El Gobierno de Sánchez amenaza a la Comisión si no sale adelante su Iberexit eléctrico
Esto ha llevado al Gobierno de España a amenazar con vetar otras disposiciones comunitarias donde se impone la unanimidad e, incluso, la mayoría reforzada. Las amenazas del Gobierno de España han sentado como un golpe inesperado a algunos miembros de la mismísima Comisión. ¿Por qué? Porque más que jugarse el futuro de España parece que lo que está en juego es la supervivencia del Gobierno de Sánchez.
El Gobierno de España ha puesto en cuestión incluso el ´Fit for 55´, el plan de la Unión Europea para una transición verde. Una revisión general de la legislación de cada país para reducir en un 55% las emisiones de gas para 2030. No sólo eso: el Gobierno de España ha dejado caer su capacidad de veto si no se cumplen sus exigencias.
Presionados por el acuerdo con Podemos, el Gobierno de Sánchez trata de no poner en práctica uno de los puntos del texto que inició la alianza. Aquel que señala: "Realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como 'beneficios caídos del cielo') que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente".
Para evitar poner en práctica una solución irreal sobre unos inexistentes beneficios extraordinarios, el Gobierno necesita que la Comisión acepte unas medidas encaminadas a romper temporalmente el mercado único eléctrico europeo.
Ha sentado mal, dicen fuentes comunitarias, que el presidente del Gobierno haya faltado a la verdad señalando que las eléctricas tienen ´beneficios caídos del cielo´ que no aparecen, ni en su cuenta de resultados, ni se compadecen con unas compañías cuyos precios para el 80% de la demanda son absolutamente fijos.
La decisión de la Unión Europea no será, en modo alguno, favorable a que se rompa la unidad del mercado eléctrico europeo, el principio de igualdad y el de libre competencia. No puede obligarse a las eléctricas, que son las que soportan la subida del coste del gas, a pagar la diferencia de la minoración del precio del mismísimo gas.
El caso es que, además de la falsedad de que tienen beneficios extraordinarios, el Gobierno de España ha propuesto un límite al gas de 30 euros para que la producción de electricidad se abarate. Sin embargo, señalan fuentes comunitarias, esto apenas tiene sentido si se obliga a las mismas compañías eléctricas a pagar la diferencia para compensar a las empresas gasísticas. No tiene sentido porque repercutirán este nuevo coste sobre los consumidores y acabamos en el mismo punto del que empezamos.
En cualquier caso, a pesar de que los argumentos en contra el Iberexit se caen por su propio peso, el Gobierno de España ya ha puesto encima de la mesa su capacidad de veto casi a todo lo que parece moverse a favor del libre mercado y del principio de unidad de este.
