Dimiten en masa 113 militantes de la formación islamista tunecina Ennhada
La influencia de la formación islamista Ennhada se evapora en Túnez. El partido político más importante del Parlamento atraviesa una enorme crisis de identidad que se ha cobrado este sábado la dimisión de 113 militantes. La hemorragia interna ha brotado después de dos meses fuera del poder y ha arrastrado consigo, entre otros, al exministro de Salud, Abdul Latif al-Makki, y al diputado Samir Dello. Dos de las figuras con mayor peso dentro del partido.
En una misiva dirigida a la cúpula de Ennhada, los dimisionarios atribuyen su decisión a la parálisis de la organización, agravada por la escasez de reformas internas. El férreo liderazgo de Rachid Ghannouchi, presidente de la Asamblea, se ha visto cuestionado en los últimos meses, llegando a lidiar con continuas peticiones de dimisión entre sus filas por sus desacertadas decisiones estratégicas desde la victoria electoral de 2019.
En 2020, más de un centenar de militantes islamistas respaldaron por escrito su rechazo a un nuevo mandato de Ghannouchi y amenazaron con dimitir en bloque si no se convocaba un congreso antes de final de año para escoger a su relevo. El documento se hizo público y supuso el mayor golpe de autoridad a la figura del fundador del Partido del Renacimiento tras más de 30 años ininterrumpidos en el cargo.
El congreso no llegó a celebrarse. En su lugar, Ghannouchi decidió contentar a las bases con la destitución en agosto de todos los integrantes de su comité ejecutivo. Una medida que no satisfizo a sus críticos ni acalló las quejas contra su mandato. Y es que desde el seno de la organización muchos señalan al propio fundador de Ennhada como principal responsable del aislamiento político al que está sometido el partido.
Y no parece que la sangría de bajas vaya a detenerse. El diputado Samir Dello ha declarado este sábado a la emisora tunecina GEM que en las próximas horas o días es posible que se registren nuevas renuncias. A esta hora, han sido varios los parlamentarios y altos mandos de la formación que han dejado atrás su militancia.
El exministro islamista Al-Makki confirmó su renuncia al digital tunecino Tuniscope, donde dedicó unas líneas a su marcha del partido: “Me siento tan triste. / Siento el dolor de la separación, dolor severo / Pero no tuve otra opción después del largo intento, especialmente en los últimos meses. / Asumo la responsabilidad de mi decisión, de mi orden. / Saludos a mis seres queridos. / Debemos enfrentar el golpe de estado para Túnez”.
Los dimisionarios acusan a la cúpula de la formación de haber fracasado en su intento por reformar el país. Una promesa con la que triunfaron después de conseguir la legalización y volver del exilio tras el exitoso estallido revolucionario de 2011, un proceso del que Túnez emergió como primer país del mundo árabe en conseguir un sistema democrático.
Ennhada ha formado parte de todos los Ejecutivos tunecinos de la última década, integrando Gobiernos de coalición. Sin embargo, el estado actual de Túnez dista mucho de lo esperado. El país atraviesa una crisis social y económica de grandes proporciones, agravada por la COVID-19 y el golpe al turismo, motivos que explica la pérdida de hasta un millón de electores a lo largo del proceso.
El golpe de timón ejecutado en julio por el presidente Kais Saied terminó por descoser al partido. El mandatario disolvió el Parlamento, destituyó a medio Gobierno y se arrogó plenos poderes en un plazo de 30 días que venció en agosto. Todo ello valiéndose del artículo 80 de la Constitución, una Carta Magna que en su día ayudó a redactar pero que ahora quiere suprimir.
El título recoge que el presidente de la República podrá adoptar medidas excepcionales “en caso de peligro inminente que amenace las instituciones de la nación o la seguridad o la independencia del país, y que obstaculice el normal funcionamiento del Estado”, previa consulta con el presidente de la Asamblea, una mediación que no llegó a producirse. Se trata de un polémico campo abierto a interpretaciones, pero Saied contó con el respaldo de una gran parte de la sociedad tunecina.
Aunque no contó con el apoyo de Ennhada, que denunció la deriva autoritaria del presidente. Saied ha continuado en esta senda y promulgó el miércoles una nueva norma que le dotaba de capacidad legislativa a golpe de decreto ley en una treintena de materias. Unas prerrogativas que empujaron a Ghannouchi a acusarle de haber suprimido ‘de facto’ el orden constitucional.
En este sentido se pronunciaron las organizaciones internacionales y el resto de fuerzas de la oposición tunecina salvo la más importante, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), que amasa más de un millón de afiliados en el país.
