El presidente de Túnez nombra a Ridha Gharsallaoui como ministro del Interior

El nuevo contexto político de Túnez 

photo_camera AFP/KARIM JAAFAR - El presidente de Túnez, Kais Saied

El pasado 25 de julio, fiesta nacional de la República, tras una jornada de protestas en las que cientos de personas exigieron en varias ciudades la dimisión del Gobierno, el presidente tunecino, Kais Saied, anunció en un discurso televisado la destitución del primer ministro, Hichem Mechichi, la suspensión durante 30 días de la actividad Parlamentaria y la concentración de prácticamente todos los poderes del Estado en su persona. Mientras muchos tunecinos hastiados por la crisis económica y sanitaria celebraban en las calles la decisión, la mayor parte de la oposición, incluido el partido islamista Ennahda, mayoritario en el Parlamento, denunciaba un “golpe de Estado”.

En este sentido, el presidente tunecino ha realizado su primera designación para un cargo al nombrar al exconsejero de seguridad nacional Ridha Gharsallaoui como ministro del Interior, en medio de la complicada situación del país. La Presidencia de Túnez informó, en su perfil de Twitter, de que el mandatario ha emitido una orden presidencial para asignar a Gharsallaoui, antiguo consejero de seguridad nacional de la Presidencia. Según informa la agencia tunecina TAP, durante el acto Saied incidió en que la designación del nuevo ministro del Interior busca asegurar la continuidad del Estado en esta fase “tan delicada”. "El estado no es un títere movido por cuerdas", ha continuado, para incidir en que este sigue encarnado por instituciones que "trabajan al servicio de los ciudadanos y sus intereses, en el marco de la Constitución y la ley".

AP/HASSENE DRIDI-El primer ministro tunecino Hichem Mechichi, a la izquierda, habla con el presidente de la Cámara, Rached Ghannouchi

Said ha actuado en base a una muy cuestionable interpretación del artículo 80 de la Constitución. El mandatario invoco el artículo 80 de la Constitución, que autoriza al presidente a adoptar “medidas excepcionales” en caso de “peligro inminente para las instituciones del país”. La ley tunecina precisa a su vez que, para poder acogerse a esa norma, todo el proceso debe estar supervisado por el Tribunal constitucional que, en Túnez aún está pendiente de creación desde 2015. Al margen de si la situación fáctica —marcada por una grave crisis sanitaria y económica, protestas y un prolongado bloqueo político— podía ser considerada un peligro inminente de esas característica, debe notarse que el líder del Parlamento sostiene no haber sido consultado, la Corte Constitucional prevista por la Magna Carta no ha sido todavía constituida, y el Parlamento ha sido cerrado durante 30 días. 

El partido islamista, Ennahda, había formado una coalición de gobierno aliándose con el movimiento islamo-nacionalista Al-Karama, y del segundo partido más votado, Qalb Tunis del magnate de los medios de comunicación Nabil Karaoui, que fue candidato a la presidencial en las elecciones del 2019 y vio frustrada sus aspiraciones al ser encarcelado por corrupción. Esa coalición estuvo en desacuerdo durante meses con Saied, elegido tras los comicios legislativos del 2019 que dieron como resultado un Parlamento fragmentado en una decena de partidos y una veintena de independientes. El partido islamista Ennahda, que contaba con 52 de los 217 escaños del Parlamento, había sido una pieza clave en las negociaciones para formar Gobierno-el tercero en poco más de un año- convirtiéndose en el principal apoyo del Ejecutivo de Hichem Mechichi. 

PHOTO/REUTERS  -   Los partidarios del presidente de Túnez, Kais Saied, se reúnen en las calles mientras celebran después de que destituyera al Gobierno y congelara el Parlamento, en Túnez, Túnez 25 de julio de 2021

Kais Said, profesor jubilado de Derecho Constitucional de 63 años. Sin adscripción a ningún partido político, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de octubre de 2019 con un gran respaldo popular: el 72,71% de los votos. Sin embargo, el jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria para proceder al cambio de las once de las 25 carteras- entre ellas la de Interior, Justicia y Sanidad-pero que el presidente de la República, Kaies Saied, lo rechazaba al considerar que no fue consultado previamente y que cinco de los nuevos ministros estarían implicados en casos de corrupción y conflicto de intereses. 

Unos diez días antes del golpe presidencial de Saied, la Fiscalía del Estado abrió una investigación por presunta financiación ilegal del partido islamista y del partido Qalb Tunis. En la investigación también está incluido el movimiento Aïch Tounsi, liderado por la franco-tunecina, Olfa Terras  que tiene un diputado en el Parlamento ahora suspendido. La sospecha, en todos los casos, es de “obtención de financiación extranjera para la campaña electoral y aceptación de fondos de origen desconocido” para financiarla.

AFP/FETHI BELAID - Miembros de las fuerzas de seguridad tunecinas se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante una concentración frente al Parlamento en la capital, Túnez, el 25 de julio de 2021

Poco después de conocerse la noticia, el influyente sindicato Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) pedía una auditoría completa de las finanzas públicas y además, al Banco Central, que divulgue las transferencias financieras realizadas a partidos y asociaciones.

Tres días después de suspender el Parlamento, el mandatario recuperó un informe publicado una década antes por la comisión nacional de investigación sobre la corrupción y malversación cometida durante el régimen de Ben Ali, en el que aparecen 460 personas involucradas que habrían malversado hasta 4.000 millones de euros. En medio de una grave crisis económica y en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo- el cuarto de esta última década- por un valor de 3.300 millones de euros, Said busca hacer "justicia" pero también restituir una parte de las arcas del Estado, que alcanza una deuda pública del 100% de su PIB.

AFP/ FETHI BELAID - La gente celebra en la calle después de que el presidente tunecino Kais Saied anunciara la disolución del parlamento y del gobierno del primer ministro Hichem Mechichi en Túnez el 25 de julio de 2021

La crisis sanitaria es la última de la serie de crisis que ha acumulado el país y han condensado el malestar popular. Al borde de la bancarrota tras diez años de crecimiento endémico, y con un índice de pobreza y paro al alza, Túnez arrastra también una grave crisis política que constituye la raíz del conflicto institucional. La decisión del presidente tunecino, Kais Said, de suspender las actividades del Parlamento y destituir al primer ministro, Hichem Mechichi, coloca a Túnez en una gravísima crisis constitucional. Se trata del momento más delicado de la transición democrática iniciada tras el triunfo en el país de la Primavera Árabe en 2011, que dio paso a una transición democrática que ha desilusionado a muchos ciudadanos que no han accedido a unas condiciones de vida dignas. Diez años después, muchos tunecinos están cada vez más hastiados por la gestión del Gobierno en cuanto a unos servicios públicos deficientes y una clase política que ha demostrado repetidamente su incapacidad para gobernar de manera coherente.
 

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