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En relación con la noticia divulgada ayer mismo por diferentes medios, en los que se afirmaba que desde la Fiscalía de Zaragoza se estaba tratando de esquivar la causa contra Brahim Ghali, ahora centrada en la falsedad del pasaporte que llevó al líder del Frente Polisario a entrar en el Hospital San Pedro Logroño de forma fraudulenta, este Fórum manifiesta lo siguiente:
Que rechazamos dicho intento de inhibición por parte de la Fiscalía Provincial de Zaragoza a través del represente de su ministerio, Juan Pablo Fraj, en favor de los juzgados de Logroño, en escrito enviado ayer al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que dirige la causa en relación a la entrada ilegal de Ghali en España. Dicho fiscal dice ahora que el Juzgado de Zaragoza no es competente “para conocer de la falsedad cometida en Logroño”. Desde este Fórum censuramos lo que a todas luces se manifiesta como una frivolidad judicial en toda regla por parte de dicho ministerio fiscal.
En ese sentido, apoyamos nuevamente la posición de la acusación particular, a través de su abogado Antonio Urdiales, negándose tajantemente a esta petición, ya que afirma que “la falsedad del pasaporte es un delito conexo de la prevaricación, hecho este que ya llevó al Juzgado de Logroño a su inhibición en junio de 2021 en favor del juez Rafael Lasala, de Zaragoza, considerando que este debe mantener su competencia”.
Resulta cuanto menos sospechoso que esta petición del fiscal aparezca justo cuando están a punto de concluir los seis meses de ampliación de la investigación solicitada por el juez Rafael Lasala, donde podría haber un sobreseimiento provisional, pero si aparecen nuevas pruebas que aconsejen levantar dicho sobreseimiento, la causa tendría que volver de nuevo a Zaragoza. En ese sentido nosotros nos hacemos la misma pregunta que el abogado Urdiales, ¿por qué tan ‘inusitado’ interés en desviar la causa a Logroño? No en vano, si hubiera respuesta de Argelia a la comisión rogatoria presentada y apareciesen nuevas pruebas, esto podría ser fuera de dicho plazo.
De hecho, fue el propio fiscal quien solicitó esa investigación, lo que indica contradicciones. Unas contradicciones que vienen de un fiscal que, por otra parte, fue uno de los autores intelectuales del archivo de la causa contra la exministra González Laya en el caso Ghali, con argumentos tan peregrinos como que Ghali "no figuraba en la base de datos de Interpol o de ningún órgano judicial español como persona buscada por la comisión de hechos delictivos”. Algo del todo incierto, ya que por todos es sabido que tenía en ese momento dos causas pendientes en la Audiencia Nacional.
En ese sentido, queremos recordar y resaltar, ante el apagón mediático ante este tema, que una de estas causas aún continúa abierta, en la que se acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. No solo eso, hace tan solo unos días, el Juez Pedraz tomó declaración a Abba Bouzeid, testigo de las torturas que el activista saharaui Fadel Breica habría sufrido a manos del Frente Polisario.
Por ello, el juez escuchó de boca de Bouzeid durante 90 minutos los detalles del secuestro, tortura y detención arbitraria a los que fue sometido junto con Fadel Breica, en los centros de detención de Al-Rashid y Al-Dhiba, que habitualmente utiliza el Polisario para estos menesteres en los campamentos de Tinduf (Argelia). En dicha declaración, Bouzeid confirmó las torturas a Fadel Breica. Con respecto a Ghali dijo que lo vio en la prisión el día que escuchó los gritos de Breica. La Audiencia Nacional ya ha rechazado en varias ocasiones los intentos de la defensa de Brahim Ghali de archivar esta causa, en la que también existen otros imputados, tales como Bachir Mustafa Sayed, número dos del Polisario, o Mustafa Mohamed Ali Sid el Bachir, que ocupaba el cargo de ministro del Interior.
Por último, no debemos olvidar que durante este mes de octubre hemos asistido a numerosos hechos tanto a nivel nacional como internacional que dejan en evidencia a Ghali y a su cúpula. Hemos asistido a denuncias y reprobaciones internas por parte de las juventudes del Polisario hacia sus gobernantes, nada menos que en sus medios oficiales, algo inédito y que según nuestras informaciones pudo conllevar represalias. Aunque lo más relevante ha sido presenciar el reconocimiento oficial del Polisario en boca del propio Brahim Ghali, de violaciones de Derechos Humanos contra su propia población disidente por primera vez en casi medio siglo de existencia, algo que los habituales defensores del Polisario en España curiosamente han omitido en sus informaciones Y, por supuesto, estas causas judiciales antes referidas que, contrariamente a lo que se afirma, continúan con su recorrido procesal (Madrid, Zaragoza y Logroño).
Igualmente debemos resaltar la bofetada en toda regla que para el Polisario ha supuesto el contenido de la reciente resolución 2654 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Donde además de reafirmar la posición del Consejo de Seguridad desde 2007, y a través de él de la comunidad internacional, de que la solución a este conflicto regional debe ser política, realista, pragmática, sostenible y basada en la avenencia, también se denunció en dicha resolución las malas prácticas del Polisario en cuestiones básicas que afectan asimismo a derechos elementales. Estas reprobaciones van relacionadas directamente con la petición del Consejo de Seguridad de la ONU a las organizaciones humanitarias de que se aseguren que “la entrega de ayuda humanitaria se realice conforme a las buenas prácticas de la ONU”, debido al periódico y repetido desvío de dicha ayuda para lucro personal con la connivencia del Polisario. Un desvío confirmado en varios informes del Alto Comisionado para los Refugiados, de la oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF), y que llevamos años denunciando.
Por otra parte, la resolución también solicita que se desplieguen todos los esfuerzos para proceder al registro de las poblaciones o censo de los campamentos de Tinduf mediante el Alto Comisionado para los Refugiados. Una petición rechazada insistentemente por Argelia y el Polisario desde hace más de 25 años. Un rechazo a censar la población que tiene por objeto ocultar la población real, cuyos datos actuales son estimativos y están “inflados” por el Polisario, debido a que la ayuda humanitaria desviada a la que se refiere el Consejo de Seguridad se otorga en función de los datos poblacionales. Cuanta más población más ayuda, cuanta más ayuda, más desvío y, por ende, más corrupción.
Nos congratula que nuestras denuncias no hayan caído en saco roto y la ONU por fin se haya hecho eco de un tema tan sensible e importante.
