo de amapola, de donde se extrae el opio –, o la consolidación de extremismos y grupos terroristas.
De esta forma, trasladar la ayuda humanitaria a los más de 23 millones de afganos que lo necesitan debe convertirse en una tarea clave para la comunidad internacional. Es imprescindible encontrar una manera de hacer llegar esta asistencia alimentaria y sanitaria a la población de Afganistán sin que las autoridades talibanes sancionadas obtengan beneficio alguno de ello, ni consideren esta labor humanitaria como respaldo o reconocimiento político por parte del resto de potencias.
Pero, tal como afirmaba Samantha Mort: “No es el momento de hacer política. La gente en Afganistán está muriendo y necesita nuestro apoyo”. En palabras de Gordon Brown para el diario The Guardian: “Un orden mundial liberal que antepone las sanciones militares y económicas a la alimentación, ni es liberal, ni es ordenado”.
