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Afganistán: primera ejecución pública desde la vuelta al poder de los talibanes

El grupo fundamentalista ya anunció su decisión de retomar las penas físicas extremas, como amputaciones y ejecuciones, el pasado mes de septiembre de 2021
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PHOTO/AFP  -   Miembros de las fuerzas de seguridad talibán monta guardia en un puesto de control en una calle de Jalalabad el 6 de diciembre de 2022

Casi un año y medio ha pasado desde que los talibanes retomaron el poder en Afganistán –dos décadas después de la entrada de las tropas estadounidenses en el país, en 2001–, y, pese a las promesas iniciales de que su nuevo régimen estaría marcado por una mayor moderación y respeto a los derechos humanos (siempre de acuerdo con la ley sagrada del Islam, o sharía), la realidad que enfrentan los ciudadanos afganos a día de hoy pocas –o ninguna– diferencia parece mantener con el régimen talibán de los años 90.

La primera ejecución pública acontecida bajo el mandato talibán ‘de facto’ desde agosto de 2021 así podría evidenciarlo. En un acto que ha congregado en Farah a cientos de espectadores e importantes personalidades del Emirato Islámico –como el cofundador del grupo talibán y viceprimer ministro del país, el mulá Abdulghani Baradar, o el ministro de Interior y líder del grupo guerrillero Red Haqqani, Sirajudin Haqqani– el afgano Tajmir ha sido ejecutado bajo acusaciones de haber matado a otro hombre, Mustafá. 

La decisión de llevar a cabo esta condena “ha sido tomada con mucho cuidado”, decía el principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid. Y es que, según han comunicado las autoridades talibanes, la sentencia final no fue dictaminada hasta que tres de los más altos tribunales de todo el país y el líder supremo del grupo fundamentalista, Hibatullah Akhundzada, aprobaron la aplicación de la pena capital. 

El Tribunal Supremo recibió instrucciones para aplicar esta orden de qisas [un principio islámico que establece que el delincuente debe sufrir un daño igual al daño que causó] durante una concentración pública”, explicaba Mujahid. “Tras el acto se han realizado rezos para la consolidación de la seguridad nacional en el país, prestar más atención a los derechos del pueblo, y una mejor aplicación de la ley de la ‘sharía’”, concluyó. 

Tajmir, el afgano ejecutado procedente de la provincia de Herat, fue condenado a muerte hace cinco años, después de que la familia de la víctima lo acusara de matar a Mustafá y robarle la moto y el teléfono móvil. Así lo recogía un comunicado emitido por Mujahid que explicaba que, supuestamente, Tajmir había confesado el asesinato, aunque no concretaba el lugar y el momento del arresto. 

Esta ejecución, sin embargo, parece no haber traído consigo grandes sorpresas ya que el encargado de prisiones –y jefe de la policía religiosa durante el régimen de 1996-2001–, el mulá Nooruddin Turabi, anunció en septiembre de 2021 las intenciones del nuevo Gobierno talibán de retomar los castigos físicos extremos, como las amputaciones y las ejecuciones. “Son necesarias para la seguridad”, dijo Turabi, asegurando que estas condenas no se aplicarían de manera pública, tal como sucedía en la década de los 90. Algo que ahora, 15 meses después, parece haber cambiado. 

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REUTERS/ALI KHANRA  -  El ministro del Interior en funciones de los talibanes afganos, Sirajuddin Haqqani, habla durante el acto de aniversario de la salida de la Unión Soviética de Afganistán, en Kabul, Afganistán, 28 de abril de 2022

El caso de cuatro cadáveres colgados en grúas y expuestos al público en la ciudad de Herat, cuatro supuestos secuestradores de un hombre y su hijo, fue –también en septiembre de 2021– ejemplo de que las ejecuciones, pese a realizarse en privado, no se habían detenido. “Quien lleve a cabo un secuestro correrá la misma suerte”, rezaba un cartel colgado sobre el pecho de los cuatro hombres. Y, tras las palabras de Sher Ahmad Ammar, vicegobernador la localidad (“Somos el Emirato Islámico. Nadie debe dañar a nuestra nación. Nadie debe secuestrar”), se asumió la autoría talibán de dicha ejecución. 

“Tras unos minutos de lucha [en un puesto de control donde los talibanes interrumpieron la huida de los supuestos secuestradores], uno de nuestros muyahidines resultó herido, y los cuatro secuestradores murieron”, fue la declaración oficial enviada a la agencia francesa de noticias AFP por parte de las autoridades talibanes. 

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PHOTO/ Social Media/File Photo  -  El líder talibán, el mulá Haibatullah Akhundzada, en una fotografía sin fecha

A la decepcionante –decepcionante para los gobiernos occidentales– moderación que prometieron los líderes talibanes se han sumado también las restricciones contra las mujeres, minorías étnicas y grupos vulnerables, que “en aras de lo que dicta la sharía, no han visto apenas ninguna mejora en la situación de sus derechos humanos. La limitación de movimiento a las mujeres, la prohibición de que las adolescentes acudan a las escuelas, el veto a una gran cantidad de puestos de trabajo, o la obligatoriedad de desplazarse en compañía de hombres son solo algunas de las normas decretadas por el régimen talibán que actores internacionales –que van desde ONGs en defensa de los derechos humanos, hasta la Asamblea General de Naciones Unidas– han condenado de un nuevo régimen que, esperaba, sería mucho más moderado. 

Mientras tanto, Afganistán continúa sumido en una inestabilidad provocada por la pobreza y la amenaza de los ataques terroristas. Tan solo en las últimas semanas, el país ha sufrido –al menos– tres ataques terroristas: uno contra un centro islámico, al norte del territorio, donde una veintena de jóvenes estudiantes perdió la vida; otro, en la ciudad de Mazar-e-Sharif, contra un vehículo de funcionarios del Departamento de Recursos Petroleros donde por lo menos seis personas han muerto y siete han resultado heridas; y un tercero en Jalalabad, una ciudad al este del país, donde una bomba ha explotado en el mercado de divisas.