El presidente Tebboune toma esta decisión después de las presiones y críticas por parte de los sindicatos argelinos, que incluso han pedido a la OIT que intervenga en el país

Argelia da marcha atrás y retrasa la aprobación de una nueva polémica ley laboral

PHOTO/AFP - El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune

A finales del año pasado, los trabajadores y sindicatos argelinos alertaron sobre la intención del Gobierno de Abdelmajid Tebboune de adoptar un proyecto de ley relacionado con los derechos laborales que afectaría a los mecanismos de prevención de conflictos en el trabajo y al derecho a huelga.

Como respuesta, la confederación de sindicatos argelinos (CSA) expresó su rechazo a este proyecto de ley, señalando que el Gobierno no contó con su opinión a la hora de elaborarlo. Boualem Amoura, vicepresidente de CSA, definió el proyecto de ley como “un ataque y vulneración de los derechos adquiridos y reconocidos por la Constitución argelina”, según recoge L’Expression. Asimismo, desde CSA recuerdan que “no se ajusta a los convenios internacionales que ha ratificado Argelia”.

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El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Youcef Chorfa, trató de tranquilizar a los trabajadores asegurando que los planes del Gobierno tienen como objetivo “organizar la actividad sindical, definir los mecanismos de creación de sindicatos y las condiciones para afiliarse a ellos”. No obstante, los sindicatos continuaron criticando el proyecto de ley y condenando el hecho de que Argel no contase con su opinión. Su ausencia en la elaboración es, de acuerdo con los sindicatos, “una regresión peligrosa y aterradora en las libertades y prácticas sindicales”.

“Esta es la segunda vez en menos de un año que el gobierno argelino modifica la legislación que afecta la actividad sindical, sin ninguna participación ni consulta de los sindicatos”, señala Raouf Mellal, de SNATEG, el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y el Gas.

Además de CSA, la Unión General de Trabajadores de Argelia (UGTA), así como partidos políticos como el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), se han sumado a las críticas contra el proyecto de ley. Incluso la Confederación Sindical de las Fuerzas Productivas (COSYFOP), la Confederación General Autónoma de Trabajadores de Argelia (CGATA) y el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y el Gas (SNATEG) han pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intervenga y lo paralice.

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“La OIT debe alentar al gobierno argelino a involucrar a todas las organizaciones sindicales en un proceso de consulta si está realmente decidido a respetar sus compromisos internacionales y aplicar las recomendaciones y resoluciones de los órganos de control de la OIT”, indicaron en una carta dirigida al organismo.

Sin embargo, no ha sido necesaria la intervención del OIT, ya que las fuertes presiones y condenas han obligado a Tebboune a posponer la probación del polémico proyecto de ley “hasta que se realicen amplias consultas con los trabajadores y sindicatos”, informa Al-Arab.

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Argel disuelve la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH)

A pesar de que el presidente argelino haya decidido posponer la propuesta del nuevo proyecto de ley ante el Parlamento, Argel continúa con su campaña de opresión y censura. En este sentido, las autoridades judiciales han disuelto la Liga Argelia para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), una ONG fundada en 1985 cercana al Hirak. Los dirigentes de la asociación -la mayoría en el exilio- se enteraron de la disolución de LADDH a través de las redes sociales.

A través de Internet también descubrieron que la decisión responde a un juicio celebrado en junio de 2022 en el que no participaron ni “recibieron notificación del veredicto”, tal y como asegura el presidente de la ONG, Said Salhi, a TV5Monde.

“Simplemente nos culpan por defender los derechos humanos”, añadió. El vicepresidente de LADDH también comenta al canal francés que el Gobierno argelino los acusa de “hacer mala publicidad para el país a nivel internacional”, ya que, de acuerdo con Argel, los miembros de la ONG son “agentes sionistas y marroquíes”. 

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