El líder golpista, Paul Henri Damiba, asume la jefatura del Estado en Burkina Faso y restaura la Constitución
Burkina Faso ya conoce a su nuevo líder. Siguiendo la estela de países como Guinea, Malí o Sudán, la excolonia francesa se sumerge a partir de este lunes en un periodo de transición pilotado por militares tan solo una semana después de presenciar en televisión cómo un grupo de oficiales asestaba un golpe de Estado contra el Gobierno de Roch Marc Christian Kaboré, en el poder desde 2015, confirmando los rumores que apuntaban hacia una asonada inminente.
Al frente de la junta militar estará Paul Henri Sandaogo Damiba (Uagadugú, 1981). Ungido como presidente, el teniente coronel encabeza el Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), organismo encargado de dirigir el impasse político abierto tras el derrocamiento de Kaboré. Formado en Estados Unidos y Francia, Damiba integró el Regimiento de Seguridad Presidencial de Blaise Compaoré, que gobernó el país durante casi tres décadas, por lo que mantiene conexiones con el antiguo régimen.
La historia reciente de Burkina Faso ha ido moldeándose en torno a los golpes de Estado. Desde su independencia en 1960, el Ejército ha dominado la vida política durante 48 años, y el contador no se detendrá en los próximos meses, aunque la junta militar haya restaurado parcialmente la Constitución y haya publicado un Acta Fundamental. El documento, dotado de 37 puntos, regulará las leyes hasta el establecimiento de una nueva Carta Magna transitoria.
Los golpistas reconocen mediante el texto la igualdad ante la ley, la libertad de culto y conciencia, la libertad de movimiento, la inviolabilidad del domicilio, la independencia judicial, la libertad de prensa y el derecho a la educación. Aunque también reconocen al MPSR como la columna vertebral del país, del que emanan las competencias en las áreas de seguridad, defensa y economía. Y sobre Damiba recae el título de presidente, jefe de Estado y jefe supremo del Ejército.
La restauración parcial de la Constitución se producía horas después del anuncio de la Unión Africana. La organización se sumaba a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y suspendía la participación de Burkina Faso “hasta la restauración efectiva del orden constitucional”. Una decisión lesiva en términos económicos para el país, que precedió al envío de una comisión a Uagadugú para establecer un diálogo con los golpistas.
En una nación habituada a los golpes de Estado, la última experiencia golpista se remonta al año 2015, meses antes de la victoria de Kaboré en las urnas. El general Diendéré, quien también formaba parte de la guardia pretoriana del expresidente Compaoré, suspendió junto a un grupo de amotinados el proceso de transición abierto desde la expulsión del antiguo mandatario en las revueltas de 2014. El régimen previo emergía de nuevo, aunque en esa ocasión sin éxito.
La soldadesca capitaneada por Damiba consiguió, después de una semana marcada por las revueltas, subvertir el mermado orden político burkinés, aletargado por la creciente amenaza terrorista desde 2015. La proliferación de los grupos yihadistas en la zona norte del país, conectada con el Sahel, avivó la inseguridad y dejó caer a miles de burkineses bajo el violento sometimiento del yihadismo, las milicias comunitarias e incluso el Ejército.
El decreto emitido por la junta militar ha cesado, además, al jefe del Estado Mayor del Ejército, Gilbert Ouédraogo. Un signo del evidente descrédito en que se encuentra sumergido la cúpula militar que rodeaba al presidente Kaboré. Desde el Estado Mayor se impulsaron diversas estrategias para combatir el yihadismo, Todas insuficientes. Y las tropas han denunciado la escasez de recursos.
Kaboré, que ejerció como primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y presidente del entonces partido hegemónico, el CDP, durante el blaisismo y que ocuparía después un espacio socialdemócrata, nunca prestó la suficiente atención a las cuestiones castrenses. Y se mostró incapaz de atajar la problemática.
Un motivo que llevó a la población de la capital y de otros puntos del país a celebrar la deposición del presidente. Es un momento en que la sociedad burkinesa prioriza la seguridad por encima de los principios democráticos. Sin embargo, una gran mayoría de la población considera compatibles estos principios con un refuerzo de la estrategia de seguridad nacional. Una tónica general que tiende a repetirse en otros países de la región.
Un tribunal burkinés ha anunciado este lunes el aplazamiento del juicio por el histórico asesinato del carismático presidente Thomas Sankara. El icono revolucionario de la izquierda, conocido como el ‘Che Guevara africano’ por sus ambiciosos planes de transformación y su mirada panafricanista, llegó al poder en Burkina Faso aupado entre otros por el propio Blaise Compaoré, y pronto ganó fama y respeto internacional. Pero su final resultó dramático.
La personalización del país bajo su figura levantó ampollas entre la junta militar que lideraba. Y un 15 de octubre de 1987, un comando bajo las órdenes de Compaoré mató a tiros a Sankara y a 13 de sus allegados en la capital. Su cadáver fue desmembrado y enterrado en una tumba anónima. Hoy, 35 años después, el proceso quedó suspendido hasta nueva orden después de que la parte civil hiciera alusión a su irregularidad al quedar suspendida la Constitución tras el golpe de Estado del pasado 24 de enero. Una Constitución que, aunque de forma parcial, ha vuelto a funcionar.
