Colombia ha tenido 63 masacres en lo que va de 2020
Colombia vivió otro fin de semana sangriento. La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas para la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ) ha informado de una nueva masacre este sábado en Quibdó, un departamento en el suroeste del país suramericano, en donde fueron asesinadas tres personas. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, los autores del crimen abordaron a las víctimas en una especie de balcón de una vivienda.
La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha denunciado, en su último informe, un total de 240 fallecidos en lo que va de año, repartidos en 63 masacres. En el texto se señala como responsable de las muertes de más de 240 personas al Gobierno y a su “connivencia” con el crimen, los grupos armados y el narcotráfico. "Las masacres de 2020 se equiparan a las de hace 20 años", reza el informe.
La realidad es que, la fragmentación del conflicto en Colombia impide identificar a los autores de las masacres que han azotado al país en los últimos años. Las matanzas, que durante el mes de septiembre han dejado al menos 45 víctimas, están costando la vida a pobladores de las zonas rurales de al menos cinco regiones del país.
Las regiones más afectadas por esta ola de violencia son Antioquia, en el noroeste de Colombia, con 14 masacres, seguido de Arauca, en la frontera con Venezuela; Nariño, el departamento que limita con Ecuador; Cauca, tierra indígena; y Catatumbo, que comparte más de 400 kilómetros con los venezolanos. Zonas aisladas de las grandes urbes en donde la guerra se ve a través de las pantallas del televisor.
Desde hace cuatro años de la firma del tratado de Paz, la opinión pública se pregunta quién está detrás de esas matanzas y por qué se mantiene la espiral de violencia. La respuesta es tan compleja como la cantidad y diversidad de organizaciones armadas que operan en el territorio.
Tras el desarme de la guerrilla de las FARC, cuya organización se convirtió en partido político, la nueva cara del conflicto en Colombia se volvió más confusa y focalizada. En relación con los grupos armados, el informe detalla cómo la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC ha fortalecido a otras estructuras, como al Ejército de Liberación Nacional (ELN), o al Ejército Popular de Liberación (EPL), con aquellos combatientes que no se han querido acoger al proceso de paz.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha insistido, por su parte, en la existencia de al menos cinco conflictos en Colombia. El organismo humanitario acaba de revelar que, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado 466 casos de desapariciones.
Una sola mirada a las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra que sí hay una tendencia en aumento durante su administración, pero que esta viene desde finales de 2017, es decir, en el último año del mandato de Juan Manuel Santos. "El Gobierno del presidente Iván Duque no tiene rumbo, no hay claridad conceptual, le echan la culpa todavía a Juan Manuel Santos, al proceso de paz y además no se ocupan los territorios", afirma el informe de INDEPAZ citando a la Fundación Paz y Reconciliación.
El Gobierno se ha defendido diciendo que no se trata de un regreso al pasado porque las masacres, que ahora nombra públicamente como “homicidios colectivos”, “no volvieron porque nunca se fueron”, en palabras del presidente Iván Duque. Insisten en la hipótesis de que todo ocurre por el narcotráfico, pero diversos analistas afirman que si bien ese negocio tiene peso no logra explicar todos los casos.
La realidad es muy distinta. Un ejemplo es la masacre de cinco personas en Arauca, donde no hay alta presencia de cultivos de coca y que al parecer tendría relación con una sanción social por parte de disidencias; tampoco el caso de Cali donde fueron asesinados cinco jóvenes en un campo de caña y que, según la Fiscalía, fue cometido por dos vigilantes sin ninguna vinculación a grupos armados; o el de Cauca donde el contexto de resistencia indígena y la sevicia de las disidencias obliga a hacer lecturas más allá del narcotráfico.
La última masacre ocurrió esta semana, cuando fueron asesinados un padre de familia, su hijo y un agricultor; muertos en una zona rural del municipio de Algeciras, Huila. Los hechos sucedieron en la vereda Quebradón Sur, región a una hora en coche de la cabecera municipal, donde el 17 de julio fueron asesinadas cuatro personas por parte de disidencias de la guerrilla.
Las cifras del Centro de Memoria Histórica, entidad gubernamental que ha documentado el conflicto, indican otra cosa: aunque todos los grupos han usado las masacres como método de terror, de las 1.982 ocurridas entre 1985 y 2012, el 58% fueron cometidas por los paramilitares.
Los grupos paramilitares como el Clan del Golfo, o Los Caparrapos, además de las disidencias de las FARC y otras bandas armadas más pequeñas en busca de territorios, son otras de las estructuras cuya presencia en todo el oeste del país ponen en serio peligro la vida de sus moradores, en especial la de aquellos municipios más rurales y apartados.
