El castrismo endurece su represión contra las protestas en Cuba
Cuba vivió el pasado 11 de julio una de las jornadas más destacadas de su historia reciente. Por primera vez en décadas, los cimientos del régimen que gobierna la isla con mano de hierro desde enero de 1959 temblaron, e incluso amagaron con venirse abajo. Sin embargo, la férrea estructura de poder hizo una enésima demostración de fuerza y diluyó las protestas haciendo uso de un sistema represivo engrasado a la perfección. Silencio. Una vez más, los problemas de Cuba volvían a pasar a un segundo plano.
El Gobierno cubano no concedió ni una sola de las demandas exigidas por una parte de la sociedad civil, y las consecuencias de la COVID-19 continuaron erosionando la ya de por sí precaria situación del país. Un contexto que la plataforma Archipiélago quiso aprovechar para asestar un nuevo golpe de efecto al régimen de Díaz-Canel cuatro meses después de las protestas multitudinarias. La organización convocante decretó el lunes 15 de noviembre como el día ‘D’ en que debería producirse una nueva ola de protestas para tumbar al castrismo.
Todo parecía indicar que la isla atestiguaría concentraciones similares a las acaecidas en julio, originadas por sorpresa en la localidad de San Antonio de los Baños. Otro reto más a la legitimidad política del castrismo, algo intolerable para las altas instancias del régimen. Sin embargo, las autoridades conocían los planes del colectivo e hilaron una respuesta preventiva que impidiera la celebración de las manifestaciones convocadas en diversas ciudades del país.
El Gobierno de Díaz-Canel criminalizó la denominada Marcha Cívica por el Cambio, según la plataforma Archipiélago, y decidió enfrentar de nuevo al pueblo cubano en lugar de “respetar nuestro derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocidos por la Constitución de 2019”, trasladó el colectivo. Unos hechos denunciados por la ONU, que instó al Gobierno cubano a permitir las movilizaciones y cesar las represalias.
Las calles del país amanecieron militarizadas y la vestimenta de civil de los agentes de seguridad no ocultó la fuerte presencia policial. Pero este contingente actuó en compañía de una masa reactiva de la que han formado parte centenares de ciudadanos leales al régimen, que han llegado a trasladarse hasta los domicilios de los manifestantes para intimidarles e impedirles abandonar sus casas. El objetivo era evitar a toda costa que se reeditasen las mayores protestas en contra del castrismo en seis décadas.
La Policía bloqueo la vivienda de uno de los organizadores de la manifestación, Yunior García Aguilera. El dramaturgo de 39 años quedó incomunicado después de que las autoridades cortasen, además, su conexión telefónica y bloqueasen su acceso a internet. Y de la misma forma que García Aguilera, otros convocantes han recibido las represalias del régimen en sus propios hogares. La acción represiva ha sido catalogada desde la oposición como una “victoria humillante” del castrismo, que ha quemado las naves para aparentar normalidad, pero que ha conseguido poner de relieve una vez más su marcado autoritarismo.
“El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta”, declaró a través de Twitter el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. La organización documentó en julio abusos contra los derechos humanos, detenciones arbitrarias, malos tratos durante la detención “y procesos penales abusivos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias del país”.
La organización en favor de los derechos humanos reportó entonces más de 1.000 detenciones y se hizo eco de la muerte del cantante Diubis Laurencio Tejeda. El varón de 36 años habría sido asesinado a manos de un policía, aunque nadie ha asumido la responsabilidad por su fallecimiento. Desde el Gobierno justifican estas acciones por la injerencia exterior. La amenaza de un agente externo con capacidad de influencia y la existencia de quintacolumnistas dentro de la sociedad cubana han sido los pilares argumentales que han sostenido las décadas de represión en Cuba.
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, celebró el fracaso forzado de las movilizaciones, tachándolo como una “operación fallida”. Siguiendo el mismo ‘modus operandi’, Rodríguez denunció la participación extranjera en las protestas y señaló la acción de Washington. Estados Unidos es, desde el inicio de la Revolución Cubana, el chivo expiatorio que sostiene el relato del castrismo. “Algunos de mis colegas en Washington se han quedado vestidos para la fiesta suya, que no ha ocurrido”, sentenció el titular de Exteriores.
El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, denunció las detenciones domiciliarias de los activistas, los arrestos en plena calle, las amenazas y los cortes de internet. Sin embargo, Cires denominó como un ejercicio abominable los actos de repudio, esto es, “cuando las turbas progobierno se concentran frente a la casa de los activistas para gritar improperios y burlas”. Una práctica cada vez más habitual en Cuba.
“A pesar de eso, hoy el pueblo cubano se ha hecho sentir. Los que han podido se han manifestado en las calles; otros lo han hecho desde la seguridad de sus casas. 120 ciudades de todo el mundo también se unieron a la jornada; y allá donde marchó un cubano, marchamos todos. Jamás el pueblo cubano ha estado más unido en la lucha por sus derechos”, trasladó la plataforma Archipiélago a través de un comunicado publicado en Facebook. En la misiva, el colectivo ha anunciado además que extenderán la Jornada Cívica por el Cambio hasta el próximo 27 de noviembre.
La sociedad cubana está fracturada. La parte que mantiene su respaldo al régimen se ve coaccionada por la dinámica del miedo, o se ve atrapada en las redes clientelares que garantizan su supervivencia o la supervivencia de los suyos. Al otro lado de la balanza ejercen su peso aquellos que claman por un aperturismo democrático y exigen la llegada de un nuevo sistema político. El miedo también les influye, pero la oposición fortalece sus vínculos a marchas forzadas. Y en medio se ubica un régimen que no pretende conceder ni un milímetro, pero que vive sus horas más bajas desde que tomase el poder en enero de 1959.
Coordinador para América Latina: José Antonio Sierra
