El ala militar del Gobierno sudanés rompe su alianza con la sección civil y exige disolver el gabinete
Después de la intentona golpista repelida el pasado 21 de septiembre en Sudán, el país africano atraviesa un período convulso que amenaza con deshacer la transición democrática. La asonada fallida, que habría sido emprendida por un reducido grupo de oficiales fieles al exdictador Omar Hassan al-Bashir, hirió de muerte la frágil alianza de Gobierno entre militares y civiles, que preveían una celebración electoral para finales del próximo año.
La desconfianza mutua que se profesan las distintas secciones del Ejecutivo es pública y notoria. Así se han encargado de demostrarlo diversos miembros del gabinete en las últimas semanas mediante críticas abiertas a sus socios, a los que culpan de la profunda crisis social y económica que asola al país.
La última figura en cargar contra la sección civil del Ejecutivo ha sido la del teniente general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano que actúa a su vez como jefe de Estado, quien propuso el lunes “disolver el Gobierno de transición” ante la falta de alternativas capaces de resolver la crisis, agravada desde el intento de golpe de Estado. Los planes de Al-Burhan pasarían por la formación de un nuevo poder ejecutivo “con una base de partidos más amplia”.
Esta apertura contaría con todas las formaciones “revolucionarias y nacionales, excepto al disuelto partido del Congreso Nacional”. Así lo anunció Al-Burhan durante la celebración de un acto militar, desde donde cuestionó el papel de los miembros civiles del gabinete y reveló que “el componente militar ha rechazado todos los intentos de continuar la coalición en su estado previo” a pesar de haber mantenido un contacto estrecho con sus socios.
Al-Burhan añadió que las Fuerzas Armadas, con él a la cabeza, se encargarían de proteger el período de transición “hasta que se alcancen elecciones libres y justas, en las que el pueblo sudanés elija quién gobierna”. Una declaración que hace dudar a los observadores acerca de las verdaderas intenciones del ala militar del Gobierno, que cuenta aún con integrantes leales al régimen previo en sus filas.
El presidente exigió al Gobierno en funciones, además, el nombramiento de nuevos perfiles “independientes y que representen a todo el pueblo” que pasarán a componer Tribunal Constitucional. Sin embargo, las reuniones entre las distintas instituciones continúan suspendidas desde el golpe de Estado fallido. Parálisis institucional.
En 2019, el expresidente Omar Hassan al-Bashir fue derrocado después de gobernar Sudán con mano de hierro durante tres décadas. Período en que el país atravesó una segunda guerra civil que finalizó con la secesión en 2011 de Sudán del Sur y un conflicto en la región occidental de Darfur. Por aquel entonces, las continuas movilizaciones callejeras contra su figura provocaron su dimisión, una renuncia forzada a consecuencia de las continuas presiones de los estamentos militares.
El 5 de julio de ese mismo año, el Consejo Militar y la alianza de oposición Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC) alcanzaron un acuerdo en el que sentaron las bases de la transición política. En virtud del pacto, el Gobierno estaría compuesto por los consejos Soberano, ministerial y legislativo, repartidos a su vez entre militares y civiles. Al-Burhan asumió plenos poderes durante los primeros 21 meses, delegando en Abdallah Hamdok como primer ministro una vez vencido el plazo.
El propio Al-Burhan denunció sin embargo un intento de exclusión del Ejército impulsado desde las distintas fuerzas políticas, en una clara alusión a las declaraciones de Hamdok, quien atribuyó la autoría del golpe a remanentes del régimen previo, dando paso a un alud de protestas callejeras contra los militares. La sociedad civil interpretó el golpe como un intento del Ejército de subvertir la hoja de ruta acordada en 2019.
El acuerdo transicional dejó una serie de problemas que aún no se han resuelto. Las FFC exigen a los militares que emprendan una serie de reformas en materia de seguridad y que cedan a la sociedad civil los mandos de la Policía y los servicios de inteligencia. No obstante, Al-Burhan prometió que “el liderazgo de los organismos militares y de seguridad no es un lugar de licitación política, y no estará sujeto a las cuotas actuales”. “El pueblo decide”, sentenció.
La división en el seno del Ejecutivo es profunda. El ala militar acusa al ala civil de querer “monopolizar el poder”. En este sentido se expresó el primer vicepresidente del Consejo Soberano, Mohammad Hamdan Dalgo, alias “Hemeti”, quien cargó contra los miembros civiles por su exceso de ambición “a la hora de ocupar una silla”, mientras que los militares están concentrados “en sacar al país de la crisis”.
“Sólo entregaremos la Policía y el servicio general de inteligencia a un Gobierno electo”, trasladó Hemeti en declaraciones al rotativo sudanés Alsudani. “No hemos discutido la entrega de la presidencia del Consejo Soberano de civiles, y no está en nuestra agenda en este momento porque es prematuro”, concluyó el alto mando militar, contraviniendo ‘de facto’ el acuerdo de transición.
Hemeti es uno de los generales de las fuerzas de apoyo rápido sudanesas que, en coordinación con el expresidente Al-Bashir, habría cometido crímenes de lesa humanidad en la provincia de Darfur, según Human Righst Watch (HRW). Este motivo obliga al propio Hemeti y a otros altos mandos militares a mantener el poder en Sudán porque, de perderlo, correrían el riesgo de ser extraditados a la Corte Penal Internacional (CPI) de la misma forma que Al-Bashir.
La sociedad civil acusa a los militares de fomentar disturbios en varios puntos del país para desestabilizar el actual pacto de Gobierno. En declaraciones a Reuters, el exministro de Comercio y uno de los negociadores civiles, Madani Abbas Madani, aseguró que “el componente militar no está interesado en completar una transición democrática civil”, sino que su objetivo es dañar a la autoridad civil y “crear una realidad que les permita tomar el poder fomentando las divisiones étnicas”.
De ampliar la base de partidos que conforman las FFC, la reestructuración podría “crear el entorno ideal” para que los militares tomen el poder, según apunta el investigador asociado Osama Abuzaid en Middle East Eye. “A pesar de las reiteradas garantías de Al-Burhan de que los militares nunca intentarían un golpe, algunos creen que el reciente intento fallido fue un globo sonda destinado a probar las posibilidades de un golpe futuro”.
