Burkina Faso: crisis encima de crisis
Hace un mes, dos pueblos peúles, Barga y Dinguila, en el norte de Burkina Faso, sufrieron un ataque en el que murieron más de 40 personas. Los atacantes no fueron identificados, pero podrían pertenecer a grupos de autodefensa que se la tienen jurada a los peúles, a menudo relacionados y confundidos con los yihadistas. En febrero, un ataque terrorista provocó la muerte de 24 personas que acudían al servicio de una iglesia protestante en el norte del país. Un mes antes, en enero, varios hombres armados irrumpieron en otro pueblo del norte donde asesinaron a sangre fría a 39 personas. Y a principios de ese mismo mes, en otro ciclo de ataque-represalia, que nuevamente implicaba a terroristas, grupos autodenominados de “autodefensa” y peúles, llegaba la cuenta oficial de muertes a 46 –aunque algunas ONGs la elevaban a más de un centenar de fallecidos. Si uno busca, encuentra ejemplos similares en noviembre –una emboscada a los empleados de una mina–, en diciembre –una ejecución colectiva de mujeres– y otros tantos.
En 2016, un grupo violento de corte yihadista atacó un café-restaurante en Uagadugú. Desde entonces, el país ha dejado de ser el lugar pacífico que parecía ser hace un lustro, para enfrentarse a la violencia terrorista y a otras de distinta índole; en especial en el norte del país, donde conviven la debilidad del Estado, la pobreza, y distintos grupos con variados intereses. Los ataques de grupos terroristas se han convertido en una realidad demasiado frecuente en Burkina Faso: contra el Ejército, contra imanes que se oponen a las corrientes radicales, en las aldeas… Los radicales islamistas comenzaron a aprovecharse del descontento que había en las regiones del norte con ideas que calaban especialmente entre jóvenes y desfavorecidos. Entretejido con el asunto de la religión, y el descontento social estaba y está el de las etnias; en el centro de la diana, los peúles, un pueblo seminómada mayoritariamente musulmán, cargado con conflictos ancestrales con los agricultores por el uso de la tierra.
Los enfrentamientos entre grupos enemigos, el Ejército y sus aliados están provocando que mucha gente huya. Si en 2018 había cerca de 50.000 desplazados internos, el recrudecimiento de la violencia en los últimos tiempos ha llevado a que muchas más personas dejen sus hogares. ACNUR habla de un “escenario de desplazamiento masivo de más de 838.000 personas desde enero de 2019” en Burkina Faso, contribuyendo a una crisis de suministros en lugares que no dan abasto para tanta gente. El organismo de la ONU reporta el regreso de refugiados malienses, no porque la situación haya mejorado en sus lugares de origen, sino porque es peor en Burkina Faso. Según Médicos sin Fronteras (MSF), en algunas zonas ya no hay suficiente agua para todos, los sistemas médicos están colapsados y hay escasez de alimentos. El problema se complica teniendo en cuenta que en la región del Sahel ya suele atravesar dificultades cíclicas durante la estación que comienza en junio. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido que la violencia yihadista e intercomunitaria que golpea Burkina Faso, Malí y Níger provocará un “aumento dramático” de personas hambrientas. Y pone énfasis especial en Burkina Faso donde se esperan 2,1 millones de personas en inseguridad alimentaria frente a las 680.000 del año pasado.
Y en este contexto llega el coronavirus, cuyas consecuencias y amplitud son inciertas en el país. Las cifras oficiales se mantienen en menos de una treintena de muertes a mediados de abril provocadas por la COVID-19, aunque dado el difícil rastreo de esta enfermedad, es difícil saber si son o no ajustadas a la realidad. Las medidas tomadas a nivel estatal no son pocas: cierre de aeropuertos y fronteras, cuarentena en las poblaciones más relevantes, paralización de actividades escolares, prohibición de manifestarse, suspensión de los transportes públicos… Otro impacto que, desde luego, no se ha menospreciado es el económico. El presidente Roch Marc Christian Kaboré ha anunciado que la tasa media de crecimiento del 6,3% de los últimos años bajará al 2% en 2020 por causa del coronavirus. Pero el aviso de las organizaciones humanitarias es más desgarrador: “El país carece de personal entrenado en atención respiratoria, tiene suministros inadecuados de protección para el personal sanitario y puntos de control sanitario insuficientes en sus fronteras terrestres”, ha dicho el portavoz del Consejo Noruego para los Refugiados, Tom Peyre-Costa, a Europa Press, donde destacaba también que en todo el país hay solo 500 camas y “una pequeña clínica” para atender a los pacientes con la COVID-19.
Los ataques, en nombre de la yihad o no, continúan, el número de desplazados aumenta y las condiciones en los campamentos de desplazados en los que escasea el agua, el espacio y la atención sanitaria, ofrecen la tormenta perfecta para que las crisis humanitaria y sanitaria se superpongan.
